Profesionales del mundo de la salud comparecieron ayer para exigir la inmediata puesta en libertad de los presos políticos vascos Jon Agirre, Bautista Barandalla, José Miguel Etxeandia, José Ramón Foruria, Mikel Gil, Gotzone López de Luzuriaga, Juan José Rego, Josu Etxebarria y de otros dos prisioneros políticos gravemente enfermos que no quieren dar a conocer su identidad. Asimismo, alertaron de que la prisión atenuada impuesta a Mikel Ibañez, Angel Figeroa y a Marilo Gorostiaga no supone «ni el tratamiento adecuado ni la situación adecuada para su patología», y entienden que lo único que ha hecho es trasladar la condición de estar en prisión a su domicilio.

Mati Iturralde, que habló en nombre de los más de 200 trabajadores del ámbito de la sanidad que han hecho suya esta reivindicación, alertó de la grave situación que padecen estos ciudadanos vascos con enfermedades graves e incurables y denunció la «flagrante conculcación» del derecho a la salud que se está ejerciendo contra ellos.

La médico gasteiztarra indicó que en los últimos meses Etxerat se ha acercado a ellos para hacerles llegar de primera mano su testimonio, así como el estado detallado en el que se encuentran sus allegados. «Hemos conocido la angustia y el sufrimiento que supone para ellos el el saber que no están recibiendo la asistencia adecuada y que su situación no hace más que deteriorarse con el transcurso del tiempo», apuntó.

Por todo ello, informó de que ya son más de 200 las adhesiones cosechadas al documento elaborado por Etxerat y en el que se recoge tanto la situación de cada enfermo como una serie de reivindicaciones concretas relacionadas con la misma. Precisó además, que en la próximas semanas reforzarán este trabajo para lograr un mayor apoyo.

Tras detallar el diagnóstico de cada uno de los trece represaliados políticos, Iturralde explicó que la prisión es «por sí misma generadora de enfermedad»; no obstante, apuntó que en el caso de los presos políticos vascos a la dolencia cabe sumar la inasistencia y la negligencia sanitaria, unos elementos que entiende como «determinantes de la política penitenciaria especial que se les aplica».

Tildó de «elocuentes» las situaciones que viven estas personas y abogó por que sean atendidas de una forma digna y adecuada.

Como conclusión, exigieron a la Administración, a las instancias judiciales y a los responsables de las prisiones una asistencia sanitaria «adecuada y digna y sin obstáculos ni restricciones». Subrayaron en este sentido que, por encima de consideraciones penales, todo ciuda- dano tiene derecho a una sanidad integral y de calidad.

Amaia Sarasola, Amaia Txurruka, Miren Arana, Justo Aristrain, Javi Hernando, Krispin Batiz, Endika Intxausti e Iñaki Uruburu, profesionales de la salud que arroparon a Iturralde, solicitaron también que se garantice la asistencia de médicos y sicólogos de confianza a las personas en prisión. Cabe destacar que muchos de estos médicos tienen su entrada a la cárcel restringida por las instancias judiciales.

Otras de las exigencias que recoge el documento suscrito aboga por que los presos políticos tengan acceso a la asistencia que precisen en Euskal Herria como «parte determinante de un proceso terapéutico que tenga como apoyo su entorno familiar y afectivo».

La última petición, lógicamente, consiste en la puesta en libertad inmediata de estos trece presos que padecen enfermedades graves e incurables.

Arropados de familiares

Además de la decena de profesionales de la sanidad, en la comparecencia que tuvo lugar en Donostia también participaron los familiares de estos trece presos políticos. Así, José Campos, compañera de Bautista Barandalla, manifestó el deseo de «poder ver a sus familiares vivos, en libertad y sin ningún tipo de limitación de derechos».

Con este fin, aseguró que tanto ella como todo el colectivo de familiares de represaliados se situarán claramente «frente a quienes mantienen y amparan esta política carcelaria criminal y asesina».