Los bilbainos que acudan con premura a los servicios sociales municipales de base a solicitar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se llevarán una sorpresa muy desagradable. Mientras los ciudadanos no paran de recibir mensajes en los que las autoridades loan las prestaciones que se ofertan, el afectado descubrirá que los trabajadores sociales le darán cita para atender su caso en tres meses, además se le informará de que necesita que se le efectúe la valoración de su dependencia, trámite que en el mejor de los casos puede tardar en resolverse entre 6 y 12 meses. A partir de ahí, podrá pedir el SAD siempre y cuando sea dependiente. Quien tuviera en el pasado alguna pequeña noción de las características del SAD ya puede refrescar sus conocimientos aunque sean recientes. En 2008 entró en vigor la Ley de la Dependencia y se empezaron a tramitar las pertinentes valoraciones y a aplicar los recursos según el grado de dependencia asignado. Entre dichos recursos hay algunos, como las Prestaciones Económicas, la Residencia y el Centro de Día, que son incompatibles con otros, como por ejemplo el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Hasta entonces, este servicio, de gestión municipal aunque con fondos de la Diputación vizcaina y Lakua, estaba destinado a mantener el mayor tiempo posible en su domicilio a las personas mayores con un apoyo puntual o algo más intenso. La gestión de los válidos corría a cargo del Consistorio bilbaino mientras la de los dependientes era controlada por la Diputación. Este esquema desaparece a partir del 1 de enero de 2009.

La razón del recorte hay que buscarla en el cambio de criterios introducidos por parte del área que dirige el jeltzale Ricardo Barkala, que compatibilizó las ayudas económicas concedidas al amparo de la Ley de Dependencia con el SAD, disparando la demanda de éste entre aquellas personas con recursos económicos que podían sufragarse un apoyo para mantener su autonomía.

El origen del incremento exponencial de las solicitudes se encuentra en que, siguiendo la filosofía de la Ley de Dependencia, el Ayuntamiento ignoró el patrimonio a la hora de calcular la cuota del SAD aun a costa de hipotecar el presupuesto. El año pasado se destinaron a estas ayudas 661.770 euros de las arcas públicas.

El efecto llamada fue inmediato. A los servicios sociales se acercaron personas con recursos económicos, en algunos casos importantes, que antes no lo habían hecho porque tenían cubiertas sus necesidades con sus ingresos y patrimonio. Otros ancianos que habían desechado el SAD porque les correspondía abonar el coste íntegro -que era caro, más de 900 euros- y por ese importe conseguían por sus medios económicos el doble o triple de horas de prestación, lo solicitaron también a raíz de las nuevas instrucciones que el área adoptó en agosto pasado.

La situación se volvió insostenible para el Consistorio, que en octubre de 2008 rompió con los criterios iniciales y comenzó a contabilizar el patrimonio de los solicitantes en su procedimiento de cálculo de aportación mensual. El presupuesto no podía soportar más presión, achacable, según fuentes municipales, a la falta de previsión de los responsables de Acción Social y el concejal -capitán de la marina mercante de profesión- decidió dar un nuevo golpe de timón a la nave de los servicios sociales.

El argumento esgrimido por el director, Juan Félix Madariaga, fue que en los ocho primeros meses de 2008, cuando se optó por obviar el patrimonio de los solicitantes, la demanda había pasado del 5 al 11%, llegándose en los meses previos al cambio a aumentos del 24%. Era el anticipo de los planes dibujados para este ejercicio y en el que los mayores afectados son los ancianos con menos recursos económicos.

A partir de enero, un servicio para válidos destinado a ayudar a mantener en su domicilio habitual a las personas que tienen dificultades para ello necesita de la valoración de dependencia; si no está acreditada no hay SAD y se rechaza a quienes hayan solicitado prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar por su condición de dependientes. El único consuelo que les queda es el anuncio de ayer del diputado vizcaino de Acción Social, Juan Mari Aburto, de que agilizará «al máximo posible» los «complicados» trámites de la valoración a través de la aprobación en las próximas semanas de un decreto. Alrededor de 4.000 vizcainos aguardan en lista de espera.

En caso de que el solicitante sea declarado «válido» no tendrá posibilidad de acogerse al SAD. «Cuáles son las condiciones en las que los gestores municipales pretenden tener a los ancianos de Bilbao en sus hogares si les obligan a estos requisitos para un sencillo SAD», se preguntan afectados por la nueva política.

Los cambios no sólo afectan a quienes demandan por primera vez ese servicio, si no que se extiende a aquellos que pretendan ampliar las prestaciones que tienen vigentes. Algunos de estos ancianos ya supieron de los cambios introducidos en octubre de 2008, cuando Acción Social acordó que las auxiliares domiciliarias dejarían de efectuar las compras domésticas a cuenta del usuario encomendándoselas a los allegados directos «estén o no trabajando, debiendo incidir en la colaboración familiar».

Mantuvieron tan sólo este servicio aquellos ancianos solos y sin apoyo familiar. Lo curioso es que en el catálogo de servicios que se ofertan en la web del Consistorio bilbaino se recogía ayer que entre las tareas que realizan las auxiliares se encuentra la compra, la atención del hogar, lavado y ciudado de la ropa, elaboración de comidas, aseo y vestido de los usuarios, entre otras.