Una parte importate de las empresas de Euskal Herria suspenden en materia de prevención de riesgos laborales. Es evidente que no ponen los medios necesarios para prevenir los siniestros, como indica la legislación que entró en vigor hace trece años. A la desidia de los empresarios se le une la falta de intervención real por parte de la administración pública. Es eviden- te que no hay suficientes inspectores que controlen los centros de producción. Hace unas fechas, el director de Osalan, Ignacio Murgia, señaló que en 2010 habrá un inspector por cada 9.500 trabajadores. En la actualidad nos encontramos, más o menos, con el doble de trabajadores por cada inspector en activo y unas 3.000 empresas para vigilar.

Los empresarios son los responsables de tener las instalaciones productivas en las condiciones adecuadas para la seguridad y la salud. Por lo tanto, los trabajadores deben estar atentos y, desde luego, denunciar aquellos procesos productivos, maquinaria o instalaciones que no sean adecuadas, que generen una falta de seguridad para los asalariados. La realidad es que cada vez son más los trabajadores que perciben mayor riesgo en el centro de trabajo. Todo indica que se está bajando la guardia y que, en los tiempos de crisis, se trate de mirar con más facilidad para otro lado .

Cada dos días y medio murió un trabajador, -un total de 112- en Euskal Herria durante 2008. Al día se producen dos accidentes de trabajo con el resultado de amputaciones, por cada accidente de trabajo mortal hay otras 18 muertes derivadas de enfermedades profesionales y, al final, en los centros de trabajo se producen 135.000 accidentes laborales todos los años, de los que la mitad causan baja, según los datos aportados por LAB. La otra mitad indica, además, que las medidas preventiva no se aplican con la rigurosidad necesaria. Lo que indica que se deja la prevención de riesgos laborales a la fortuna.

La actuación de la Inspección de Trabajo en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa es irregular. Hasta setiembre de 2008, se controlaron 16.354 actuaciones de las empresas, aunque sólo se levantaron actas de infracción, en 1.096, es decir, en el 6,7% de las actuaciones. Se han impuesto en los nueve primeros meses 4,9 millones de multas por falta de seguridad y salud en los centros de trabajo, lo que supone una multa media de 4.470 euros. Las infracciones han afectado a 11.206 trabajadores, se han paralizado 41 actividades y se han realizado 229 propuestas de recargo de las cotizaciones empresariales por irregularidades o incumplimientos en materia de salud laboral.

En los últimos seis años, teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales del Ministerio español de Inmigración y Trabajo de este año corresponden a nueve meses, se han tramitado un total de 2.004 propuestas de recargo. Sólo una de cada seis infracciones ha tenido recargo.

A la baja en el control

Del análisis comparativo de la actividad de la Inspección de Trabajo en materia de Salud Laboral se deriva que se ha relajado el control respecto a los primeros años del nuevo siglo. En 2003, hace cinco años, se controlaron 29.763 centros de trabajo y se impusieron 2.490 infracciones. Las sanciones alcanza- ron los 6,1 millones, algo más bajo que los 7,4 millones del año pasado, pero sumaron 18.893 los trabajadores afectados por las infracciones. A la vez, se paralizaron 167 actividades empresariales por falta de medidas de seguridad y las propuestas de recargo de prestaciones alcanzaron las 290. En este caso, en 2007 se alcanzó el récord de los últimos cinco años con 453 propuestas de recargo.

En este tiempo, sin embargo, se han elevado las sanciones por incumplimiento de la prevención de riesgos laborales.

En 2003, el importe medio ascendió a 2.470 euros; un año después subió a 2.893 euros; en 2005 se situó en 3.291 euros por cada infracción levantada; pasó a 3.677 euros y en 2007 bajó a 3.505 euros.

En los nueve primeros meses de 2008, según los datos oficiales, se encuentra por encima de los 4.470 euros. No obstante, estas cantidades no dejan de ser mínimas, teniendo en cuenta que la falta de seguridad o de salud puede costar la vida a un trabajador.