Como era previsible, el Tribunal Superior de Justicia (española) radicado en la CAV ha justificado el archivo de la causa contra los independentistas, los dirigentes del PSE e Ibarretxe con argumentos técnicos insoslayables. Pero el fondo de la cuestión sigue en el aire. ¿Podría, en su caso, juzgar y condenar un tribunal español a ciudadanos vascos por hablar entre sí? ¿Qué espacio dejan a la política? ¿A quién representan o quién les legitima?