Las palabras engañan en este caso. Lo que la izquierda abertzale propugna de cara al 1 de marzo será computado oficialmente como «voto nulo» por el Estado español, pero es justo al contrario. Es el Estado español el que trata de votar nulo a la izquierda abertzale.

Ese Estado es el mismo que se ha pasado 30 años tratando de diluir al independentismo en el calor de las instituciones y ablandarlo en sus salones enmoquetados. Aunque a las generaciones más jóvenes esto pueda parecerles ciencia-ficción, hubo un tiempo no muy lejano en la que el resto de partidos les rogaba que acudieran y en que éstos no veían claro qué réditos podían aportar al país instituciones basadas en su partición, como el Parlamento de Gasteiz. Pero la izquierda abertzale optó libremente por participar, tomando responsabilidades en momentos en que esas instituciones sí podían tirar del carro (ahí está el acuerdo parlamentario de 1998) o condicionando resultados en temas tan claves inicialmente como el nuevo Estatuto o la consulta. Y siempre en una misma dirección, aunque los caminos tuvieran que ser tan retorcidos como el 3+3 del 30-D de 2004.

Visto lo visto, tres décadas después el Estado ha cambiado de «voto». Ha decidido que lo mejor es otra cosa: sacarla, desalojarla, o sea, anularla. Como si eso fuera posible. No pudo hacerlo por las buenas, y ahora lo intenta por las malas.

Medios y representantes políticos se han empeñado en los últimos meses en pronosticar que la izquierda abertzale se autoanularía, se negaría a medirse, se arrugaría, se echaría al monte. Abstenerse les hubiera cargado de razones. Por eso, la apuesta por este voto mal llamado nulo es, en realidad, el modo más claro de desanularse.

La situación no puede resultar más contradictoria. Ese sector al que se trata de presentar como nulo en términos políticos es el más movilizado en cada campaña electoral, ya sea con un mitin o con una manifestación como la convocada ayer en Bilbo. Sería difícil explicarle a un visitante extranjero que ésos que se dice machaconamente que no quieren presentarse ni participar en política son los más activos, los que más reivindican la democracia y, por tanto, los más imposibles de anular. Borrar del mapa político a las decenas de miles de miembros de la izquierda abertzale, sin duda los más comprometidos del país, es tan imposible como querer hacer desaparecer parte del paisaje con una goma de borrar.

Falta por saber hasta qué punto llevará el Estado español esta nueva campaña de anulación. El desenlace del tránsito por juntas electorales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional estaba cantado, pero falta por ver si en este país en que el principio del sufragio universal ha desaparecido se vetaría también demandar democracia en las calles. Garzón y la Ertzaintza lo intentaron ayer, pero miles de abertzales les hicieron frente.

Como ocurre con la ilegalización, el veto constante a la movilización ciudadana también se ha ensayado con anterioridad, y tampoco ha dado frutos. De hecho, se intentó desde el primer minuto. Apenas pasaron 19 días desde que Garzón suspendió a Batasuna y cerró sus sedes (26 de agosto de 2002) hasta que la Ertzaintza cargó contra la multitud -al más puro estilo Pinochet- en la Plaza de Zabalburu de Bilbo (14 de setiembre). Quizás si aquel día la izquierda abertzale se hubiera «abstenido» el Estado habría mantenido su expectativa de lograr resultados. Pero no lo hizo: entre quienes se sentaron en el suelo a aguantar estoicamente el chorro de agua estaba por ejemplo Amparo Lasheras, siete años después enviada a prisión por insistir en querer estar en las elecciones. Es eso a lo que Baltasar Garzón llamó «contumaz rebeldía» en uno de sus autos más esclarecedores.

Tras casi una década de «apar- theid político», el Estado ya tiene pruebas suficientes para constatar que la izquierda abertzale no se va a anular a sí misma, ni por las buenas ni por las malas. Seguramente ya lo sabe, pero simplemente no tenga otra estrategia que la de estos golpes de efecto que en realidad ya están gastados mediáticamente y provocan sólo una insoportable sensación de repetición y hastío. Y los partidos vascos también lo saben. Hubo quienes -como Josu Jon Imaz- pronosticaron varias veces que la izquierda abertzale se disolvería «como un azucarillo». Luego la realidad pone a cada uno en su sitio, y su carrera política ha terminado mucho antes que la larga marcha del independentismo vasco.

Lo ha aprendido, por ejemplo, Aralar. Hace cuatro o cinco años hubiera sido impensable oír a su líder, Patxi Zabaleta, afirmar que a la izquierda abertzale le conviene la persecución policial y judicial, y que en realidad la Policía y Garzón le ayudan. Puede haber quien las interprete como una provocación, pero son otra cosa: la confirmación de que Aralar tiene asumido que no va a lograr llevarse votos de los ilegalizados y renuncia a «echar los tejos» a este sector con discursos que puedan agradar sus oídos. De hecho, los mensajes de esta formación en este inicio de campaña, con propuestas como una Ley de Consultas, buscan claramente pescar ya en otro caladero muy diferente: el del PNV.

Aunque como político de experiencia lo disimule, Patxi Zabaleta es el primero que sabe que Aralar y la izquierda abertzale ilegalizada ya se han «medido de tú a tú» en todos estos años. Alguien podría decir que no ha sido precisamente en una situación de igualdad de condiciones. En los anteriores comicios al Parlamento de Gasteiz, por ejemplo, Aralar gozó de todos los parabienes mediáticos y la izquierda abertzale concurrió con siglas y candidatas desconocidas. Pero dejando de lado esta cuestión y yendo a los datos objetivos, en la anterior votación al Parlamento de Gasteiz EHAK sumó 150.644 votos y Aralar, 28.180. No de de extrañar que Zabaleta o Ezenarro hayan decidido bucear en otras aguas.

El PNV también ha renunciado con claridad e incluso de modo expreso a perder el tiempo tratando de «engatusar» a los votantes de la izquierda abertzale. Y sólo desde EA se advierten, puntualmente, coincidencias en el discurso, pero eso tie- ne otras explicaciones y desarrollos que tendrán que perfilarse, en su caso, después de la cita del 1 de marzo.

Con la apuesta sostenida por acudir a las urnas, la izquierda abertzale muestra que sigue en su sitio tras siete años largos de ilegalización. Ha pasado tiempo y ha habido decepciones paralelas a las expectativas de momentos puntuales, pero la ilegalización ni la ha hecho desaparecer ni ha provocado un efecto de autodisolución. Todo ello se testará de nuevo en las urnas el 1 de marzo.

La ilegalización, por contra, sí ha metido al Estado en un tobogán en el que su credibilidad democrática no para de enfangarse. Ni el pasado año ni hace tres ni hace seis hubo Relator de la ONU que emitiera un informe urgente (su presentación estaba prevista para el 10 de marzo) para alertar a Madrid de que ponga freno a su escalada. Y nunca hasta ahora el «apartheid» español había sido reivindicado como modelo a seguir por la ultraderecha israelí.

Resulta tan patética la imagen que todo ello está dando a Zapatero en el concierto internacional que a la maquinaria propagandística del Estado español no se le ha ocurrido otra salida que ocultarlo. No es casualidad que en las tres últimas ruedas de prensa del Consejo de Ministros o en dos horas de entrevista a su presidente en la televisión pública no haya preguntas sobre una medida inédita como la expulsión de la izquierda abertzale del Parlamento de Gasteiz. Madrid ha impuesto el «apagón» informativo y la fingida «normalidad del Estado de Derecho» porque sabe que lo que pasa lo ven desde la ONU hasta la ultraderecha israelí. Y lo que pasa es muy difícil de explicar.