El largo viacrucis de 764 rostros estremeció los sentimientos de más de una y uno, y el silencio fue cubierto por un ensordecedor aplauso que no cesó hasta que el último preso político se alejaba en el horizonte. Una de las manifestaciones más impresionantes de los últimos años recorrió las calles de Bilbo el pasado sábado, donde ancianos, jóvenes o niños de corta edad se disputaban un trocito de una calle Autonomía abarrotada.

Pero que más de 37.000 ciudadanos se den la mano por una causa común no parece tener la menor importancia para los medios de comunicación españoles o para rotativos como «Deia», que mientras se extendieron en un reportaje sobre el erotismo a domicilio no ofrecieron más que una fotonoticia a la manifestación más grande de los últimos años en su capital. Es más, la casualidad de que el preso político vasco Garikoitz Aspiazu abriera una de las cinco filas de retratos fue el dato más destacado, junto a que Arnaldo Otegi vestía un palestino al cuello.

Cinco días después de la movilización, sólo el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, habla de ella, y lejos de hacerlo para ofrecer una respuesta al clamor de la sociedad vasca, lo hace para lanzar una amenaza contra Etxerat por su convocatoria.

Mientras el Gobierno del PSOE, amparado por la complicidad requerida a los medios de difusión, fija como objetivo la división entre los y las presas políticas vascas y la aniquilación del colectivo de prisioneros políticos, los familiares y la sociedad vasca parece estar más unida que nunca, porque, como afirman desde Etxerat, «nunca les dejaremos solos».

El mismo que reivindicaba sin tapujos la utilización de la política carcelaria contra los presos vascos como «política de Estado», desafía ahora con medidas represivas a sus allegados. La espiral represiva no parece que vaya a cesar pero los familiares, lejos de amedrentarse ante la tempestad, se reafirmaron en su compromiso. Aseguraron que no cesarán hasta que el último preso sea dueño de sus derechos y alzaron su voz para hacer llegar un claro mensaje al Gobierno del PSOE: los represaliados políticos vascos también son política de Estado, del Estado Vasco.