Luis Manzanares ostenta el título de miembro del Consejo de Estado y ex magistrado del Tribunal Supremo. Con tan pomposos títulos habrá que concederle un alto grado de conocimiento de lo que se cuece en los peroles del Estado. Para saberlo visitamos su columna en «Estrella Digital». Nos cuenta que en las entretelas del Estado «estamos dándole vueltas a la posibilidad de disolver las corporaciones locales presididas por alcaldes de ANV, aunque mejor sería expulsar de los ayuntamientos vascos y navarros a todos los miembros de esa formación filoetarra». Esto es sólo el aperitivo. Luego, el festín de la democracia. Recuerda Manzanares que «el Tribunal Supremo ha ilegalizado a ANV y, pese a que un partido ilegalizado no se identifique necesariamente con una asociación criminal, las razones de tal pronunciamiento tuvieron mucho que ver con su pertenencia al entramado etarra». Y como la Unión Europea, a instancias de España, claro, ha incluido a ANV en esa siniestra lista de «organizaciones terroristas», Manzanares asegura que «el ciudadano se pregunta si el Derecho penal no tendrá nada que decir en este caso. Pese a las dificultades derivadas del componente político de la cuestión y del mayor o menor número de personas que debieran sentarse en el banquillo».

Las dificultades vienen a ser el tamaño del banquillo en el que Manzanares quiere sentar a centenares de electos. Exime de penas de prisión a algunos votantes de la izquierda abertzale. O sea, separa el grano de la paja: «Habrá que distinguir entre la mera sintonía ideológica con los terroristas y el apoyo fáctico a los mismos. No todos los votantes de HB o ahora de ANV incurrirán en responsabilidades penales, pero aquí se trata de quienes ostentan cargos de responsabilidad en esa organización como rama civil de ETA. Hay recaudación de impuestos, información, propaganda, violencia callejera y ocupación de zonas, poblaciones y villas `liberadas'». Lo que quiere decirnos es que hay que habilitar el el Bernabeu para llenarla de vascas y vascos: «No puede tolerarse que ocupe la presidencia u otro sillón de un ayuntamiento democrático quien debiera ocupar una celda carcelaria. Y si hay que cambiar la legislación, se cambia para que no continúe en su cargo público quien ya esté procesado como terrorista o incluso condenado en la instancia pero pendiente aún de la resolución de algún recurso». Y lo dice un miembro del Consejo de Estado y ex-magistrado del Tribunal Supremo. ¡Échale guindas al pavo!