Con los votos favorables de dos ediles de EA -uno de ellos el alcalde, Gonzalo Riancho- y dos del PSE, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento muskiztarra otorgó ayer al mediodía las licencias de actividad y obras a la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) y a la de Cogeneración, así como licencia de actividad para el refino de petróleo a Petronor. Su campaña de amenazas contra el pequeño Consistorio, con anuncio de que pediría 300.000 euros diarios de indemnización y presiones a las direcciones de los partidos, ha dado al parecer los frutos deseados: los permisos.

El delegado de Medio Ambiente, el concejal de Eusko Alkartasuna Marcos Cuco, emitió un voto particular en contra de conceder las licencias a las nuevas infraestructuras de la filial de Repsol y se abstuvo en el caso del permiso de actividad al complejo petroquímico.

Cuco justificó su posición en el informe de legalidad de la secretaria municipal, que consideró de «caracter preceptivo» los informes de la Demarcación de Costas y el pronunciamiento de los técnicos de Urbanismo en el caso de la URF. Al Ayuntamiento tan sólo habían llegado ayer un informe de la Agencia Vasca del Agua (Ura), declarándose «incompetente» en el asunto.

A pesar de haber defendido durante semanas que el pronunciamiento de Costas sobre el dominio marítimo-terrestre era fundamental, el alcalde justificó su cambio de actitud en que han pedido en varias ocasiones el informe al organismo dependiente del Ministerio español de Medio Ambiente y no ha recibido contestación.

«No podíamos seguir esperando más. No me ha quedado más remedió», argumentó Riancho, que parece haber sucumbido a las presiones de la compañía que preside Josu Jon Imaz. Las posiciones contrarias defendidas por los ediles de EA muestran sin tapujos la convulsión que se ha vivido entre los afiliados y simpatizantes en Muskiz y que la Ejecutiva vizcaina ha tratado de solventar a las puertas de las elecciones.

A partir de la concesión de las licencias y su notificación, el Ayuntamiento tiene aún que dar el visto bueno al proyecto de ejecución que la petrolera presentó el viernes y que los técnicos estudian. Además, los opositores ya han anunciado que presentarán un recurso de reposición al acuerdo.

Riancho defendió que la URF -que dijo que no le gusta- cumple la legalidad, aunque se mostró convencido de que habrá recursos en los tribunales. «Sé que me acusarán de prevaricación, pero si no hubiera hecho esto, me acusarían otros», confesó, consciente de que la Coordinadora Anti-Coke baraja la posibilidad de interponer denuncias penales con él.

Mientras la Junta se reunía para adoptar estas decisiones tan polémicas, frente a la casa consistorial varias decenas de vecinos mostraron su oposición. Mañana, de nuevo, acudirán al pleno ordinario y para el viernes, a las 19.00, la Coordinadora convoca una encerrona en la Kultur Etxea. El sábado, a las 12.00, se concentrarán frente a un almacén de Petronor, junto al polideportivo municipal de Muskiz.