La Comisión de Peticiones del Parlamento de Estrasburgo aprobó por 23 votos a favor, 11 en contra y una abstención un informe que pide la suspensión y revisión de todos los nuevos planes urbanísticos en el Estado español que no respeten el medio ambiente y garanticen el derecho a la propiedad. Amenaza, además, con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas y critica la lentitud de las autoridades judiciales españolas a la hora de dar respuesta a estos casos.

Las duras críticas que contiene el informe salieron adelante pese a que PSOE y PP presentaron un paquete de enmiendas para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias. Sus esfuerzos fueron en vano porque la mayoría de las enmiendas fueron rechazadas y tanto el Partido Socialista Europeo como el Partido Popular Europeo apoyaron e incluso endurecieron el texto original, de la eurodiputada danesa Margrete Auken, de Los Verdes.

La citada Comisión denuncia que «todas las administraciones, central, autonómicas y locales son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto, medioambientales y, además, sociales y económicas». En particular, expresa su «preocupación acerca de la situación de la planificación urbana en Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen, probablemente, la legislación comunitaria».

Asimismo, censura que algunas urbanizaciones se hayan construido en zonas protegidas por la Red Natura 2000, como en Gabo de Gata en Almería y en Murcia.

El informe va más allá al criticar a las autoridades judiciales españolas por «no estar debidamente preparadas» para tratar estos casos y que «las sentencias dictadas no puedan ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos».

«Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la Unión Europea de nacionalidad no española, sobre la falta de actuación y parcialidad de la justicia española», añade el texto. En este sentido, considera «alarmante la falta de confianza generalizada» en el sistema legal. Opina que en el Estado español «se ha generado una forma endémica de corrupción» por no aplicarse adecuadamente las normas sobre propiedad individual y respeto de la naturaleza.

Para hacer frente a esta situación, reclama la derogación de «todas las figuras legales que favorecen la especulación, como el agente urbanizador».

También insta a revisar «urgentemente» y a modificar la Ley de Costas «a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero». Afirma que «las personas que de buena hayan adquirido una propiedad que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles».

El informe será votado en el pleno de la Eurocámara previsiblemente el 26 de marzo. Si sale adelante, será la tercera vez que Estrasburgo censure en la actual legislatura los abusos urbanísticos en el Estado español.