Hacía mucho tiempo que el entorno rojillo venía exigiendo a los actuales rectores del club que tomaran cartas en el asunto con alguna firme determinación sobre el patente acoso arbitral que viene padeciendo Osasuna en los últimos tiempos, disparado en la segunda vuelta de la pasada temporada y materializado de forma flagrante en el encuentro del Bernabéu del pasado domingo.

Es posible que para muchos la decisión de la junta directiva que preside Pachi Izco sea considerada como tibia o tomada con demasiada tardanza pero es, al menos, un principio del despertar de los máximos dirigentes rojillos, más preocupados hasta ahora por no ofender a la Federación que por resguardar los intereses propios.

Sería de un iluso supino pensar que el simple hecho de romper relaciones formales con el estamento arbitral va a traer consigo una reflexión de quienes lo representan, no en el sentido de que se favorezca a Osasuna sino de que se le mida con la misma justicia que al resto de equipos, sin adulterar la competición. Pero seguro que tampoco será plato de su gusto que un conjunto de la máxima categoría del fútbol estatal se dedique exclusivamente a mantener unos mínimos vínculos entre unas entidades que, en teoría, deberían ir de la mano en pos de la mejora del deporte rey.

Habrá quien, del mismo modo, verá en la determinación hecha pública ayer consecuencias contraproducentes para los intereses de la escuadra navarra. Izco, de hecho, ya avisó de posibles represalias por parte de las instancias arbitrales y, conociendo cómo se manejan sus responsables, no sería algo nada descartable.

Sin embargo, el orgullo -ese mismo del que habló Puñal a la finalización del choque y que le impedía callarse respecto a lo sucedido- y la dignidad que siempre han caracterizado a Osasuna, por muy modesto que se sea, obliga a levantar la voz ante tanto atropello.