Etxerat evidencia con datos el auge represivo de la política carcelaria
«Espero que no se repita este balance. O mejor, que no tengamos que hacer ninguno». De esta forma cerró Itziar Goienetxea la comparecencia de prensa que realizó ayer Etxerat en Donostia, donde dieron a conocer el balance de 2008 sobre las consecuencias de las políticas penitenciarias de los estados español y francés. Un documento repleto de datos que lleva a los familiares a concluir que el pasado año fue el de la confirmación del «incremento de la crueldad».
Gari MUJIKA |
«El incremento de la crueldad». Ésta es la principal conclusión que extrajo ayer la asociación Etxerat tras poner negro sobre blanco, con los datos sobre la mesa, la situación a la que están sometidos los prisioneros políticos vascos y, por consiguiente, sus familiares. El balance de 2008 muestra un aumento de denuncias proporcional a las mayores restricciones y nuevas medidas represivas de la política penitenciaria. Valga un botón como muestra: en 2008 se alcanzó la cifra más alta de presos políticos desde el franquismo, con un total de 764.
Los representantes de Etxerat Manu Errazkin, padre de la fallecida presa política donostiarra Oihana Errazkin, e Itziar Goienetxea, compañera del preso político Xabier Alegria, comparecieron ayer en Donostia para dar a conocer el balance realizado por la asociación de familiares de represaliados políticos. Un año, el 2008, «nada fácil para los presos políticos vascos ni tampoco para nosotros, que somos sus familiares y amigos», aseguraron, a la par que ponían el acento en la urgencia de desactivar las citadas políticas penitenciarias de los estados.
Consecuencias de la dispersión
De entrada, remarcaron una cifra que por sí sola podría resumir todo el balance hecho público ayer: 764. Un número tras los que se esconde la mayor cifra de presos políticos en al menos 40 años.
Casi ochocientos vascos y vascas están dispersados en 89 cárceles francesas y españolas, donde, según denunciaron, «sufren una vulneración constante de sus derechos». Pero la dispersión, además, afecta de forma directa a los familiares y amigos que tienen que desplazarse a cientos de kilómetros cada fin de semana. Así, Etxerat recordó que todo ello «conlleva un enorme riesgo», como evidencia el hecho de que el año pasado hubo una veintena de accidentes de tráfico, con decenas de heridos y lesionados.
«Las consecuencias son evidentes, ya que el hecho de jugarse el físico cada fin de semana supone también un desgaste psicológico muy elevado. A nuestros familiares encarcelados, por su parte, la situación también les genera muchísima inquietud, ya que son conscientes del peligro que corren sus familiares y amigos», añadieron.
Pero, además de los riesgos físicos y sicológicos derivados de la dispersión carcelaria, el coste económico también alcanza una enorme dimensión. Así, Errazkin y Goienetxea señalaron que cada familia tiene un gasto medio mensual de cerca de 2.000 euros tan sólo en concepto de desplazamientos. Algo que, en su conjunto, se traduce en un montante anual en viajes de hasta 17.000.0000 de euros.
Que las condiciones de vida carcelarias repercuten en la salud de los vascos encarcelados es una denuncia ya realizada por Etxerat con anterioridad, pero, con los números en la mano, recordaron que son diez los presos gravemente enfermos que siguen aún encarcelados. Tres se encuentran en una situación de «prisión atenuada», «una situación totalmente limitada», según denunciaron con dureza tras enumerar el listado de media docena de restricciones impuestas.
«Compromisos concretos»
A todo ello se le añade el hecho de que una cuarta parte de los presos vascos, unos 190, padecen algún tipo de problema físico. Esa misma cantidad on los que, según la ley española, deberían de estar en libertad por haber cumplido ya las tres cuartas o dos terceras partes de la condena impuesta.
La cárcel de por vida que fijó el Supremo español en 2006 ya afecta a un total de 28 vascos. En 2008 les fue aplicada a catorce presos políticos vascos.
Goienetxea también denunció el aumento de medidas de presión y persecución contra los propios familiares, por ejemplo con los controles policiales. Pero también extendió su crítica a los medios de difusión que, a su entender, intentan distorsionar u ocultar la «cruel fotografía» que retrata la situación que viven los presos vascos.
Etxerat se dirigió además a la clase política, «a aquellos que todos los días nos hablan de derechos humanos», para exigirles que, lejos de palabras huecas, tomen «compromisos con- cretos» en la defensa de los represaliados políticos vascos.
El Pleno municipal de Urnieta aprobó ayer por la tarde, gracias a los votos del partido gobernante, UDA, PNV, la izquierda abertzale y el concejal independiente, una moción en la que el consistorio de esta localidad guipuzcoana muestra su respaldo y compromiso en defensa de los derechos de los presos políticos de Urnieta, y, en concreto, los de Jon Lizarribar Lasarte, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 12 de enero ante la expulsión a la que será forzado por las autoridades francesas el 4 de febrero. Ese día cumplirá la condena impuesta por los tribunales franceses. Ya ha perdido más de nueve kilos de peso desde que inició la protesta, el pasado día 12.
Según informó ayer el movimiento pro amnistía, el preso político urnietarra ya ha perdido alrededor de nueve kilos al superar las dos semanas en huelga de hambre, ante la posibilidad de que el próximo 4 de febrero, una vez que cumpla la pena impuesta por los tribunales parisinos y sea expulsado de territorio francés, pueda ser detenido por la Policía española. Alertó, asimismo, sobre el riesgo que corre Lizarribar de ser detenido y torturad. También denunció la actitud de «dejadez» que está mostrando el médico de la cárcel de Toulon ante el agravamiento del estado de salud de Lizarribar a consecuencia de la huelga de hambre.
En este contexto aprobó el Consistorio de Urnieta una moción de urgencia de UDA y PNV que, a su vez, ejercía de moción alternativa a la presentada por un grupo de urnietarras, que pese a no ser aprobada, sí fue leída por una representante de la izquierda abertzale. Así, con dos votos del grupo jeltzale, tres de UDA, dos de la izquierda abertzale y uno del edil independiente, y con la oposición del PSE, se aprobó el texto que recoge dos puntos principales.
Por un lado, el Consistorio defiende el derecho de Jon Lizarribar, «como el de cualquier otro preso, a vivir libre en Euskal Herria, tras cumplir la condena impuesta». Y, por otro, «teniendo en cuenta el compromiso que tenemos con los principios humanos y con los derechos y las libertades que tiene cualquier persona», el ayuntamiento «adquiere el compromiso de seguir con atención la situación de todos los presos de Urnieta para que sus derechos estén protegidos».
Para denunciar la posible expulsión de Lizarribar, mañana, a las 20.00, se realizará una nueva concentración en Urnieta. A su vez, y en defensa de los derechos de los presos vascos, ayer se movilizaron 27 personas en Atarrabia y el martes 100 en Bilbo.
