La oposición del Gobierno español al traspaso de las competencias de Instituciones Penitenciarias al Gobierno de Lakua tiene su base en «la jurisprudencia constitucional y en la política penitenciaria y de seguridad del Estado». Elena Salgado respondió así, en la sesión de control en el Congreso, a una pregunta planteada por el diputado Emilio Olabarria (PNV) sobre si mantiene su negativa a la transferencia de las competencias en materia de Instituciones Penitenciarias al Gobierno de Lakua.

«La posición del Gobierno no es el resultado de reflexiones metajurídicas ni de desconfianza hacia las instituciones vascas, sino que obedece a una posición marcada por la jurisprudencia constitucional y la política penitenciaria y de seguridad del Estado», señaló la titular de Administraciones Públicas.

Respuesta de Olabarria

Por su parte, Olabarria mostró ante el pleno del Congreso un texto con los «100 motivos para el cambio» que proclama el candidato del PSOE a presidir el Ejecutivo de Lakua, Patxi López, entre los que, según afirmó, se encuentran las competencias penitenciarias.

«Lástima que no disponemos de más plenos antes del 1 de marzo, porque si ya los hemos rebajado a 99, con más tiempo igual los dejamos en dos o tres», agregó irónico.

Por su parte, la titular de Administraciones Públicas subrayó que el ordenamiento jurídico establece que para hacer efectivo el traspaso de competencias es necesario un acuerdo entre las partes.

«No se puede decir, porque ahora no hay acuerdo, que no pueda haberlo en el futuro, pero en el tema que nos ocupa no ha podido haber acuerdo históricamente por la discrepancia de posiciones», añadió Salgado.

Sin base constitucional

Acto seguido, indicó que, a diferencia de la Generalitat catalana, que recibió los traspasos en materia de ejecución de legislación penitenciaria, el Gobierno de Lakua «no aceptó que el traspaso se ajustara al sistema de distribución de competencias interpretado por la jurisprudencia constitucional».

En este punto, la ministra de Administraciones Públicas se refirió a la sentencia 104/1998 del Tribunal Constitucional español en la que se desestimaron las «pretensiones» del Gobierno de Lakua, «que sostenía que la coordinación en materia penitenciaria por parte del Estado carecía de base constitucional».

«La respuesta a su demanda se encuentra en la jurisprudencia constitucional», le respondió Elena Salgado al diputado del PNV en el Congreso español.