La semana política en Euskal Herria ha estado marcada por el cierre del juicio -que no del proceso- contra el diálogo político. La decisión del tribunal ahorra a la ciudadanía vasca tiempo, presupuestos y bochorno, que no es poco, pero le priva también de ver a cada uno de los agentes políticos retratado ante una cuestión tan esencial como el diálogo para la resolución del conflicto, lo que indudablemente habría tenido su interés. De entrada, resulta más que revelador que una receta asumida como la única válida por la opinión pública vasca y la experiencia internacional sea motivo de imputación en los tribunales españoles. Spain is different, para desgracia de los vascos.

Es evidente que los ocho acusados estaban absueltos de antemano de esta imputación por una abrumadora mayoría de la opinión pública vasca. Por eso resulta ciertamente incomprensible el empecinamiento de Juan José Ibarretxe y su gobierno en reclamar un posicionamiento de los tribunales españoles que avale el diálogo con la izquierda abertzale. Con esa actitud, el lehendakari devalúa absolutamente su papel. A fuerza de acatar y acatar prohibiciones jurídicas impuestas a más de 400 kilómetros -la de la consulta es sólo el último ejemplo-, los mandatarios autonómicos parecen haber terminado por asumir una lógica de absurdo vasallaje ante tribunales que, además, son siempre ajenos a Euskal Herria y casi siempre contrarios a sus intereses. Siguiendo el discurso de Ibarretxe, uno puede llegar a preguntarse si el lehendakari es realmente él o Fernando Ruiz Piñeiro, del mismo modo que durante el proceso de negociación no quedaba muy claro si el presidente del Gobierno español se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero o, por ejemplo, Fernando Grande-Marlaska.

Son los representantes institucionales los que han creado ese esperpéntico «gobierno de los jueces». La ciudadanía no los ha elegido, pero han conquistado el poder de facto porque los políticos han puesto en su mano herramientas tan perversas y arbitrarias como la Ley de Partidos. Hoy es el día en que Ruiz Piñeiro sienta en el banquillo a Ibarretxe y Patxi López por hablar con la izquierda abertzale y la respuesta de Lakua es... pedirles permiso. Con actitudes como ésta, no es de extrañar que los jueces españoles acaben respetando menos a autoridades legítimas como Ibarretxe que a, por ejemplo, un banquero llamado Emilio Botín.

¿La última nación sin estado de Europa?

De vasallajes sabe mucho el presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz. Shakespeare profetizó que Nafarroa asombraría al mundo, y Sanz parece dispuesto a llevarlo a la práctica en sentido negativo, con una de las iniciativas más ridículas que cabe concebir: celebrar su conquista junto al conquistador. Su ejecutivo anunció hace unos meses que quería tomar el liderazgo en la celebración del 500 aniversario de la pérdida de la independencia. En su afán de tratar de anticiparse a los verdaderos partidarios de la soberanía, el Gobierno Sanz asumió incluso el término de «conquista» para referirse a aquella indudable ocupación militar. Pero esta semana se ha empezado a quitar todas las máscaras, sin esperar siquiera a que llegue el todavía lejano 2012: el Gobierno navarro coorganizará los actos junto al español, y la conmemoración no consistirá en la lógica reivindicación de la soberanía perdida con miles de navarros muertos en campos de batalla, sino en una exaltación de la «españolidad» impuesta a sangre y fuego en aquel 1512. En una pirueta imposible, Sanz argumenta incluso que es entonces cuando Nafarroa empezó a ser libre a través del (falso) pacto y de los fueros.

La tergiversación resulta tan evidente y tan burda que debería servir para que los verdaderos partidarios de la soberanía navarra, los auténticos abertzales, los herederos políticos de aquellos navarros de Noain o Amaiur acometan de una vez por todas la tarea pendiente de ganar terreno ideológico y músculo social. El quinto centenario ofrece una oportunidad de oro para desmontar todas las mentiras del mal llamado «navarrismo» y dar un empujón definitivo a la recuperación del derecho a decidir, secuestrado en Madrid desde hace cinco siglos.

Tierra quemada en Gaza

Pero la injusticia de las conquistas militares no acabó hace cinco siglos, como se comprueba estos días en Palestina o antes en Irak. Las instituciones internacionales creadas teóricamente para impedir este tipo de trope- lías evidencian en ambos casos una incapacidad a prueba de bomba, y nunca mejor dicho. El Ejército israelí no sólo se ha llevado por delante más de mil vidas palestinas, sino también los escasos restos de credibilidad de una Organización de las Naciones Unidas lastrada de origen por sus injustas reglas de juego internas. La ONU no tiene ya papel político alguno, sino únicamente benéfico, y eso siempre que las bombas no se lleven por delante los almacenes de víveres, como en Gaza.

En su política habitual de tierra quemada, el Estado israelí recibirá seguramente a Barack Obama con un alto el fuego y un repliegue formal, que no real. Intentará imponer unas nuevas «reglas del juego» (según la terminología de Olmert o Barak) más injustas aún que las anteriores. Pero lo que hace falta son reglas de juego justas de alcance mundial que eviten que en pleno siglo XXI siga habiendo conquistadores y conquistados.