Ante las elecciones del 1 de marzo
D3M y Askatasuna recuerdan al TC la vulneración del derecho al sufragio universal
Esta medianoche dará comienzo de forma oficial la campaña electoral al Parlamento de Gasteiz, que estará marcada por la decisión del Tribunal Constitucional sobre Askatasuna y D3M. Y es que antes de esa hora, deberá resolver los recursos de amparo presentados contra la anulación de sus candidaturas. En los escritos, la plataforma y el partido denuncian que han sido vulnerados derechos fundamentales como el pluralismo político y el del sufragio activo y pasivo.
Manex ALTUNA | BILBO
El Tribunal Constitucional español admitió ayer al mediodía el recurso de amparo presentado por la representación legal de la plataforma electoral Demokrazia 3.000.000 (D3M) y deberá resolver la reclamación, al igual que ocurre con el planteado por el partido Askatasuna, antes de las 00.00 horas del viernes.
A esa misma hora dará inicio de forma oficial la campaña electoral en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con los ya tradicionales actos de los de los candidatos y mandatarios políticos.
D3M y Askatasuna conocerán durante la jornada de hoy si sus candidaturas son anuladas definitivamente, como sentenció el Tribunal Supremo el domingo. Las defensas de las dos candidaturas abertzales han interpuesto un recurso ante el Constitucional para que revoque la decisión de vetarlas, argumentando que han sido vulnerados derechos fundamentales recogidos en la Constitución española como el pluralismo político y el derecho a elegir y a ser elegido en elecciones.
Asimismo, instan al tribunal a que tenga en consideración las recomendaciones planteadas por el Relator de la ONU para que en los procesos de veto de formaciones políticas y agrupaciones electorales se ofrezcan suficientes garantías jurídicas.
En ese informe, señala que las llamadas medidas antiterroristas no deben utilizarse para limitar los derechos de los partidos políticos y que «toda medida que afecte al ejercicio de los derechos fundamentales en una sociedad democrática debe aplicarse con arreglo a criterios precisos definidos por la ley y respetar los principios de proporcionalidad y necesidad».
En este sentido, la defensa de D3M recuerda en su recurso que la participación de los ciudadanos es la esencia de un estado democrático y de derecho y reclama al Tribunal que valore si se puede «eliminar» de la participación política a la agrupación electoral, relacionándola con otros partidos u organizaciones, sin prueba de cargo, contundente y abundante para ello.
Askatasuna también advierte que a día de hoy es una formación inscrita en el registro de forma legal y denuncia que sus candidaturas han sido anuladas cuando ninguna de las personas que forma parte de las listas tiene su derecho a ser elegido restringido. Como prueba de ello, señala que fueron proclamadas por la Junta Electoral.
Además, recuerda que en 2001 se presentó a las elecciones sin ningún problema y rebate la sentencia del Supremo cuando alega en su contra que personas vinculadas con organizaciones ilegalizadas ocuparon sus listas. Según se argumenta, la Ley de Partidos no fue aprobada hasta 2002 y no se puede aplicar con carácter retroactivo.
Los representantes legales de Askatasuna y D3M reclaman también que es fundamental acreditar si ha sido respetado el ejercicio del derecho a la defensa. Para empezar, explican que el plazo para preparar los procedimientos ha sido escaso.
Las notificaciones se recibieron entre el 4 y 5 de febrero y en tan sólo tres días, pese a que alargaron el plazo en 24 horas, tuvieron que presentar alegaciones, mientras los demandantes contaron con mucho más tiempo. Además, indican que el día 6 tuvieron que presentarse en la Audiencia Nacional al estar citados por el juez Baltasar Garzón.
La defensa de Askatasuna cita como ejemplo que en los procedimientos de ilegalización contra Batasuna, EH o HB las defensas tuvieron para contestar a la demanda un plazo de 20 días. Además, señala que al contrario que en su caso y D3M, pudieron proponer y practicar prueba según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para lo que contaron con otros 20 días.
Exigen un tribunal imparcial
Las defensas hacen referencia en sus escritos a que los dos casos deberían ser enjuiciados por un Tribunal imparcial, como se recoge en un sentencia del Tribunal Europeo de DDHH, ya que la decisión ha estado mediatizada por manifestaciones de representantes del Gobierno español y partidos políticos.
Según rememoran, desde que D3M anunció la intención de presentarse han sido continuas las declaraciones en las que les catalogaban como sucesores de Batasuna y de actuar al servicio de ETA sin dato alguno que así lo corroborara.
