Barack Obama cumplió ayer una de las promesas realizadas durante la campaña electoral al firmar un decreto que ordena el cierre de la prisión especial de Guantánamo. El mandatario firmó además otras dos órdenes ejecutivas en esa misma línea: la revisión de los juicios de los acusados de actos terroristas, por un lado, y la prohibición de los métodos de interrogatorio considerados internacionalmente como tortura, por otro. Métodos que fueron autorizados por la Administración Bush y que incluyen el método conocido como «waterboarding» (o asfixia simulada), que en el Estado español adquiere el nombre de «la bañera» o «la bolsa».

Estaba previsto que Obama cumpliera su promesa de cerrar el centro especial para detenciones ilegales de Guantánamo, en tanto en cuanto no suponía coste político alguno y mejoraba su imagen notablemente. Pero tampoco esto le resta valor, ni político ni simbólico. Menos aún si a eso le sumamos las otras medidas, que suponen una reprobación en toda regla de la política «antiterrorista» de Bush. Si bien es cierto que la prohibición de la tortura no la evita, sí que evita su legitimación y supone un paso mínimo pero relevante. Una lectura menos positiva es que este paso no conlleva ningún tipo de consecuencia para los hasta ahora gobernantes, algo explícitamente rechazado por el propio Obama.