Cada vez son más los sectores sociales que se encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio, y sin medios para poder llevar a cabo una vida digna. Y todo esto se ha agudizado en los últimos veinte años, en una Euskal Herria que ha registrado unos crecimientos de PIB muy superiores (25% en algunos casos) a los de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, lo que no nos han comentado ni la patronal ni los políticos es que esa riqueza no sólo no se ha repartido con criterios de justicia social, sino que ha aumentado la concentración de renta de Euskal Herria, es decir, que la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado considerablemente: el 21% más rico de la población obtiene el 50% de las rentas declaradas. El sector público ha colaborado en esta redistribución regresiva de la renta, haciendo menos equitativo el sistema fiscal y permisivo con el fraude, recortando prestaciones sociales, degradando los servicios públicos y disminuyendo el poder adquisitivo de las rentas salariales y pensiones. El objetivo es aumentar la acumulación de beneficios, y esto sólo es posible si cada vez se saca más beneficio de la mano de obra (pagando menos), de las materias primas (explotando los recursos de otros pueblos) y expoliando más ferozmente la naturaleza.

La situación empeora y la maquinaria propagandística sirve para ocultar el fracaso. Como primer paso se oculta la crisis del capitalismo, ya que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de la eurozona se disparó en mayo, siendo el de los alimentos el que mayor incremento sufrió, sobre todo la leche, el queso y los huevos, con una subida del 6,4%, los transportes (5,9%) y la vivienda (5,7%). Junto a la subida de la luz (10%), el Euribor, el indicador que más se utiliza para fijar el precio de las hipotecas, cerró mayo en el 4,994%, a dos décimas y media de su máximo histórico del 5,248% de 2000, siendo éste rebasado ya en julio. Junto a las alzas del precio del petróleo y mientras que miles de personas mueren de hambre al día, se justificó y permitió el alza incontrolada del precio del trigo y otros cereales para su posible derivación al sector de los biocombustibles, un sector de futuro donde las grandes multinacionales ya están haciendo negocio a costa de la inmensa mayoría de la población mundial.

Como segundo paso se exige al sector público que permita mayores cotas de explotación de los recursos humanos, naturales y medioambientales, y que además se trasvase más dinero público a negocios privados, a la vez que se les libere de impuestos y cargas sociales. La patronal y los políticos profesionales han confeccionado una estrategia y una serie de medidas de manera totalmente unilateral, sin contar para nada con los agentes sociales y sindicales, vaciando de contenido la palabra democracia y rebajándolo a la ecuación: «con el pueblo, para el pueblo, sin contar con el pueblo». El 20 de junio el lehendakari, junto con los diputados de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, dijeron que iban a «romper la hucha» y que iban ha invertir 12.800 millones de euros en un Plan Interinstitucional para reactivar la economía para los años 2008-2012. Lo que no nos dijeron es que 11.700 ya estaban presupuestados en proyectos ya aprobados.

Como tercer paso se disfrazan las medidas implementadas como seudosociales para hacernos creer que la clase política hace sus deberes. Primero nos vinieron con los 210 euros de emancipación, que como ha quedado demostrado era sólo un movimiento de marketing; luego con los complementos de vivienda (sin apostar por limitar el precio de los alquileres); más tarde con complementar hasta el SMI las pensiones -aunque el SMI sea un indicador que está por debajo del umbral de la pobreza-, o la devolución de 400 euros y la corrección de las tablas del IRPF -precisamente las personas con rentas bajas, las que cobran la Renta Básica, las viudas, la mayoría de pensionistas o las que realizan trabajos precarios quedaban fuera de esta medida-. También nos dijeron que estas medidas iban a hacer frente a la crisis, ya que se prevé la creación de 20.000 nuevos empleos en cuatro años, aunque la realidad es que desde julio el paro está aumentando. Lo que no nos han dicho es qué condiciones tendrán esos empleos ya que la reducción de la calidad de las condiciones laborales incide en la siniestrabilidad laboral. Precisamente más de un centenar de trabajadores han fallecido en 2008 en accidentes laborales fruto de la explotación y la precariedad impulsado por el capitalismo y protegido por la clase dirigente.

La política de las instituciones está orientada a la restricción de los derechos sociales. Para el ejercicio 2009 se contempla una modificación de la Ley contra la Exclusión Social, creándose una Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Esta cantidad es para toda la vida del perceptor, o sea que cuando se haya agotado, aunque persista la necesidad, decaerá el derecho a recibir prestación alguna por este concepto. Sobre las Ayudas de Emergencia Social (AES), quien reciba Renta Básica y PCV aunque tenga necesidades urgentes cubiertas por las AES, no podrá solicitarlas, por lo que existe una restricción de derechos. Choca tanta austeridad en atender a los más desfavorecidos, cuando los altos cargos del Gobierno y su élite asesora, en total 300 personas, se han subido el sueldo el 6,5% en año de crisis, cuando reciben de media más de un millón de las antiguas pesetas mensualmente.

