La decisión de Eusko Alkartasuna de Muskiz de no recurrir la autorización ambiental concedida por Lakua a Petronor para construir la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) era ya conocida, al igual que la convulsión que ha generado entre sus afiliados y simpatizantes.

El pasado jueves terminaba el plazo para que el Ayuntamiento muskiztarra recurriese y, como adelantó unos días antes el alcalde, Gonzalo Riancho, no se presentó. Desde la Coordinadora Anti-Coke estiman que esta postura no se sustenta, una vez que informes externos de una asesoría jurídica detectaron «aspectos claramente irregulares y recurribles».

«Comenzamos mal señor alcalde -señala la plataforma dirigiéndose a Riancho-, sabe usted perfectamente que nos está fallando, somos conscientes de que esta lucha es muy dura, de las presiones continuas que recibe. Hasta ahora ha mantenido su integridad en un país donde hay muy pocos precedentes de honradez municipal. Le pedimos que piense como vecino que es, y que si construyen la fábrica por su debilidad será un monumento a lo que en su momento no fue capaz de hacer».

El cambio de postura del alcalde, que choca con las promesas electorales de 2007, la enmarcan en la campaña de «presión» desatada por Petronor, que llegan a calificar de «chantaje». Es más, no entienden cómo después de presentar unas alegaciones muy detalladas a la autorización ambiental para el conjunto del complejo petroquímico y, posteriormente, la planta de coque, los corporativos de Eusko Alkartasuna han tirado la toalla.

En los próximos días, el equipo de gobierno EA-PSE, a pesar de las reiteradas promesas al vecindario, otorgará las licencias de actividad y obras a la URF.