El Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbo ha absuelto a los veinte jóvenes acusados de un presunto «delito de usurpación de bien inmueble» por ocupar durante tres meses una vieja casa abandonada en la bilbaina calle Ribera. Tras la retirada previa de la acusación particular, ejercida por la promotora Hormibal SA, la Fiscalía mantuvo su petición de multa de 1.800 euros para cada uno de los acusados, a quienes se les requirieron fianzas por valor de 48.000 euros.

En la sentencia, la juez Guadalupe Diez rechaza los argumentos del Ministerio Fiscal, puntualizando que lo único que está acreditado es que los jóvenes acusados, junto a otros muchos, ocuparon los números 4 y 5 de la calle Ribera del 27 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, cuando fueron desalojados por la Ertzaintza por orden judicial. La petición de desalojo sí la considera «legítima», al no ser «consentida» la estancia en el interior del inmueble del Casco Viejo pero entiende que no hay delito ya que califica la ocupación de «indebida» en vez de «delictiva» como defendía el fiscal.

En la resolución sí queda probado el «lamentable estado» del edificio adquirido por la promotora Hormibal SA para construir viviendas de lujo, a raíz de que «llevaba muchos años abandonado». Es este extremo el que menciona la juez en su fallo: «De la declaración de los acusados en el acto de la vista oral se desprende que si bien existía conciencia de la ajenidad, el estado de abandono del edificio y sus pésimas condiciones para su habitabilidad permitía considerar y pensar por tales motivos en la completa dejación de su uso por la propiedad».

En su argumentación, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbo señala que no está probado que se comunicara a los okupas la oposición de la propiedad a que estuvieran en la vieja casa «hasta el momento del desalojo». Además, se añade en la sentencia que la acción de los jóvenes fue «más bien reivindicativa que guiada de un propósito patrimonial». Es más, dado el estado de abandono del inmueble ¯los imputados hablaron de más de 18 años sin habitantes regulares- la juez sentencia que «tampoco puede entenderse que -la ocupación- frustrara una expectativa concreta del propietario».

Desde la defensa se mostraron satisfechos por la sentencia, que la calificaron de «lógica». En el juicio, los acusados llegaron a preguntar a la juez por qué nunca se sienta en el banquillo a las instituciones que niegan un derecho básico como es el de la vivienda.

Desde Bilboko Okupazio Mugimendua (BOM), que siempre han insistido en que proseguirán por la vía de la ocupación, denunciaron que este proceso era «un atropello e intento de criminalización para perpetuar la actual situación». La ocupación en la calle Ribera, remarcaron el día del juicio, era un modo de «pasar a la acción, adquiriendo por medio de la ocupación derechos que se nos niegan». Su iniciativa fue respaldada por el propio Consejo de la Juventud de Euskadi.