Elecciones del 1 de marzo
D3M plantea su voto como «un acto de desobediencia civil masivo»
D3M reaccionó a la suspensión de actividades dictada por el juez Baltasar Garzón, por el momento no ejecutada, con una nota en la que sitúa el voto del 1 de marzo como «un acto de desobediencia civil masivo». Asegura que servirá además para «levantar un muro popular frente al nuevo fraude político que pretenden imponer el PSOE y el PNV». En comparecencias en localidades como Gasteiz o Agurain se denunció la situación creada.
I. BIZKARGUENAGA- Z. ETXEBERRIA | GASTEIZ
Antes de decretarse la suspensión de actividades en la noche de anteayer, Demokrazia Hiru Milioi (D3M) había convocado a la prensa ayer al mediodía en la Iglesia del Buen Pastor de Zaramaga, en Gasteiz. Pensaba dar cuenta de la apertura de un local abierto a los vecinos y vecinas de la capital alavesa desde el que, se anunciaba, se iban a realizar diferentes actividades y reuniones con agentes sociales de la ciudad durante los próximos días. El veto oficial obligó a cambiar el programa. El candidato número dos en las listas vetadas de D3M por Araba, Iñaki Ullibarri, que estuvo acompañado por varios integrantes de la plancha electoral, se dirigió a los medios congregados y subrayó que «esta suspensión demuestra otra vez cuál es la calidad democrática del Estado español: absolutamente ninguna».
Otro tanto ocurrió por la tarde en Agurain, donde unas 50 personas se habían congregado para participar en una charla que no se llevó a cabo. Un portavoz recordó que la precampaña estuvo marcada por las detenciones y encarcelamientos, entre ellos el del vecino de la localidad Iñaki Olalde, y afirmó que «ya está bien».
«El Estado español ha hecho una apuesta represiva muy importante, pero nosotros también vamos a seguir haciendo propuestas para hacer usos de las calles y pueblos para llevar a cabo nuestras reivindicaciones», indicó. Añadió que pese a todo la izquierda abertzale va a estar presente en las elecciones, y que el día siguiente, 2 de marzo, habrá un reto pendiente por delante: «Generar un espacio para trabajar en favor del cambio político».
Los congregados mostraron un cartel con un lema en favor de la izquierda abertzale, y la breve convocatoria concluyó con gritos de «Demokrazia Euskal Herriarentzat». Como ocurrió por la mañana en Gasteiz, no hubo presencia policial uniformada en las inmediaciones.
Entre medio, D3M hacía pública una nota en la que sitúa el voto del 1 de marzo con su papeleta como «un acto de desobediencia civil masivo». Llamó a la sociedad vasca a que «ahora más que nunca, vote D3M».
Propone cuatro razones para ello. En primer lugar, dar «un voto rebelde e insumiso, de respuesta a la conculcación sistemática de derechos civiles y políticos y que responda a la re- presión y el apartheid político e institucional, que alimenta la confrontación y el sufrimiento negando soluciones democráticas». En paralelo, «levantar un muro popular frente al nuevo fraude político que pretenden imponer PSOE y PNV». Junto a ello, «impulsar un proceso democrático que conduzca a Euskal Herria, desde el reconocimiento nacional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía vasca, a un escenario de paz y democracia». Y D3M asegura, por último, que se tratará de «un voto de oro que, sin duda, será de gran importancia para el futuro de Euskal Herria».
Silencio total
La suspensión de actividades decretada el martes por Garzón fue recibida ayer con un silencio absoluto por parte del resto de formaciones, que continuaron adelante con su campaña. La única excepción fueron unas declaraciones del consejero de Justicia de Lakua en funciones y dirigente de EA, Joseba Azkarraga, que se reproducen en la página siguiente.
D3M hizo alusión a ello en su mensaje. Se dirigió primero al PSOE, de quien dijo que «no contento con impedir la participación legal de la izquierda abertzale en las elecciones, pretende borrar todo vestigio de su acción política al más puro estilo fascista».