Asimismo, critican el valor que concede la sentencia a los informes de Policías y Guardias Civiles y denuncia que gran parte es una transcripción de lo que se recoge tras investigaciones basadas en escuchas telefónicas, registros y seguimientos.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado podrán presentar alegaciones contra los recursos. En el caso de Askatasuna finalizó ayer, mientras a las 15.00 horas de hoy concluye el de D3M.
Las defensas instan en sus recursos al Constitucional a que tenga en consideración las recomendaciones vertidas por la ONU en la aplicación del veto a candidaturas electorales.
Para denunciar que las próximas elecciones «se van a desarrollar condicionadas por la estrategia de criminalización e ilegalización de la izquierda abertzale promovida desde Madrid y aceptada por los partidos vascos», LAB ha convocado sendas concentraciones hoy, a las 12.00, en Bilbo, Gasteiz y Donostia. En la capital guipuzcoana, la movilización se hará frente a la sede del PSE, mientras que en Bilbo y Gasteiz se celebrarán frente a los juzgados.
Ayer, Ainhoa Etxaide, secretaria general de la central sindical, manifestó que la izquierda abertzale, «una opción política que impulsa un proceso de cambios políticos y sociales para Euskal Herria», estará presente en los comicios del 1 de marzo, «por encima de lo que diga Madrid», destacando que las y los trabajadores podrán optar por esta opción.
El monolito que recuerda a los cinco obreros acribillados por la Policía española en 1976 fue testigo ayer de la comparecencia de una treintena de personas, «viejos y viejas militantes», como se definieron, con varias décadas de lucha social, vecinal, política y sindical a sus espaldas. Luchadores de una misma generación que quisieron compartir una «valoración generacional» de lo que sucede en este país. En Gasteiz comparecieron, entre otros, Jesús Valencia, Txomin Ziluaga, Paquita San Bartolomé, Juantxu Oscoz, Andoni Txasko, Tere Ponton, Imanol Olabarria, Agustín Gil, José Luis Martínez Ocio, Iñaki Ruiz de Pinedo, Félix Placer, María Luisa Murgiondo, Pablo Corres, Rosana Moreno y Piru Etxebarrieta. También estaba Romualdo Barroso, padre de uno de los trabajadores muertos aquel fatídico 3 de marzo, que portaba en sus manos el libro sobre aquellos hechos escrito hace años por la periodista Amparo Lasheras, hoy en prisión por encabezar una lista electoral.
Precisamente, las primeras palabras de Jesús Naves y Bego Oleaga, que ejercieron de portavoces, fue para Lasheras e Iñaki Olalde, cuyo encarcelamiento, como el de otras muchas personas, expresa «el grado de degradación al que está llegando esto que llaman democracia». Por ello, reclamaron su libertad y la del resto de los detenidos en esa misma operación.
Recordaron que sus luchas comenzaron en el franquismo, dictadura a la que reconocieron una virtud: «se mostraba tal y como era». «No había margen para la lucha social dentro de la legalidad. La receta era simple; mano dura, y se reconocía abiertamente», evocaron. Dicho esto, repasaron lo acontecido tras la muerte de Franco, cuando «el poder trató de asimilar a toda la izquierda a cambio de ciertas libertades» a fin de «encauzar las ansias de ruptura dentro de los márgenes de lo posible», y donde lo `posible' fue «una democracia formal aunque de baja calidad incluso para el contexto europeo».
Valoraron que han transcurrido «treinta años de una democracia que no nos servía desde un principio, pero cuya deriva represiva y autoritaria en los últimos años está llegando a cuotas impensables hasta hace no mucho». «Hoy, nos encontramos con una democracia que ha optado por dejarse de teatros y formalidades, y vuelve a mostrar lo que, más o menos oculto, siempre ha mantenido en su interior» manifestaron, para, tras denunciar que «es delito todo intento serio por transformar la realidad», reafirmar «la necesidad de una transformación estructural de la sociedad, que sacuda hasta nuestros más básicos cimientos dejándolos irreconocibles».
Una transformación por la que, avisaron, siguen trabajando, para «defender los espacios y herramientas ganados mediante la lucha en otros tiempos», ya que «estamos llegando a tales extremos dictatoriales en nombre de la democracia que, aquí y ahora, está en juego la posibilidad de la práctica disidente».
