El consejero de Vivienda del Gobierno de Lakua, Javier Madrazo, anunció ayer una serie de medidas para ayudar a los ciudadanos que no puedan hacer frente a sus hipotecas y exigió a la banca que asuma su responsabilidad «en una crisis generada por ellos», ya que las medidas sólo se aplicarán cuando las entidades bancarias acepten una «quita» o rebaja del 20% de las hipotecas pendientes.

Según los planes anunciados por Madrazo, de estas ayudas se podrían beneficiar los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que se encuentren en situación de desempleo sobrevenido como consecuencia de la actual crisis económica. Los beneficiarios de las ayudas se deben encontrar en paro desde tres meses antes de solicitarlas, no deben poseer otra vivienda y sus ingresos en los doce últimos meses deben ser inferiores a los 22.000 euros.

En el ámbito de la vivienda libre, Lakua está dispuesto a comprar las casas a los ciudadanos que en este momento no puedan hacer frente a las hipotecas y dejárselas en régimen de alquiler con derecho a compra. En este caso, el Gobierno cambiaría la catalogación de la vivienda de «libre» a «protegida de precio tasado» de por vida. El precio escriturado y el principal del préstamo hipotecario tiene que ser inferior a los 275.000 euros. La entidad financiera con la que tenga contratado el crédito deberá acceder por escrito a una quita mínima del 20% de la deuda y renunciar a cualquier tipo de comisión por la cancelación de la hipoteca.

Precios máximos

El Ejecutivo pagaría por la vivienda el precio de «vivienda protegida de precio tasado», cancelaría la hipoteca y se la cedería a sus antiguos propietarios, ahora como inquilinos, por una renta según los precios máximos de vivienda protegida.

Los inquilinos podrían recomprar la vivienda por una cifra igual al precio máximo actualizado vigente para las viviendas protegidas. El precio de compra máxima, «con una quita de 20%», sería de 220.000 euros, equivalente al de una vivienda protegida tasada. Si el precio escriturado fuera inferior a esta cifra, la compra se haría por esa cantidad.

En el caso de la VPO, el Gobierno comprará al propietario la vivienda a cuyos pagos ya no pueda hacer frente al precio oficial y le concederá otra en régimen de alquiler de carácter social.

En el supuesto de los ciudadanos que no puedan hacer frente al alquiler de sus viviendas en el mercado libre, el Ejecutivo propondrá a los arrendadores garantizarles el cobro de las rentas si acepta una reducción mínima del precio del 30%.