Aseguró que Sabin Etxea comparte objetivo con Ferraz. «PSOE y PNV pretenden evitar el cambio político y social, tan ansiado por la mayoría de la sociedad vasca, y mantener el actual statu quo, que tantos beneficios les reporta. Para ello, pretenden diluir las ansias y la demanda de cambio político y social en una mera reforma del Estatuto de Gernika. Pretenden imponer, bajo la apariencia del cambio, un cambio sin cambio, que perpetúe el actual marco jurídico-político y, con ello, el conflicto político y armado. Y para ello pretenden enterrar las condiciones para el cambio político y social generadas en Lizarra-Garazi. Pretenden enterrar definitivamente Lizarra-Garazi».
Tras asegurar que para ello necesitan debilitar a la izquierda abertzale, esta agrupación electoral que recabó 47.337 firmas para poder concurrir a las urnas afirma que PSOE y PNV «se han repartido los papeles: uno ilegaliza y el otro cumple y hace cumplir las órdenes de Madrid. La última prueba de ello la pudimos ver el otro día en Bilbo», expone en alusión al intento de impedir que miles de personas se manifestaran para exigir democracia.
«Pedimos al PNV que no continúe actuando de mamporrero de Madrid. Pedimos a Ibarretxe que no siga ejerciendo de delegado del Gobierno de Madrid, que no continúe cumpliendo y haciendo cumplir sentencias injustas -añade el texto-. Que se plante, siquiera por una vez, frente a este escandaloso ataque a los derechos y libertades más elementales y que no acepte, sin más, que Madrid cercene la voluntad de la ciudadanía a la que él representa y manipule las ele- cciones que él ha convocado. Y si no, que por lo menos tenga la decencia de no seguir diciendo que el objetivo final de la exclusión de la izquierda abertzale, con la que su partido está colaborando entusiastamente, es debilitar al PNV».
«El PNV se aprovecha»
D3M reprocha además al partido que dirige Iñigo Urkullu que «se aprovecha de las ilegalizaciones, que no es lo mismo. Ahora pide el voto diciendo `que viene el lobo', en referencia a López y evocando las elecciones de 2001, pero ese supuesto lobo es su socio de facto», recuerda.
La formación vetada primero por el Tribunal Supremo y el Constitucional y luego por el juez Baltasar Garzón se pregunta también irónicamente «dónde están EA, IU y Aralar, fervientes defensores de la desobe- diencia civil y el plante democrático al Estado».
«Están callados, ciegos y mudos frente a tamaña injusticia. Más preocupados en calcular la tajada abertzale que la exclusión de la izquierda abertzale va a reportarles que en denunciar este clamoroso ataque a las libertades y derechos democráticos y esta injerencia fascista de Madrid en la vida política de Euskal Herria».
Protestas improvisadas
La suspensión fue firmada por Garzón, a quien D3M tilda de «juez-títere», a través de un auto que ordena cerrar sedes e incluso páginas webs.
Ante el contenido de su escrito, la plataforma resalta que «resulta paradigmático que Garzón evoque el caso de Turquía para intentar justificar la limitación de los derechos de asociación y participación política. Efectivamente, el Estado español se parece demasiado, en lo que a conculcación de derechos se refiere, a estados tan democráticos como Turquía o Israel».
Las protestas improvisadas por la ilegalización han logrado colarse en algunos actos electorales del PSOE y en noticiarios de televisión. A modo de ejemplo, en un informativo de CNN+ de la noche del lunes mientras el locutor de la cadena intervenía en directo desde la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz una persona que denunciaba la exclusión mostraba pegatinas de D3M detrás suyo.
Con otro signo, el represivo, es como han terminado todos los actos llevados a cabo en Sestao desde el arranque de la campaña. El martes, sin ir más lejos, la Ertzaintza identificó y golpeó a una persona que realizaba propaganda de D3M mediante megafonía, además de identificar a varias personas. Identificaciones que volvieron a repetirse ayer, junto a los porrazos contra quienes colocaron una jaima de D3M. Acto seguido, la protesta se trasladó a la oficina electoral del PNV, que también fue abortada con porrazos de la Ertzaintza y donde, según agencias, se realizaron pintadas.
