En las últimas fechas el derecho a votar que nos asiste a todos los independentistas se ha convertido, como en todas las últimas citas electorales, en tema de debate y múltiples elucubraciones. Asistimos a la paradoja de que todo el mundo tiene la arrogancia de poner en duda nuestros derechos civiles y políticos en función de sus intereses partidistas. Y, por supuesto, todo ello «en defensa de la democracia».

Cuando se presentó en público la plataforma electoral D3M (Democracia para 3 Millones), determinados medios de comunicación se apresuraron a tildar de «desafío a los tribunales» el mero hecho de hacer pública la idea de recoger miles de firmas para presentar una candidatura que cumpla los requisitos exigidos por la propia Ley española. Ya la víspera de su presentación, sin ningún contraste previo con los propios interesados, dieron por válida la supuesta presencia de determinados militantes de la izquierda abertzale en las listas, en una maniobra sucia encaminada a predisponer la opinión pública en un determinado sentido. Y a la hora escasa de hacer pública dicha propuesta las agencias adelantaban todo tipo de acusaciones sobre las personas que habían presentado la mencionada plataforma.

A quienes estuvieron presentes en la comparecencia pública ningún tribunal les ha inhabilitado para ejercer su derecho a ser candidato, ni tienen causas pendientes con la justicia que les pueda llevar a la misma. Entonces, ¿por qué se atreve el ministro de Interior, Sr. Rubalcaba, a desautorizar automáticamente dicha iniciativa? ¿Cuáles son las razones para que algunos medios de comunicación hagan llamamiento público para que se anule dicha plataforma electoral? ¿Alguien puede argumentar seriamente que esas llamadas a la prohibición tienen fundamentos jurídicos o que las realizan para «defender la democracia», como afirman repetidamente? ¿O no es más cierto que simplemente para defender sus propios postulados políticos necesitan proscribir y anular por la fuerza otros?

Ya es hora de que queden en evidencia los intereses partidistas y la actitud antidemocrática que adoptan al realizar una persecución continuada contra determinados proyectos políticos. La incapacidad para abordar los problemas políticos por la vía del diálogo les lleva al escándalo de prohibir sistemáticamente el derecho a participar en las elecciones a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. Perseguir ideas y proyectos políticos es propio de estados totalitarios y no democráticos. Lo que define a una democracia no es que existan muchos partidos del mismo palo, sino su capacidad de respetar la pluralidad de pensamiento y las alternativas políticas. Respetar al que básicamente es idéntico no tiene ningún mérito; la prueba del algodón para cualquier sistema que se precie de demócrata es dejar en manos de la voluntad popular la valoración que se merece un proyecto político.

Las razones de la ilegalización son impulsos políticos y no razones jurídicas, y es por ello que de antemano políticos y editorialistas han dado ya la sentencia: esa plataforma no interesa, políticamente no es oportuno y por lo tanto se les quita de en medio. Los jueces, que en éste como en otros casos actúan al servicio del poder político, sólo escriben lo que se les dicta. Son decisiones políticas con celofán judicial. La manida razón de que «no condenan la violencia de ETA», cuando aún no han tenido la oportunidad de realizar recorrido político alguno, no es ni suficiente ni el motivo de fondo, sino la excusa. Además, en la arena política actual no son pocos los partidos responsables de numerosas expresiones de violencia y de una repetitiva conculcación de derechos humanos y, sin embargo, ninguna instancia judicial pone en entredicho su legalidad.

Por lo tanto, ¿cuáles son las razones por las que PSOE o PP abogan por la ilegalización de D3M o de cualquier otra iniciativa que defienda un proyecto político de izquierdas y abertzale? ¿Y por qué el PNV se suma de manera entusiasta a dicha prohibición? Muchas son las explicaciones que se pueden dar a éstos y otros muchos interrogantes, pero yo me limito a algunas de ellas. No están todas, pero éstas son las fundamentales, a mi modesto entender.

La primera razón por la que PSOE-PP quieren ilegalizar también esta plataforma es porque apuestan por ahogar todas las expresiones políticas que sean rebeldes al sistema. Pretenden aniquilar las ideas y proyectos que supongan alternativa a un modelo de estado que conserva intacta toda la estructura del régimen de Franco. Aunque la pretensión de aniquilar a la izquierda abertzale por la fuerza es una tentación en la que repetidamente vienen cayendo los distintos gobiernos del Estado español, se podría haber esperado algo más de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no, más de lo mismo. A falta de razones políticas, aplican la «razón de estado».

