Cuando el 26 de agosto de 2002 los diputados del PSE en el Congreso votaban a favor de iniciar el proceso de ilegalización de Batasuna y acogían con entusiasmo la decisión del juez Baltasar Garzón de suspender de actividades a esta formación política, nunca pensaron que en menos de seis años dos de sus máximos dirigentes, Patxi López (secretario general y candidato a lehendakari) y Rodolfo Ares (secretario de Organización y miembro del comité federal del PSOE) se verían procesados por el TSJPV como colaboradores necesarios en un delito de desobediencia de cinco miembros de la izquierda abertzale. Probablemente, tampoco pensaron que serían denunciados por el mismo Foro Ermua al que invitaban a sus congresos, premiaban y a cuyas manifestaciones se sumaban.

Y, sin embargo, a partir del jueves pasarán varias semanas compartiendo banquillo de los acusados con Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena, Olatz Dañobeitia y Pernado Barrena. Para mayor para- doja, estos cuatro últimos acudirán esposados porque el Gobierno del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, decidió vengarse tras la ruptura del proceso negociador encarcelando a los que habían sido parte de sus interlocutores.

Cumplir la ley «como es debido»

Aquel mismo 26 de agosto de 2002, al tener conocimiento de los pasos dados por Baltasar Garzón para suspender Batasuna, el entonces portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, declaró: «No criticamos que la Justicia actúe». Y a la petición de Arnaldo Otegi al Gobierno de Lakua de «no colaborar con la estrategia de aniquilamiento de la izquierda abertzale» diseñada por el Pacto PP-PSOE, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, respondió desde la plaza de toros de Vista Alegre con un rotundo «las instituciones vascas cumpliremos siempre la ley, como es debido».

Aquellos eran tiempos en los que Ibarretxe tenía congeladas sus relaciones políticas con la izquierda abertzale. Pero la vida y la política dan muchas vueltas en poco tiempo en Euskal Herria, y el lehendakari se ve ahora enjuiciado precisamente acusado de haber colaborado con que los dirigentes independentistas no cumplieran la ley como algunos entienden que es debido.

Un juicio inédito

Juicios contra dirigentes de la izquierda abertzale ha habido muchos. Y algunos han sido, como éste, muy rocambolescos. Por ejemplo, Arnaldo Otegi fue condenado por ensalzar a un militante de ETA amnistiado y «víctima del terrorismo», y encausado por establecer la cadena de mando que fija la ley entre el Rey y la Guardia Civil. El entonces parlamentario Jon Salaberria resultó condenado por este mismo TSJPV por lo dicho desde la tribuna de oradores del Parlamento, lo que rompe las reglas del parlamentarismo y le pareció inadecuado incluso al Tribunal Supremo, que acabó absolviendo a Salaberria.

Pero lo que indudablemente hace especial este juicio -dentro incluso del estado excepcional que se vive en Euskal Herria- es que entre los acusados, además de cinco dirigentes de la izquierda abertzale, estén el lehendakari en activo, Juan José Ibarretxe, un candidato con posibilidades reales de sucederle, Patxi López, y el dirigente del PSE y del PSOE Rodolfo Ares. Los ocho encausados son políticos en activo -aunque cuatro de ellos estén hoy encarcelados precisamente por ello- y los delitos que se les imputan son haber mantenido reuniones entre ellos.

También son políticas las acusaciones: Foro Ermua y Dignidad y Justicia, asociaciones de marcado carácter antinacionalista vasco y que en los últimos años han derivado hacia posiciones muy cercanas a los sectores más ultraderechistas del PP.

No menos llamativo resulta que el TSJPV haya mantenido vivo el procedimiento a pesar de que incluso la Fiscalía solicitara el sobreseimiento de la causa y su archivo.

Las acusaciones consideran que los miembros de la izquierda abertzale imputados han incurrido en un delito de desobediencia, mientras que el resto -que fueron los convocantes de los encuentros- serían cooperadores necesarios.

El Foro Ermua detalla hasta cuatro reuniones que considera delictivas. Tres entre delegaciones de la izquierda abertzale y el lehendakari, los días 19 de abril de 2006, 22 de enero de 2007 y otra en un día sin determinar entre el 30 de diciembre de 2006 y el 22 de enero de 2007. La cuarta tuvo lugar el 6 de julio de 2006 entre una delegación independentista y otra del PSE. Este encuentro contó en su día con el visto bueno de Baltasar Garzón, que no vio delito alguno en aquella cita que tuvo lugar en el Hotel Amara de Donostia y que no fue más que una pose, un acto de reconocimiento mutuo como interlocutores en el contexto de un proceso negociador en serias dificultades.

Importantes testigos

La primera herramienta que emplearán los abogados de las defensas será la de intentar cerrar el juicio antes de que empiece en base a cuestiones previas, como el hecho de que el Tribunal Supremo ya haya dictado que no había delito en las conversaciones entre el Gobierno español y ETA y entre el PSOE y Batasuna. También aducirán la sentencia del «caso Botín» que determinó que no se puede llegar a la vista oral si no hay acusación pública a través de la Fiscalía. Todas estas consideracion- es han sido expuestas ya sin éxito durante el proceso, pero ahora deberán ser examinadas por el nuevo tribunal.

Si esta herramienta falla, las defensas incidirán en que mantener un diálogo político para la búsqueda de soluciones, incluso con organizaciones armadas, no es considerado delito en ninguna parte del mundo. En este apartado se hará referencia a las experiencias en el Estado español. Como testigos deberán declarar el actual presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su antecesor, José María Aznar. También están llamados sus ministros de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Mayor Oreja. Bajo el mandato de todos ellos, y en dos periodos diferentes, delegaciones gubernamentales y de PSOE y PP se entrevistaron tanto con ETA como con Batasuna, sin que de ello se dedujeran consecuencias penales. Los testigos se han acogido al derecho a declarar por escrito.

También ofrecerán su testimonio expertos en la resolución de conflictos y mediadores internacionales, como Alec Reid, Federico Mayor Zaragoza, Mateo Zuppi, Alfredo Pérez Esquivel y Viçens Fisas.

Además, han sido llamados a comparecer como testigos dirigentes políticos de casi todo el arco parlamentario vasco.