La diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, pidió ayer amparo al Gobierno español «para que ordene la movilidad y establezca un número de menores no acompañados a atender en virtud de la población de cada provincia», ante la llegada «masiva» de menores a Araba, que, según apuntó, pasó de atender 59 menores inmigrantes no acompañados en 2007 a 178 en 2008.

En rueda de prensa, la diputada explicó que la institución foral «ha redoblado sus esfuerzos» y ha triplicado el presupuesto destinado a este fin. Asimismo, señaló que «se cumple la legalidad y todos los menores están atendidos», para lo que se han «rehabilitado nuevas instalaciones» y «se han creado 51 nuevas plazas», aunque no dio fecha para el nuevo centro de menores de la capital.

Solaguren señaló que aunque «Alava y los alaveses son solidarios, esta solidaridad tiene que ser proporcional y proporcionada a las capacidades de cada uno». La diputada pidió al Ejecutivo de Madrid que «establezca un protocolo de actuación único y homogéneo que evite la movilidad de los menores sin control», algo que consideró como una «perversión y una mala actuación», ya que los menores «no pueden decidir qué institución les atiende». Por ello, Solaguren exigió que «se establezca un número de menores a atender en virtud de la población de cada territorio».

Ana Stern, responsable del grupo de menores inmigrantes no acompañados de SOS Arrazakeria, explicó por su parte que «cada vez que un menor se mueve de un sitio a otro evidencia el fracaso de la actuación que se lleva a cabo hacia este menor; una no asunción de responsabilidades por parte de la administración», porque «como menores tienen que estar protegidos si están en situación de desamparo».

Destaca la falta de datos respecto a este colectivo, lo que, en su opinión, dificulta la comprensión «del fenómeno y la capacidad para darle respuesta».

Las declaraciones de la diputada alavesa coinciden con el cierre del centro de menores de Tolosa, donde en los últimos tiempos se han producido diversos problemas y ayer mismo se registró un incendio que, al parecer, había sido provocado.

El centro ha venido acogiendo en los últimos meses a 50 menores, lejos de lo estipulado en el decreto de Lakua, que cifra en doce el número de plazas.

En torno a este centro, Stern señala que les preocupa «la imagen que se está creando sobre el colectivo de menores inmigrantes no acompañados y los hechos que están ocurriendo». En opinión de Sos Arrazakeria, los hechos registrados en Tolosa «ponen en evidencia que no hemos sido capaces de dar el tratamiento y el enfoque adecuado a esta problemática concreta y responder a las necesidades de este colectivo». Y se pregunta:«¿Qué ofertas de educación estamos proponiendo? ¿Son sólo centros de contención?».

A su juicio, hace falta un debate profundo sobre el tema y replantearse las cuestiones que «están funcionando mal».