La formación jeltzale calificó lo ocurrido de asalto y afirmó que otro tanto ocurrió en una oficina electoral situada en el barrio bilbaino de Abusu. Dijo que en ambos casos actuaron encapuchados.
El martes, en Abanto, 90 vecinos se concentraron en exigencia de democracia.
Joseba Azkarraga acusó ayer al PSOE de ser el responsable real de esta nueva medida contra la izquierda abertzale. Aseguró que decisiones como ésta buscan «distorsionar la composición del Parlamento Vasco, al servicio del PSE» y que se ejecutan a través de actuaciones que «tienen muy poco que ver con la Justicia y mucho con la política partidista». El consejero de Justicia del Gobierno de Lakua y dirigente de EA se manifestó así en una rueda de prensa ofrecida ayer en Bilbo, en la que apuntó además que «esto, en cualquier lugar el mundo tiene un nombre», aunque a continuación se negó a precisar a qué término concreto se refería con ello.
La portavoz del grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, denunció ayer de nuevo la persecución al independentismo vasco. Lo hizo a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en Bilbo, a donde fueron a declarar siete compañeras suyas, en calidad de testigos, en el marco de la causa abierta contra EHAK en relación con la ilegalización de Batasuna.
Erauskin incidió en que el motivo de su comparecencia ante el juez Antonio García hay que buscarla en la Ley de Partidos, «que se hizo a propuesta del PSOE y del PP». «Es una ley por la cual hay muchas personas judicializadas y criminalizadas por su aplicación y hoy nos toca a nosotras, a siete parlamentarias que tienen que venir a testificar delante del juez por hacer un trabajo político, parlamentario», subrayó ante los medios de comunicación presentes.
Las siete representantes abertzales llamadas por el magistrado eran Maite Aranburu, Ane Auzmendi, Itziar Basterrika, Katalin de Madariaga, Aintzane Garate, Julián Martínez y Aiora Mitxelana, que acudieron acompañadas de su abogada, Jone Goirizelaia. A Erauskin y Karmele Berasategi ya les tomó declaración García en el mes de octubre en calidad de imputadas.
La persecución contra el trabajo de las parlamentarias independentistas fue destacada por Erauskin, que remarcó que estas prácticas «no ocurren en ningún sitio de Europa, sólo aquí». Recordó que es posible gracias a una legislación «que no deja que todas las opciones políticas puedan hacer su trabajo político en las mismas condiciones. No permite -subrayó- que todas las opciones políticas puedan presentarse a las elecciones». A preguntas de los periodistas, respondió que la suspensión de actividades de D3M y Askatasuna es otro ejemplo.
Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK) se inscribió como partido en 2002, tres meses después de la aprobación por PP y PSOE de la Ley de Partidos, siendo ministro del Interior Ángel Acebes. Presentó candidaturas a los comicios autonómicos de 2005 y, a raíz de la ilegalización de Aukera Guztiak, las puso a disposición de quienes defendieran la democracia, la paz y la libre participación de todas las opciones políticas frente a las ilegalizaciones. En esa cita electoral concitó el respaldo de 150.644 ciudadanos y le correspondieron nueve representantes en el Parlamento de Gasteiz. No lo tuvieron fácil ya que antes el PP pidió que se les investigase.
En enero de 2007, las huestes de Rajoy volvieron a intentarlo, presentando otra iniciativa en el Congreso, que fue rechazada por la mayoría. Incluso un informe de la Guardia Civil desestimó que EHAK estuviese «subordinada a ETA».
La carrera ilegalizadora contra estas siglas y ANV llegaría a partir de enero de 2008 por la vía de la suspensión de actividades, de la mano del juez Garzón, y del Supremo. El magistrado imputó el 8 de febrero a varios militantes de EHAK y decretó la suspensión. La ilegalización en el Supremo llegaría el 18 de setiembre.
Al adoptar este tribunal unas medidas cautelares contra el partido, la presidenta de la Cámara, la jeltzale Izaskun Bilbao, dejó de pagarles la subvención por grupo y escaño. Los intentos de Ezker Abertzalea por cobrar más de 500.000 euros finalizó en diciembre con la presentación de una denuncia contra la Mesa del Parlamento.
