En prisión un ex alcalde del PNV de Mallabia por malversar fondos públicos
Juan Luis Pagalday Barruetabeña, alcalde de Mallabia de 1991 a 1995 por el PNV, ingresó en prisión en diciembre para cumplir la condena impuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español de tres años y seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación como autor, junto con la entonces secretaria-interventora interina municipal, de la malversación de 391.303 euros de los fondos del Ayuntamiento.
Agustín GOIKOETXEA |
Unos meses después de que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo español resolviese el recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia de Bizkaia de abril de 2007, en diciembre, el ex alcalde jelkide de Mallabia ingresó en prisión para cumplir la condena de tres años y seis meses como autor de un delito continuado de malversación de fondos públicos, en concurso ideal con otro similar de falsedad en documento oficial y mercantil.
En primera instancia, Juan Luis Pagalday y María Gloria Suberviola Rubio, la otra implicada en el desfalco a las arcas del modesto Ayuntamiento mallabitarra, fueron condenados por la Audiencia vizcaina por los mismos delitos a siete años de prisión e inhabilitación absoluta por quince años, además de indemnizar conjuntamente al Consistorio con 391.303 euros y abonar las costas del proceso.
Los jueces creen probado que el ex alcalde del PNV y la secretaria-interventora interina de 1991 a 1995 abrieron dos cuentas en una entidad de ahorro, sin que se recogieran en los correspondientes registros contables del Ayuntamiento y sin conocimiento por parte de ningún miembro del mismo, en las que recibían fundamentalmente ingresos por aportaciones de los propietarios del polígono Goitondo Goikua, ordenando los reintegros que consideraban oportunos bien en metálico, bien abonando en cuentas particulares de los acusados o de otras personas.
Las irregularidades fueron descubiertas a raíz del acceso de Herri Batasuna a la Alcaldía después de las elecciones municipales de 1995. La alarma social generada llevó a la nueva Corporación a recabar la intervención del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que auditó la contabilidad del Consistorio.
Pagalday y Suberviola utilizaban dichas cuentas para satisfacer pagos derivados de gastos de urbanización del citado polígono industrial, ubicado en Mallabia, sin que el alcalde estuviera facultado para ello. Las operaciones sólo eran conocidas por la secretaria-interventora y no eran registradas en la contabilidad municipal.
Los condenados emitieron una serie de facturas de personas físicas y jurídicas que no eran reales en cuanto a las obras o servicios contenidos y que no fueron emitidas por los gremios o servicios que aparecían en las mismas. El dinero obtenido iba a parar a manos del político jeltzale y su cómplice para sufragar gastos personales como la compra de vehículos o equipos informáticos.
Tras la fiscalización efectuada por el TVCP se descubrieron 18.959 euros por reintegros y pagos carentes de soporte documental o de otro tipo que justifique la disposición de tal cantidad, y otros 4.122 euros pagados por material y accesorios informáticos que los acusados no destinaron al Consistorio, sino a su uso particular.
Además, se detectó que Pagalday y Suberviola utilizaron 59.725 euros para abonar gastos particulares como reportajes fotográficos a concesionarios de vehículos. Otros 185.737 euros se lograron a través de documentación no real, consistente en facturas de empresas de obras o servicios, y honorarios de profesionales, sin que se reflejara realmente una obra, servicio o prestación profesional.
La rebaja a la mitad de la condena de la Audiencia de Bizkaia por parte del Supremo se debió a que los magistrados atendieron parcialmente el recurso de casación «por quebrantamiento de forma e infracción de ley». La paralización por más de cuatro años de la causa, desde el 29 de marzo de 1996 hasta la celebración del juicio oral, constituyó, a juicio del ponente, «una demora extraordinaria».
La noticia del ingreso en prisión del ex alcalde, trece años después de que se destapasen las graves irregularidades cometidas por Juan Luis Pagalday Barruetabeña, ha vuelto a poner de actualidad el desfalco cometido por el jelkide en las arcas municipales. A pesar de las dos sentencias condenatorias, los autores aún no han indemnizado al Ayuntamiento de Mallabia con los 391.303 euros que estipularon los jueces en 2007.
Mallabia, con cerca de 1.200 vecinos empadronados, dispone para este ejercicio de un presupuesto de tres millones y medio de euros. Por tanto, la indemnización de Suberviola y Pagalday puede suponer una importante inyección económica para un Consistorio que no ha levantado cabeza desde la estafa del ex alcalde.
Los sucesivos gobiernos jeltzales y de la izquierda abertzale -cuando ha superado el apartheid impuesto por el Gobierno español- han tratado de mejorar las infraestructuras, pero han chocado con la falta de dinero. A pesar de los años transcurridos, los 391.303 euros son fundamentales para acometer la construcción de un equipamiento social muy demandado por el vecindario: un centro de día.
El actual alcalde, el independentista Aitor Loiola, censura que, aunque la sentencia se notificó a las partes en abril de 2008, las arcas municipales aún no han recibido el dinero malversado entre 1991 y 1995 para ejecutar una inversión urgente. Loiola recuerda que a los condenados se les embargaron dos pisos y una lonja para afrontar la indemnización. «Parece que ellos van a salir a la calle antes de que a los vecinos de Mallabia se les devuelva el dinero», lamenta.
La llegada de Herri Batasuna a la Alcaldía de Mallabia, tras las elecciones municipales de mayo de 1995, destapó las graves irregularidades llevadas a cabo durante cuatro años por Juan Luis Pagalday Barruetabeña.
