El Gobierno español ha acusado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de «ofrecer una visión que no se corresponde con la realidad» en el informe ``CCPR/C/ESP/CO/5'', documento que recoge las conclusiones del análisis llevado a cabo sobre la situación de los derechos humanos en el Estado español. Asimismo, muestra su «sorpresa» por el hecho de que no se reitere que el Estado español cumple con las obligaciones que impone el pacto y que avanza en la promoción y respeto de los derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emitía en su quinto informe duras críticas e imponía relevantes recomendaciones al Estado español. En concreto, este documento alertaba del incumplimiento de los derechos en materias como la prevención de la tortura o la memoria histórica.

En lo referido a la tortura, el Comité detectó varios puntos problemáticos, entre otros, la no aplicación de una estrategia global contra esta práctica y la no adopción de un mecanismo estatal de prevención de la tortura; la persistencia de la detención incomunicada; la no grabación de todos los interrogatorios en comisarías y lugares de detención; así como la excesiva duración de la prisión provisional.

Este examen fue respondido por el Ejecutivo de Zapatero el pasado 8 de enero, indicando que lamenta que el Comité no reconozca que el Estado español «es un país que respeta estrictamente los derechos humanos y libertades públicas». En este sentido, apunta como dato a su favor que nunca haya derogado temporal o parcialmente su legislación en materia de derechos humanos, «pese a las previsiones constitucionales que lo hubieran permitido», subraya al respecto.

Definición de terrorismo

Otro de los aspectos a los que hace referencia el informe es la definición de terrorismo contenida en el Código Penal español. El Comité destaca que dicha definición «podría dar lugar a la violación de varios derechos contenidos en el Pacto». Ante esta acusación, la respuesta emitida desde Madrid se sustenta en sostener «con firmeza» la definición de terrorismo y asegurar que «es conforme con la legalidad internacional».

El Gobierno español no esconde su malestar con el documento de la ONU e insiste en que «la descalificación que el Comité hace del sistema jurídico español carece de fundamento».

Entre los comentarios que hace el Ejecutivo sobre las observaciones del Comité, critica que no se «reflejen las aportaciones escritas y orales ofrecidas por España a este examen». Por el contrario, muestra su enfado al haber sido «recogidas ampliamente opiniones distorsionadas de esta cuestión». Por todo ello, el informe emitido por el Gobierno del PSOE afirma que el proyecto de observaciones es «desequilibrado» y se queja de no haber podido ejercer su derecho a réplica sobre diversos aspectos del mismo.

Behatokia, por su parte, ha tildado de «autoritaria» la actitud mostrada por el Gobierno del PSOE, la cual considerado como una postura «inaceptable» de ejercer frente a organismos internacionales.

Apunta que el lenguaje empleado evidencia que «no está acostumbrado a encajar críticas». A juicio de este organismo, en el Estado español se ha producido «una involución» respecto a los derechos humanos que incluso ha sido detectada por el órgano de supervisión.