El PNV presentó ayer su programa electoral, un completo trabajo de cien páginas que incluye la promesa de los candidatos de «firmar un contrato ciudadano para que los compromisos adquiridos durante la campaña puedan ser evaluados de forma clara y periódica por cualquier ciudadano o ciudadana vasca a lo largo de la legislatura».

En el área definida como «El autogobierno: motor de nuestro bienestar», el PNV propugna, casi 30 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, un «acuerdo global con el Estado para que se cumpla en su integridad» y se proceda a la transferencia de las 36 competencias pendientes, de acuerdo al informe aprobado por unanimidad en el Parlamento de Gasteiz en 1995.

El programa electoral incluye la advertencia de que «en tanto se mantenga el incumplimiento del Estatuto, PNV no está dispuesto a permanecer impasible y con los brazos cruzados. Está en juego el bienestar presente y futuro de la sociedad vasca». Por ello, el partido «se compromete a ejercer progresivamente todas aquellas materias y competencias contempladas en el Estatuto, y aún pendientes de transferir, que consideramos imprescindibles para hacer frente a la crisis y situarnos a la vanguardia de la recuperación económica internacional cuando ésta se produzca». Es lo que el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, definió en octubre como «pase foral en clave positiva».

Orden del Parlamento en 2002

La promesa electoral del PNV, sin embargo, no es novedosa. De hecho, hace seis años y medio que su candidato, Juan José Ibarretxe, debiera haberla cumplido. En junio de 2002, la ponencia de desarrollo estatutario del Parlamento de Gasteiz ya instó al Gobierno español a que en un plazo de dos meses pusiera sobre la mesa un calendario de cumplimiento íntegro del Estatuto de 1979 y, de no ser así, ordenó al Ejecutivo de Lakua que adoptara las medidas que garantizaran el pleno ejercicio de las competencias que se reco- gían en el Estatuto. Era un mandato formal del Parlamento y no un documento de un partido para una campaña electoral.

El plazo de dos meses se cumplió en setiembre de 2002 y es de sobra conocido que el Gobierno de José María Aznar no hizo calendario alguno para el desarrollo del Estatuto. Ni siquiera respondió al requerimiento de la Cámara autonómica. Y, pese a ello, también es pa- tente que el tripartito encabezado por Juan José Ibarretxe desoyó la parte que le incumbía directamente de la orden de la Cámara autonómica y no procedió a garantizar «el pleno ejercicio de las competencias».

Otro «nuevo marco político»

Después de que el nuevo Estatuto político de 2004 y la Ley de Consulta de 2008, aprobados también por el Parlamento de Gasteiz, se estrellaran contra el rechazo del Estado, el PNV señala ahora que realiza «una oferta abierta al conjunto de los partidos políticos vascos para articular un nuevo pacto político con el Estado español».

Los jeltzales proponen para ello cinco pilares, que son «el reconocimiento de la identidad nacional vasca, de conformidad con la plurinacionalidad del Estado español; la capacidad de establecer relaciones de territorialidad con otros territorios y comunidades vascas, desde la libre decisión de sus ciudadanos y ciudadanas respectivas; un autogobierno pleno en todas las materias que conforman el bienestar económico, social, cultural e institucional de los ciudadanos y ciudadanas vascas; la proyección de Euskadi en Europa y en el mundo; y, por último, un sistema bilateral de garan- tías, sustentado en un Concierto Político, que impida la restricción unilateral del pacto alcanzado».

Este denominado «nuevo marco político» se basaría por un lado en el respeto al derecho a decidir del pueblo vasco «de conformidad con el derecho de autodeterminación», y por otro en que su ejercicio sea negociado con el derecho.

La propuesta del PNV es, en todo caso, mantenerse dentro del Estado español en base a un pacto y «nuevos mecanismos que garanticen la estabilidad institucional de las relaciones entre Euskadi y el Estado» basadas en el carácter bilateral y equitativo de la relación.

«Comisión bilateral»

En este programa, el PNV entra por primera vez en alguna concreción práctica de su proyecto de Concierto Político, que detalla como «la creación de una comisión bilateral de garantías, formada por igual número de representantes designados por el Estado español y por la Comunidad vasca, que deberá gestionar, con carácter previo, la negociación de aquellas normativas que puedan vulnerar el régimen de competencias que se contemplan en el nuevo pacto político».

En el terreno de la paz y los derechos humanos, el PNV señala a ETA como único agente violento en Euskal Herria, y propone un «plan integral de promoción y defensa de los derechos humanos» que abordaría la «deslegitimación de la violencia, la solidaridad con las víctimas del terrorismo, la defensa de los derechos civiles y políticos, la educación para la paz y la memoria para la reconciliación».

En este apartado, el PNV propone «constituir una Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el franquismo y durante la transición».