En los últimos meses, más de ochenta personas han sido interrogadas tras ser detenidas o convocadas en comisarías y gendarmerías en diferentes localidades de Ipar Euskal Herria en el marco de la investigación sobre varios bares y locales asociativos. Si a éstas se añaden las que han sido interpeladas en relación a otras operaciones y actuaciones desde setiembre de 2007 el número supera, según Askatasuna, los 180.

La semana pasada tuvo lugar una nueva operación, dirigida por un fiscal y veinticinco policías que se desplazaron especialmente desde París a Baiona, en la que al menos diez personas fueron interrogadas en la comisaría de la capital labortana, tres de las cuáles lo fueron tras haber sido arrestadas y sus domicilios registrados.

El organismo antirrepresivo explica que, «además de sufrir fuertes presiones sobre el trabajo o la aportación que han realizado a estos bares asociativos, han sido sistemáticamente interrogadas sobre su militancia».

Estos procedimientos buscarían, a su juicio, «criminalizar un proyecto político y a los militantes que trabajan por él», pero también pretendería «desviarles de su labor principal obligándoles continuamente a justificarse y a defenderse».

Acoso evidente

Para ello, afirma Askatasuna, «cualquier medio es bueno, y los jueces que están al frente de esta ofensiva política ni siquiera se molestan en que sus pretextos sean creíbles. Se trata claramente de acoso».

Estima que con la operación contra los bares asociativos, en realidad «se ataca un proyecto euskaldun, popular; unos espacios de vida, de reunión, información, movilización y solidaridad. Exactamente el modelo contrario al modelo social defendido por el poder».

El organismo antirrepresivo recuerda que en Euskal Herria se han materializado infinidad de proyectos en diversos ámbitos como el de la enseñanza, la agricultura, la cultura, asi como sociales y políticos gracias al «apoyo financiero y al trabajo cotidiano de muchas personas, y asegura que «dicha labor continuará a pesar de las consecuencias de los montajes policiales y judiciales que no tienen otro objetivo que aplastar la izquierda abertzale».

Hace unas semanas, el movimiento antirrepresivo denunciaba que Policía y jueces están «fichando masivamente» a decenas de personas y explicaban el trato «humillante» que muchos de ellos tienen que padecer en comisaría.

Trato vejatorio

Así, se han dado casos de registros íntimos vejatorios «injustificados e innecesarios». Algunas de las personas convocadas han sido simplemente interrogadas, mientras que a otras, se les aplica la condición de detenido en cuanto llegan a la comisaría.

En otras ocasiones, Policía o Gendarmería han procedido a detenerlas en sus domicilos. En casi todos los casos, se les han tomado muestras para posteriores análisis de ADN.

Askatasuna precisa, además, que todo esto se está dando en el marco de una pre-investigación en la que todos los interrogados han sido, hasta el momento, puestos en libertad sin cargos tras haber pasado varias horas e, incluso, días en dependencias policiales. El organismo antirrepresivo reitera «que no aceptan ni aceptarán» este estado de cosas y exige que «pare de inmediato esta represión insensata, se dejen sin efecto los procedimientos judiciales en curso y se respete el derecho de toda persona a construir su presente y su futuro» y hace un llamamiento a acudir a la manifestación de pasado mañana, sábado, en Ziburu.