La reforma de la Ley de Seguridad de Servicios Sociales mantiene, a nuestro entender, la filosofía de las ayudas sociales que gestiona la Administración como un elemento benefactor y paternalista, pretendiendo la contención del gasto social, impulsando el trasvase de dinero público a la iniciativa privada, y adjudicando la responsabilidad del cuidado, educación, higiene... hacia la mujer. Elkartzen siempre ha dejado claro que los derechos sociales no se pueden mercantilizar, por lo que siempre hemos denunciado los procesos de privatización que se plantean una y otra vez desde el ámbito público, por lo que no debiera haber lugar en la Ley para las asociaciones mercantiles. Por el contrario, en este anteproyecto se da un papel prioritario a la gestión privada.

Vistas las tendencias y las medidas previstas para hacer frente a la crisis desde la patronal y las instituciones, podemos decir que este nuevo punto de inflexión profundizará en la explotación y la precarización de la clase trabajadora, unos procesos que el sistema capitalista lleva en sí mismo y que en momentos de crisis se agudizan. Las consecuencias previsibles son claras: como para mantener la tasa de beneficios se va a optar desde la patronal y la clase política por reducir los costes laborales, se van a precarizar aún más las condiciones laborales y subirá el paro. Somos la población los que pagaremos las consecuencias. Los EREs se han multiplicado por cuatro en estos últimos meses, las prestaciones por desempleo con las sucesivas reformas van a menos y nos encontraremos con una realidad más grave cuando toda esa masa de trabajadores haya consumido las raquíticas prestaciones existentes.

Como para reactivar la economía van a reducir los impuestos a la patronal (bajadas sucesivas en el Impuesto de Sociedades y en el de Patrimonio), cada vez habrá menos dinero para repartir vía presupuestos y menos dinero para protección social. Las sucesivas reformas del IRPF han beneficiado exclusivamente a las rentas altas. Se da la paradoja de que 10.000 euros no tributan igual: si se han obtenido por trabajo asalariado, tributan 2.300 euros (23% desde el primer euro); si se han obtenido por alquileres de inmuebles tributan 1.440 euros (18% del 80% del alquiler); y si son provenientes de intereses bancarios, pelotazos urbanísticos, tributan 1.800 euros máximo (18%).

Este año más de la mitad de los ingresos por Tributos Concertados provienen de los impuestos indirectos (51,6% frente al 43% del año pasado), que no introducen elementos de progresividad. La última bajada del Impuesto de Sociedades y el au- mento de los beneficios fiscales hace que de cada 100 euros que se espera recaudar en 2009 sólo 13,1 se paguen por las empresas (12,9 en la CAPV y 13,9 en Nafarroa) frente al 14,45 de 2008.

Como va a bajar el gasto social, la dependencia respecto al mercado va a crecer, porque se va a depender del mercado para satisfacer necesidades que hoy en día se cubrían mediante el gasto social. Si las cifras de gasto en Renta Básica y AES las comparamos con el PIB, en Hego Euskal Herria se gasta mucho menos de la mitad del famoso 0,7% del PIB que en otros países dedican a ayuda al tercer mundo (0,33% del PIB de la CAPV y 0,13% en Nafarroa).

Como el dinero público se está desviando a intereses particulares (grandes infraestructuras como el TAV), cada vez va a haber menor protección social. El TAV va a ser un elemento más de concentración de rentas, ya que supone un enorme gasto de dinero público que rondará los 9.000 millones de euros en Hego Euskal Herria, en detrimento de otras prioridades urgentes e inaplazables de tipo social, económico o cultural.

Se van a dar pasos en la dirección contraria al reparto de la riqueza, por lo que se va a ahondar en la ya de por sí profunda dualización social, de manera que la clase trabajadora va a estar cada vez más desprotegida y las instituciones van a tener cada vez menor responsabilidad en la protección social. Esta tendencia nos lleva al quid de la cuestión: la variable política. ¿Por qué este sistema en crisis se sigue reproduciendo? Y la respuesta es que hay clases sociales e intereses económicos que se benefician de esta situación. Es más necesario que nunca crear un muro para contener el proceso de precarización.

Desde Elkartzen creemos que si desde las instituciones no se aseguran los derechos sociales es porque no existe voluntad política. Animamos a los diferentes agentes que trabajan en Euskal Herria por los derechos sociales y laborales a ir creando un muro frente al proceso de precarización al que estamos asistiendo, que nos abra el camino hacia la soberanía económica y la democratización de la economía, de manera que recuperemos esos derechos sociales y laborales, y mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Es más necesario que nunca un verdadero cambio social, un cambio que mire y vele por los intereses de la mayoría, y no convertir las diferentes instituciones y los resortes de poder en instrumentos plegados a los intereses del lobby económico. Estamos hablando de que sea la mayoría de la población, aquella que con su esfuerzo saca adelante día a día Euskal Herria, la que participe y decida sobre las cuestiones clave de nuestro modo de vida: cómo organizar el trabajo, cómo repartir la riqueza...