Esta semana ha sido la del tránsito de un año a otro, pero en Euskal Herria no ha cambiado el contexto político y social marcado por la prolongación de un conflicto que afecta, más o menos directamente, a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. En apenas siete días, se han sucedido al menos tres hechos significativos de las coordenadas en las que se desarrolla ese conflicto. Ayer mismo, más de 37.000 personas se daban cita en Bilbo en defensa de los derechos de los represaliados políticos. Una cifra que habla por sí sola, pero detrás de la cual, indudablemente, se encuentran muchas más voces, miles y miles de voces, decenas y decenas de miles de razones que exigen que el Estado español ponga fin a su cerrazón.

Como indicaron ayer los portavoces de Etxerat, es posible conseguir ese objetivo, siempre que continúen sumándose compromisos individuales y colectivos en defensa de todos los derechos, sin esos reproches que muchas veces llegan cargados de hipocresía y tras los que se parapetan quienes, especialmente algunas fuerzas políticas, no están dispuestos a comprometerse realmente con un cambio de marco que permita a la sociedad vasca decidir su futuro democráticamente.

Precisamente, apenas 24 horas antes, desde Gasteiz, Juan José Ibarretxe ponía fecha a las próximas elecciones autonómicas en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Lo hizo como presidente de un Gobierno que ha sido incapaz de cumplir con un derecho tan básico en cualquier estado de Derecho como el de darle la palabra a la ciudadanía para que decida libremente. La negativa española a reconocer ese derecho, prevista de antemano, no puede utilizarse como excusa para renunciar a defender la legitimidad de la sociedad vasca, que es quien, a fin de cuentas, está exigiendo que se respeten todos sus derechos. Además, el candidato del PNV a repetir en el cargo es consciente de que esos comicios se llevarán a cabo bajo la amenaza del apartheid político impuesto por Madrid -defendido tanto por el PSOE como por el PP- al conjunto de la sociedad vasca. No será la izquierda abertzale la primera perjudicada si se prohíben candidaturas o se anulan decenas de miles de papeletas. En cualquier punto del mundo, esa situación refleja la vulneración de los derechos democráticos de un pueblo. Por eso, es necesaria una respuesta colectiva para que esas elecciones se celebren en condiciones de igualdad. Difícilmente se sumarán a esa ofensiva democrática quienes ya han comenzando a utilizar el apartheid como baza electoral, acusándose mutuamente de utilizarlo en función de intereses partidistas.

A mitad de semana, ETA hacía explotar una potente bomba ante el edificio de Bilbo en el que se ubica la sede central de EiTB y de otros medios de comunicación, una acción que la mayoría de portavoces políticos han condenado como un atentado contra la libertad de información. No por ello hay que olvidar que muchos de esos políticos han callado, si no han aplaudido, cuando la libertad de expresión en Euskal Herria se ha visto cercenada directamente por parte del Estado español. Otro ejemplo de hipocresía de quienes sólo exigen que se respeten los derechos de una parte. Los responsables de esta acción armada son quienes pueden aclarar las razones que les han llevado a realizarla. De antemano, resulta evidente que este tipo de actuaciones reflejan una situación enquistada, un conflicto que no encuentra la vía de la solución.

Solidaridad internacional

Mientras el conflicto político y armado se hacía de nuevo patente en Euskal Herria en este tránsito de año, en Palestina se han recrudecido los ataques israelíes contra la población árabe. La jornada de ayer se despedía con una ofensiva terrestre del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, un peldaño más en la escalada militar que se dirige desde Tel Aviv mientras que la comunidad internacional se limita a contar los muertos: cientos de palestinos han perdido la vida en apenas una semana de mortíferos bombardeos.

La solidaridad del pueblo vasco con el pueblo palestino quedó de manifiesto ayer en Bilbo, en la misma manifestación en la que se exigía la repatriación de los presos vascos y la libertad de Euskal Herria. También la mayoría de los partidos políticos vascos, y muchas de sus instituciones, se han posicionado en defensa de la ciudadanía palestina.

Lo que resulta casi inconcebible desde el escenario vasco es que hasta los máximos dirigentes del PSOE expresen en estos momentos su preocupación por la escalada de violencia en Palestina y lleguen a pedir a las autoridades israelíes que abandonen esa vía y apuesten por el diálogo como método para resolver el conflicto. Evidentemente, de esta manera el partido de José Luis Rodríguez Zapatero conecta con gran parte de su electorado y evita caer en el error que tanto le costó a José María Aznar el haber apoyado la invasión de Irak contra la opinión mayoritaria de la ciudadanía española. Pero no deja de ser un gran ejercicio de hipocresía que quien alardea de su negativa a establecer un nuevo proceso de diálogo respecto a Euskal Herria sea capaz de dar ese consejo a Israel, máxime cuando si algo tienen en común las autoridades de Madrid y de Tel Aviv es su desprecio por los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos de los pueblos que oprimen.