Regulación de empleo
23.000 trabajadores despidieron 2008 afectados por ERE
23.000 trabajadores despidieron 2008 afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aprobados por los ejecutivos de Lakua, Iruñea y Madrid. A lo largo del año, se duplicaron los expedientes aprobados por administraciones vascas respecto a 2007 y se triplicó el número de trabajadores afectados. El anuncio del presidente de Cebek de que habrá «un flujo potente» de expedientes augura un empeoramiento.
GARA | BILBO
«Los datos son malos, presentan un deterioro y estamos preocupados», manifestó el consejero de Trabajo de Lakua, Joseba Azkarraga, tras dar a conocer que el departamento que dirige autorizó 496 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectaron a 12.794 trabajadores el pasado año. Pero estas cifras sólo reflejan tres herrialdes del sur de Euskal Herria y dan cuenta de los informes bajo su competencia. Los datos son aún más crudos si se computan los 8.625 trabajadores a los que se les aplicó un ERE autorizado por el Gobierno de Miguel Sanz, así como los 1.584 asalariados afectados por los 70 informes a los que Madrid -resuelve expedientes de empresas que cuentan a la vez con centros de trabajo en Euskal Herria y en otros lugares distintos- dio luz verde hasta el 31 de octubre.
La mayoría de expedientes se presentaron en el último trimestre del año, especialmente en noviembre y diciembre. Azkarraga precisó ayer que mientras entre enero y octubre se vieron afectados 3.336 empleados y autorizaron 198 expedientes, sólo en noviembre estas cifras se situaron en 3.294 traba- jadores y 90 expedientes y en diciembre, 6.164 trabajadores y 208 expedientes.
1.336 afectados en quince días
En los primeros quince días del nuevo año la situación no ha mejorado en absoluto, ya que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -herrialdes de los que aportó datos Azkarraga- son 1.336 asalariados los que se encuentran bajo un expediente. En la comparecencia de ayer, el consejero de Lakua precisó que son 832 los empleados afectados por los 52 ERE aprobados en Bizkaia, 266 en Gipuzkoa, donde se han aprobado 19 expedientes, y 238 por los seis informes de Araba.
En la presentación de los datos, Azkarraga se congratuló de que «casi el 90% de los ERE aprobados ha sido de suspensión y no de rescisión, lo que demuestra la confianza del empresariado vasco en una salida de esta crisis a medio plazo».
El presidente de la patronal vizcaina Cebek, sin embargo, auguró un futuro poco esperanzador al anunciar «un flujo potente» de expedientes este año. José María Vázquez Eguskiza indicó que «la economía se ha desacelerado muchísimo» después del verano y que para este año se prevé un crecimiento del 0,5%, que «prácticamente es no crecer».
Azkarraga aseguró que el Ejecutivo de Lakua «ya está tomando medidas» y citó «el diseño de las `antenas de empleo', orientadas a quienes pierden el empleo» y «el refuerzo, durante los periodos de suspensión de empleo, de la formación continua».
Subrayó, además, la «transparencia» de Lakua a la hora de exponer la situación, ya que «sigue sin saberse qué es lo que está pasando en el Estado español». Los sindicatos, sin embargo, pusieron en tela de juicio esas manifestaciones.
Críticas sindicales
El responsable de negociación colectiva de ELA, Joseba Villarreal, calificó de impresentable la actitud de Azkarraga al dar cuenta de los ERE presentados «sin que haya informado con anterioridad a los representantes de los trabajadores y trabajadoras afectados por los mismos».
Criticó en un comunicado «la falta de seriedad y rigor» de Azkarraga y señaló que, detrás de su postura, «se esconde una lectura sesgada y sin contraste previo con los sindicatos, que sólo beneficia a las empresas que han presentado los expedientes de regulación, confiadas en que cuentan con el pleno apoyo del Departamento de Trabajo para su aprobación».
Insistió en «la sumisión total del Consejero Azkarraga a los intereses de la patronal».
LAB acusó al consejero de Lakua de pensar en la campaña electoral al aportar «estadísticas parciales» sobre «la realidad que está viviendo la clase trabajadoras en esta crisis».
Consideró que las instituciones y la patronal están actuando con «unidad de acción» para crear alarma en la sociedad con el fin de «convertir en populares medidas que no lo son».
Indicó que esta «intimidación mediática global» busca que los comités de empresa firmen acuerdos planteados por las compañías para que los trabajadores reciban del INEM «el dinero que ni los bancos ni la clase empresarial hoy están dispuestos a poner» y para que las administraciones no se vean obligadas a resolver los expedientes. Señaló que el objetivo de los expedientes consiste en «garantizar la cuota de beneficios» y denunció que los expedientes de suspensión se están aprovechando para realizar «despidos colectivos en muchas fábricas» durante los periodos de suspensión.
