Cualquiera que tenga tiempo y ganas para indagar en los entresijos de la carrera por vetar a Askatasuna y D3M se asombrará primero y se cabreará después con el nivel de rigor y credibilidad de la Justicia española. No hace falta estudiar Derecho, sólo conocer este país, para diferenciar entre dos Askatasuna distintas, como se revelaba ayer en estas páginas. Y no se requiere habilidad en leyes, sólo sentido común, para percibir que no hay juez ni tribunal capaz de deliberar, decidir y redactar sentencias en un tiempo tan reducido sobre cuestiones tan trascendentales y tan complejas. Se puede hacer, eso sí, si el fiscal y el abogado del Estado cortan y pegan lo que dice la Policía, y si los jueces cortan y pegan a su vez lo que dicen el fiscal y el abogado del Estado.

Se podría organizar todo un concurso de absurdos con lo leído y oído en los últimos días. Ahí van algunas aportaciones: ¿Cómo iban a poder recurrir al Tribunal Constitucional D3M y Askatasuna si Garzón suspendía ayer toda su actividad? ¿Cómo cabe declarar en 2009 «ilícito de origen» a un partido nacido en 1998? ¿Cómo puede contaminar al partido Askatasuna su «llamativa identidad» con la organización Askatasuna si ésta nació bastante después? ¿Cómo se acusa de pertenecer o colaborar con ETA a personas contra las que no se toman medidas cautelares porque se sabe que no lo son? ¿Cómo puede ser relevante el comentario de un preso que se ha enterado de todo esto por los medios y no por ninguna otra vía porque todas sus comunicaciones están intervenidas? Y, en fin, ¿cómo podría promover y controlar semejante tinglado, a pie de calle, una organización tan perseguida y clandestina como ETA?

Hoy día ya nadie niega que la Ley de Partidos fue creada ad hoc contra la izquierda abertzale. Pero ése fue sólo el principio. Cuando ya no resultó suficiente, se creó también una aplicación ad hoc de esa ley ad hoc, que incluía por ejemplo detener e imputar a personas para actuar contra sus listas. Y ahora se ha creado un funcionamiento ad hoc para la aplicación ad hoc de la ley ad hoc, que consiste en que Audiencia Nacional y Tribunal Supremo se vayan pasando la pelotita para certificar la plena eficacia de la jugada.

Toca también, por tanto, actualizar la valoración. Avigdor Lieberman, líder de la ultraderecha sionista, ha dado una pista al pedir que el modelo español en Euskal Herria se aplique también en su país para expulsar a los árabes de las instituciones. Decididamente, la de Zapatero ha pasado de «democracia a la turca» a «democracia a la israelí».