El trabajado programa electoral del PNV dedica un apartado específico a dejar patente su interés en que la opinión de la ciudadanía sea tenida en cuenta y, para ello, encabeza uno de sus apartados con el título «Desarrollar la capacidad de consultar a los ciudadanos y ciudadanas vascas». Para la forma- ción jeltzale, «la consulta directa a la ciudadanía es un instrumento de participación democrática que funciona con nor- malidad en los países más avanzados y al que no podemos renunciar para mejorar nuestra calidad de vida», y por ello propone tres iniciativas:

En primer lugar, una Ley de Participación Ciudadana que «regule esta práctica de profundización e innovación democrática». «Esta ley incluirá la reducción -de las 30.000 actuales a 15.000- de las firmas necesarias para impulsar una iniciativa Legislativa Popular y la incorporación de procesos participativos a todos los proyectos de gran calado social».

Junto a esta ley, el PNV anuncia también que promoverá la apertura de «ventanas electrónicas de participación» para «recoger la opinión ciudadana sobre las materias de mayor interés social», así como un «Libro Blanco de la Democracia Local» en el que «participen expertos en la materia, responsables locales y académicos, con el objetivo de estudiar y adaptar a nuestro contexto las diferenes prácticas de democracia local que ya existen a nivel internacional».

Toda una declaración de intenciones que seguramente aplaudirían muchas personas que opinan que la voz de los ciudadanos y ciudadanas no es suficientemente atendida por las instituciones.

Nota de Interior

El problema surge, sin embargo, cuando se trata de pasar lo escrito en un programa a la realidad cotidiana, y ésta demuestra que el PNV no se caracteriza por dar la palabra al pueblo, al menos en los temas en los que podría chocar con sus intereses. Como muestra, el botón de Muskiz.

En esta localidad de Meatzaldea la Coordinadora Anti-Coke pretende celebrar el mismo 1 de marzo una consulta popular sobre la Unidad de Reducción de Fueloil (URF), popularmente conocida como la planta de coque. Con esta iniciativa, pretenden que los vecinos de Muskiz expresen su opinión sobre una infraestructura que ha sido objeto de una importante contestación en el municipio.

Sin embargo, desde el Departamento de Interior salieron el martes al paso de estos planes, y avisaron a través de una nota que la consulta no se podrá celebrar utilizando los colegios electorales. Argumenta la Consejería que dirige Javier Balza que «el primer requisito» establecido en la Ley de Bases de Régimen Local para compatibilizar un proceso electoral con una consulta es que la iniciativa haya sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.

Esto no ha sucedido en Muskiz. La Coordinadora, de hecho, asumió la organización de la consulta porque el consistorio rechazó en pleno la propuesta de organizarla, que venía avalada por 1.200 firmas.

Lo que sucede es que el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Muskiz a dar luz verde a la organización de la consulta fue propiciado por el PNV, que en aquella sesión del 11 de diciembre de 2008 no quiso votar a favor de la propuesta ciudadana -al igual que el PSE, que gobierna en esta localidad junto a EA-, y fue EA la única que avaló la consulta.

De esta forma, lo que el Departamento de Interior de Lakua hace con la anunciada prohibición no es sino dar el paso consecuente al veto impuesto por el partido que lo dirige. El mismo partido que apuesta en su programa electoral por desarrollar instrumentos de participación ciudadana «para los proyectos institucionales más significativos o de mayor impacto social».

TAV, Zornotza...

Otros ejemplos prácticos de la «descoordinación» entre quienes escriben el programa electoral del PNV y quienes dirigen su actividad a pie de tierra son las consultas populares organizadas en las localidades por donde está previsto que pase el Tren de Alta Velocidad -la última el pasado fin de semana en Legorreta- o la consulta que se hizo en Zornotza sobre la central térmica de Boroa, en cuyo caso la formación jeltzale no ha aplicado la máxima de que preguntar a los vecinos y vecinas es una herramienta a la que «no podemos renunciar para mejorar nuestra calidad de vida».

En Muskiz, en cualquier caso, tienen claro que el 1 de marzo, además de votar como en el resto de los pueblos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, también quieren decidir sobre una infraestructura que Petronor pretende empezar a construir antes incluso de esa fecha.