Mientras miles de ciudadanos vascos apuran los últimos días para firmar para que la plataforma electoral Demokrazia 3.000.000 (D3M) pueda concurrir a las elecciones autonómicas del 1 de marzo, las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen el camino marcado por la Fiscalía y la Abogacía para tratar de impedir que una opción indepenentista esté presente en los próximos comicios.

Así, según citaron ayer varias agencias, el fiscal encargado de presentar las anunciadas impugnaciones ante el Tribunal Supremo tiene ya en sus manos varios informes policiales referentes a D3M y también al partido Askatasuna. Los análisis sobre esta formación, inscrita en el registro desde más de una década, y la recién creada plataforma electoral fueron ordenados las semana pasada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y han sido elaborados por la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía española.

La Fiscalía española, de hecho, trabaja ya desde hace días por orden del ministro español de Justicia en la presentación de los recursos, sin aguardar, siquiera por guardar las formas, a que sean presentadas las planchas electorales.

«Democracia para todos»

En cualquier caso, y respondiendo al llamamiento lanzado hace casi dos semanas por los promotores de la plataforma abertzale, notarías y ayuntamientos siguen acogiendo a numerosas personas que quieren que D3M tenga su espacio en las urnas.

Ayer, por ejemplo, un grupo de delegados y delegadas de LAB se citó en una notaría ubicada en la calle General Alava de Gasteiz para rubricar su apoyo a la plataforma independentista. Y es que, como señalaron desde esta central sindical, «en el marco de la reivindicación de democracia para todos y todas y la defensa de los derechos civiles y políticos», han decidido respaldar en centros de trabajo y en la calle la recogida de firmas necesarias para que D3M participe en las elecciones.