Los hechos acaecidos el sábado 17 tras la disolución de la marcha a las obras del TAV en el pueblo alavés de Urbina, con decenas de heridos, detenciones arbitrarias... resultados del hostigamiento policial, en suma, no son sino la emergencia de una renovada estrategia que busca zaherir al entorno organizativo del movimiento de oposición.

La Ertzaintza realizó las identificaciones, agresiones y detenciones seleccionando previamente a sus destinatarios. En el cruce de la vía verde con las pistas de la Eibar-Gasteiz la voz de mando de los uniformados ordenaba: «detened y dad a los conocidos». Igual hecho tuvo lugar al realizarse las detenciones en la Casa de Juntas de Urbina, llevándose a personas señaladas, que constituyen el grueso de los detenidos.

La burda nota de Interior basando la actuación policial en la llanada de Luku en una supuesta respuesta ante la colocación de barricadas y lanzamiento de piedras (iconos de una ya criminalizada lucha callejera que en nada se corresponde con los parámetros de una invasión masiva a pecho descubierto y en campo abierto de los terraplenes), nos habla no sólo de la obscenidad de un poder público que no siente ya la necesidad de elaborar justificaciones siquiera plausibles, sino de una nueva fase de hostigamiento al movimiento anti TAV.

Pues este proceso de oposición con sus iniciativas constituye un salto sobre los corsés con los que se ha ido atenazando la movilización social, aunando en su seno actividades de corte estrictamente legalizado con seguras actuaciones públicas contra estos mismos límites. Así, el uso continuado de las herramientas de la desobediencia ha producido importantes retrasos en las incipientes obras, ha obligado al Gobierno central a aplicar procedimientos de urgencia... En definitiva, a través de innumerables iniciativas se ha conseguido visualizar la férrea determinación de los opositores, y mediante estas acciones mayormente simbólicas se ha hecho patente un inestable y contestado inicio de obras.

Sin embargo, se ha intentado que algunas de estas iniciativas (como el plante en las oficinas de la ADIF en Bilbo con la detención y procesamiento de los encartelados) que sean juzgadas por la Audiencia Nacional, la cual hasta la fecha se ha inhibido a favor de las provinciales, como el suceso acaecido en noviembre en el Goierri y que, tras su desestimación por la AN, volvió a los juzgados tolosarras. Parece que en esta estrategia de erosión del activismo es determinante que los protagonistas de las acciones que pretenden ser elevadas a cuasi terrorismo posean las características de militantes habituales y reconocidos de la oposición, con una neta intención de amedrentamiento al núcleo activista y un aviso ejemplarizante para el resto.

Son estos los primeros casos de penalización de la «lucha X» (denominada así por el gabinete de Interior español) y que supone elevar los actos de desobediencia a categoría de delito terrorista. Así, la estrategia de este maquiavélico gabiente se supone la misma que se llevó a cabo a finales de los años noventa, cuando algunos delitos de estragos a los que se les suponía intencionalidad política se elevaron por atribución policial a asuntos tratables por el tribunal de excepción AN.

Sumemos a esto la rabia jeltzale por la inteligente actuación del conjunto de la oposición contra el TAV que, huyendo de las urgencias mediáticas y de los alineamientos políticos al uso, se dotó de sus propios tiempos para generar sus opiniones y, a partir del cruel hecho de la muerte del industrial Uria, estableció un consenso que ha fortalecido su coordinación.

Y a esta diseñada estrategia española, junto a ese quemazón jeltzale, se agrega ahora también la competición preelectoral entre estas dos administraciones para generar un golpe de efecto represivo que las aúpe como paladines del orden público.

Así llegamos a Luku. Con sus últimas actuaciones y declaraciones, el movimiento anti TAV ha sabido romper con las expectativas que se le atribuyen, demostrando, entre otras, no estar sujeto a obediencias externas. Sigue buscando la paralización del proyecto mediante la acción y la denuncia y su escuela muestra que para luchar es necesario desbordar los cánones otorgados, incluso los dados a los sectores en ruptura. Rechaza medias tintas y opone a la obstinación institucional su propia determinación como movimiento.

Así, su estilo de movilización, se enfrenta al espacio del rechazo domesticado, de la romería dominical característica de la impotencia de una izquierda que acepta los límites designados. Este estilo inquieta afortunadamente y no sólo en los sillones del poder autonómico y central. Un estilo que llama a apartar la resignación y que a través de su práctica ensancha los límites de lo posible

Porque es tanto su independencia como su determinación en utilizar todos los recursos de la movilización social lo que produce esa incertidumbre liberadora que ahora inquieta y moviliza a las administraciones.

En esta encrucijada en la que ya estamos, el movimiento ecologista y el resto ha de optar entre aceptar el papel de organismo consultivo para con los excesos del capitalismo que le otorga la socialdemocracia en la tramoya de la sostenibilidad o aceptar el desafío en el que está inmerso y colocarse en abierto conflicto contra el proyecto modernizador inherente al capitalismo.