El responsable de Acción Sindical de CCOO de Euskadi, Eduardo García, consideró que Azkarraga «no está a la altura de las circunstancias, ya que una vez más, los agentes sociales hemos tenido que enterarnos por una comparecencia ante los medios de los datos sobre cómo está afectando la crisis a los trabajadores y empresas vascos».
Criticó que Lakua no de a conocer de antemano los datos a los sindicatos, «ni siquiera respondiendo al compromiso de hacerlo al propio CRL».
La secretaria de Acción Sindical de UGT Euskadi, Pilar Collantes acusó a Azkarraga de ningunear a los sindicatos por no facilitarles datos sobre los ERE. «Esos datos se facilitan cuando ya están resueltos, cuando Azkarraga ha salido a la prensa». Denunció, en este contexto, que el consejero de Lakua «nos ningunea y nos toma el pelo», incluso a «sus propias instituciones sociolaborales».
Collantes censuró así que «vende una imagen, una campaña política, que no le va a llevar a ninguna parte porque la realidad es otra distinta a la que plantean ellos». «Ellos han dado la espalda a los trabajadores y los datos lo demuestran», concluyó la sindicalista.
Azkarraga salió al paso de estas críticas señalando que Lakua «está comunicando a los sindicatos los Expedientes de Regulación de Empleo sobre los que toma una decisión la autoridad laboral». Agregó que lo que no se comunica a las centrales sindicales son los expedientes de regulación de empleo «que se presentan hasta que no se adopta una decisión», ya que «algunos de ellos se retiran e incluso cambian su contenido».
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Lakua, Joseba Azkarraga, aseguró que el futuro inmediato «es incierto» y que la tasa de paro puede llegar al 6% ó 7%. Indicó que «la economía vasca está interrelacionada con las economías de los países de nuestro entorno», por lo que «no puede ser ajena a una situación que consideramos global». No obstante, el crecimiento económico de en torno al 0,5% previsto por Lakua «no hace sino confirmar que, pese a la gravedad del momento, estamos en una situación mejor para salir de la crisis».
El Gobierno español ha autorizado setenta expedientes que han afectado a 1.584 trabajadores. Las cifras serán superiores, ya que los datos dados a conocer ayer no eran los totales. Sólo referían a los primeros diez meses del pasado año.
Azkarraga señaló que los meses de noviembre y diciembre fueron «los más difíciles», ya que mientras entre enero y octubre se vieron afectados 3.336 trabajadores, sólo en noviembre fueron 3.294 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
El comité de empresa de Cegasa y las secciones sindicales de ELA, CCOO y LAB alertaron ayer de que si el Gobierno de Lakua aceptara el expediente que ha presentado el frabricante de pilas, que supone la rescisión de 217 contratos, «supondría de facto dar vía libre al resto de empresas para los ajustes que consideren oportuno sin ninguna justificación». Por ello, explicaron que «es el expediente de muchas otras empresas. Está en manos del Gobierno Vasco la apuesta por el empleo y evitar la deslocalización de Cegasa. El Departamento que dirige Joseba Azkarraga tiene la posibilidad de frenar, y es su obligación hacerlo, el despido masivo de los trabajadores de Cegasa». Los representantes de los trabajadores recordaron que la dirección dio por finalizado el período de consultas sobre el ERE el pasado martes, y lo hizo «sin guardar las formas al no convocar al comité para la firma de acta de no acuerdo».
Además, denunció que la dirección está intentando enfrentar a la plantilla con las de otras empresas del grupo al «responsabilizarnos del futuro de 1.300 trabajadores si no aceptamos sus condiciones. Los esfuerzos por echarnos encima al resto de trabajadores del grupo han sido incesantes», subrayaron. Relataron cómo la empresa se ha dirigido a algunos trabajadores «para que nos presionen amenazándoles con que peligra su puesto de trabajo». El comité, por el contrario, acusó a la dirección de ser la única responsable de «levantarse de la mesa negándose a seguir hablando de lo único importante en todo expediente de regulación de empleo: sus causas». En este sentido, recordaron que Cegasa ha tenido nueve millones de euros de beneficios en los tres últimos años y que se niega a auditar el ejercicio de 2008, por lo que no puede justificar los despidos. «Es un problema claro de deslocalización y la empresa no tiene más interés que trasladar la producción a Asia para aumentar sus beneficios. No es admisible en ningún caso que la empresa bajo falsos pretextos intente despedir a 217 trabajadores ni que el Gobierno vasco apruebe el ERE».
El comité ha convocado a los trabajadores y a los ciudadanos de Gasteiz a una manifestación para mañana a las 18.00 frente al Artium porque «Cegasa está provocando un problema social en 240 familias, en los trabajadores de todo el grupo y en toda la sociedad alavesa».
José María Vázquez Eguskiza, presidente de la patronal vizcaina Cebek, afirmó que a lo largo de este año se producirá un «flujo potente» de expedientes de regulación de empleo, porque «la economía se ha deteriorado muchísimo».
