El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que según confesión propia de mayor quiere ser lehen- dakari, dijo ayer que «los políticos no somos de una casta superior ni de diferente categoría» y añadió que «el que unas personas sean políticos, obreros de la construcción, periodistas o abogados da igual, tienen que responder a la justicia como responde cualquier ciudadano». La aseveración de Basagoiti tendría sentido si a Ibarretxe lo hubieran pillado en una recalificación urbanística fraudulenta, como a alguno de los cinco alcaldes del PP detenidos en los últimos dos años en el Estado español; o a Otegi le hubieran denunciado por acoso sexual a otra dirigente de su formación, por lo que condenaron al alcalde de Ponferrada, también del PP; o si a López se le hubiera ocurrido privatizar ilegalmente una funeraria pública, que algo de eso sabe algún concejal madrileño que, ya lo habrán adivinado, era del PP.

Pero lo dicho por Basagoiti queda fuera de lugar al encontrarnos en este caso no ante un delito común sino ante un delito político, que sólo pueden cometer políticos porque otros políticos tomaron la decisión política de poner fuera de la ley el sentido común y unos jueces no tuvieron empacho en llevar el sinsentido hasta el absurdo.

Lo que Basagoiti debiera explicar es por qué su partido denunció la reunión del 6 de julio de 2002 en el Hotel Amara y no la que el 11 de diciembre de 1998 mantuvieron en un chalé de Juarros (Burgos) el secretario general de la Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos; el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá; y el sociólogo y asesor de Aznar Pedro Arriola con una delegación de cuatro miembros de la izquierda abertzale, puesto que ni en una fecha ni en otra hubo delito alguno.