Con las elecciones encima, una vez más, Garzón empuña el timón para intentar imposibilitar la presencia de todo un espacio político en el Parlamento vasco: el de la izquierda abertzale. No le tiembla el pulso a este paladín de la «democracia» a la hora de encarcelar a personas que, teniendo intactos sus derechos civiles y políticos, quieren ejercerlos, ni en poner patas arriba las casas de militantes abertzales. Ejemplo claro de la falta de democracia en el Estado español y de discriminación contra la ciudadanía abertzale a la que se le niega su libertad de expresión política, al no poder elegir a sus representantes.

Esta actuación discriminatoria, se ha producido la misma semana en la que el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado una norma que pretende evitar la discriminación en la esfera política, en este caso de las mujeres. Ha dicho que la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, aprobada por el Parlamento vasco el 18 de febrero de 2005, es «perfectamente constitucional, y persigue corregir una situación histórica de discriminación en la vida pública». Esta norma obliga a los partidos políticos a que, en las elecciones autonómicas y forales, presenten listas paritarias con una representación de las mujeres de un mínimo del 50%, garantizando que los hombres sean al menos el 40%. Además, el TC asegura que el hecho de que el porcentaje del 50% sea diferente al que rige en la legislación española -un mínimo del 40% de cada sexo- tampoco es inconstitucional. Es interesante que también haya mantenido la constitucionalidad en cuanto a los tramos. Según la Ley de Igualdad vasca, en todas las candidaturas, en cada tramo de seis nombres, tres serán hombres y tres mujeres. No es casual, ni se hubiera conseguido sin acción positiva, que el 57% de las y los miembros del Parlamento vasco sen mujeres.

Los argumentos del TC se basan en que este tratamiento diferenciado es el adecuado para conseguir la «igualdad efectiva de las mujeres y no va contra ningún derecho fundamental. No está aquí en cuestión ningún derecho de los hombres ni un imposible derecho de los partidos», aclara, y recuerda que la norma se justifica por las circunstancias sociales actuales. «Su eficacia habrá de redundar en la progresiva desaparición del fundamento constitucional que ahora disfruta. Se trata, en definitiva, de una medida sólo constitucionalmente aceptable en tanto que coyuntural». A su juicio no cabe admitir que la igualdad entre los sexos se pueda «desvirtuar en los órganos de representación política con la presencia abrumadoramente mayoritaria de uno de ellos».

No se ha tenido en cuenta este aspecto en las cinco medallas al mérito ciudadano concedidas este año por el Ayuntamiento de Donostia. Todas a hombres. No les resto méritos a ellos, pero ¿entre el «capital social» de la ciudad -como los tituló el Alcalde- no hay mujeres a quienes reconocer su labor social? Se me ocurren varias y todas ellas con muchos méritos.