A la luz del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que critica en duros términos el urbanismo en el Estado español, generador de «una forma endémica de corrupción», resulta cuando menos ridícula la rasgadura de vestiduras del líder del PP, Mariano Rajoy, rompiendo relaciones con el Ministerio de Justicia por las desavenencias derivadas de los casos de corrupción de electos de su partido. El mismo partido que ayer formó una piña con el PSOE para tratar de suprimir los puntos más duros del informe y posteriormente votar en contra del mismo. Unidos, pero solos, toda vez que ni sus respectivos grupos en el PE les apoyaron. Y es que la denuncia afecta también a ciudadanos de otros estados cuyas quejas originaron éste y dos informes anteriores que censuraban los abusos de la construcción en el Estado español: urbanización masiva, ganancias excesivas, impactos ecológicos, destrucción masiva a base de cemento... En uno de sus puntos, el informe recoge un llamamiento para que la Comisión Europea y el PE suspendan al Estado español las ayudas procedentes de los fondos de cohesión si continúa violando la normativa europea al respecto.

Los principales partidos españoles, irreconciliables por casos concretos de corrupción, aparecen en Europa unidos en defensa de su escandalosa y abusiva práctica urbanística.