El segundo motivo se deriva del acuerdo secreto PSOE-PNV para configurar un gobierno de coalición y apuntalar así la crítica situación del «estado de las autonomías», para lo que resulta vital la ausencia de cualquier representación del proyecto independentista. Y ello por doble motivo: para evitar una constante denuncia política desde dentro del Parlamento de Gasteiz, por una parte, y por otra para justificar más fácilmente ante sus bases su vergonzoso maridaje con el PSOE. Cabe recordar que en la legislatura actual Ibarretxe ha sido lehendakari gracias a EHAK y que una hipotética presencia de los abertzales de izquierda en las elecciones colocarían al PNV en una muy difícil situación para pactar con el PSOE. Tan es así que el PNV se pone muy nervioso cuando se contempla esa hipótesis. Significativa fue la reacción histérica de Urkullu ante un comentario realizado por Ramón Jauregui en el sentido de utilizar ante las plataformas electorales un criterio flexible. Tiempo le faltó al dirigente del EBB para enfatizar de manera crispada: «El PSOE quiere hacer una interpretación partidista e interesada de la Ley de Partidos». Es evidente, el PNV no quiere otro escenario que el de la prohibición y la marginación para la izquierda abertzale. Y no solamente se aprovechan de los beneficios que les otorga dicha Ley, sino que la impulsan y le dan legitimidad. Lejos de levantar la voz ante tamaña injusticia, favorecen e impulsan su aplicación más rígida.

Y la tercera explicación, la de más calado político sin duda alguna, es el intento de hacer descarrilar al independentismo vasco, ocultar a la ciudadanía nuestra apuesta por una propuesta democrática y un modelo social alternativo. Nuestra ausencia les posibilita una centralidad engañosa. Los debates se centran en temas que conciernen a intereses internos de los partidos, rehuyendo el contraste y la discusión sobre las principales claves económicas, sociales o políticas de fondo. Ellos apuestan por apuntalar un modelo político en el que Euskal Herria no existe o simplemente es un apéndice de los respectivos estados y un modelo social basado en la injusta repartición de la riqueza. Y la izquierda coherente y rebelde molesta en esas coordenadas políticas. Somos molestos en el Parlamento, en la calle y en los medios de comunicación, porque su objetivo es que nuestro mensaje no llegue a la sociedad. Ante ello, escogen el camino más fácil: silenciar nuestra voz e intentar hacernos desaparecer.

A los aparatos del Estado y a los correveidiles autonomistas les asusta nuestra fuerza, no cabe en sus análisis la capacidad de resistencia de la izquierda abertzale. Ni con sus manipulados «estudios de opinión» ni en sus vergonzantes euskobarómetros consiguen «domesticar» la voluntad de nuestro pueblo. Se les rompen los esquemas cuando contemplan el apoyo popular que se cuela por los mínimos resquicios que su estupidez represora deja sin tapar. La tormenta de represión y ensañamiento puesta en marcha desde hace tanto tiempo no está consiguiendo los resultados vaticinados por los agoreros.

La debilidad del Estado español es la falta de razones ante la exigencia de un proceso democrático. Son conscientes de que la exigencia de un escenario en el que se respeten las decisiones de los y las vascas es sentir mayoritario en Euskal Herria. Es más, saben que es la izquierda abertzale el único movimiento político de masas que puede encauzar una confrontación democrática ante un Estado que apuesta por la imposición. Ahogar esa fuerza política es la razón fundamental que está detrás de esta obsesión ilegalizadora.

En consecuencia, presentar una plataforma electoral no tiene nada de desafío a ninguna instancia judicial española. Tampoco lo entiendo yo como desafío a ninguna otra instancia política. Simplemente es ejercer un derecho democrático que asiste a toda la ciudadanía vasca. Y resulta sorprendente que para algunos medios de comunicación y representantes políticos los y las vascas de determinado pensamiento y proyecto sociopolítico no tengamos derechos por el hecho de no ser de su agrado. Se convierten en jueces cuando son parte interesada. ¿Dónde está el pluralismo?