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Elecciones del 1 de marzo

El miedo al «voto de oro» obliga a nuevos pasos represivos

 Ibarretxe no podía plantear la campaña electoral sobre los mismos ejes que las anteriores. A las bases del partido que le apoyaron en sus planes y su consulta les ofrece, para consolarse y lavar conciencias, el discurso sobre la crisis.

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Análisis | Iñaki ALTUNA

La última resolución del juez Garzón introduce nuevos obstáculos al objetivo de la izquierda abertzale de llenar las urnas de votos independentistas y a favor del cambio político. Mientras tanto, los candidatos utilizan la trascendental cuestión de la crisis económica para manejarse en campaña según sus propios intereses. Especial atención merecen los objetivos del discurso de Ibarretxe sobre este tema.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de suspender las actividades de la plataforma Domokrazia Hiru Milioi (D3M) y del partido Askatasuna tiene un significado más profundo que el que pudiera haber tenido hace unos días, cuando se esperaba esta medida con la imputación ad hoc realizada contra sus responsables. Después, parecía que el juez se tomaba su tiempo, mientras el Tribunal Supremo, primero, y el Constitucional, después, anulaban las listas de los independentistas de izquierdas. Sin embargo, ahora todo hace indicar que el Gobierno del PSOE, mediante el siempre dispuesto togado estrella, se ha visto obligado a intervenir para intentar cortar, con más ahínco, el paso a la izquierda abertzale.

Al parecer, los estrategas del Ejecutivo de Zapatero no las tienen todas consigo y, si bien han logrado que los votos a D3M vayan a ser declarados nulos en el recuento del 1 de marzo, ven un peligro creciente de que el independentismo vasco se reafirme en las urnas. A ello contribuiría la actividad que, con todas las limitaciones derivadas de la dura situación, se está llevando a cabo en diferentes localidades vascas y que está teniendo cierto eco, pese al constante boicot que desde las instancias del poder se ejerce contra el llamado «voto de oro». El simple hecho de que anteayer se difundiera que la papeleta de D3M podía ser obtenida en su página web provocó inquietud en algunas ediciones digitales de diferentes periódicos españoles, siempre atentos a la hora se señalar dónde debe caer el siguiente hachazo represivo.

De la decisión del juez se deduce que desalojar a la izquierda abertzale del Parlamento de Gasteiz no sería un triunfo tan extraordinario si, por el contrario, las urnas aparecen repletas de las papeletas proscritas. La diferencia entre legalidad y legitimidad sería enorme, y quienes propugnan un proceso democrático que cambie de raíz las reglas del juego verían reforzadas sus posiciones frente a quienes intentan, por enésima vez, una estrategia de derrota total del enemigo, en este caso, del movimiento independentista. Se reforzaría la necesidad del cambio político en toda su intensidad y permitiría a quienes lo persiguen plantear nuevas iniciativas después del choque electoral.

El miedo que todo ello produce en las esferas del poder deriva en la decisión de intentar parar la dinámica de campaña que viene realizando la plataforma popular, y para hacerlo utilizan el único modo que conocen: la represión, que, dicho sea de paso, comenzó a aplicar desde el minuto uno el Ejecutivo de Ibarretxe mediante la Ertzaintza, sin esperar a la resolución judicial de suspensión de actividades. Queda por ver en qué se concretará en adelante esta última resolución del juez Garzón.

En cualquier caso, habrá que colegir que la decisión de la izquierda abertzale de seguir ocupando en el terreno electoral el sitio que le corresponde resulta, de entrada, un acierto político. «Del enemigo el consejo», dice el refranero español para indicar que, muchas veces, es el oponente quien demuestra la conveniencia o no de una determinada iniciativa. A la vista de la reacción que ha generado la decisión de la izquierda abertzale, sólo se puede decir que esta última hace frente directamente al núcleo de la estrategia del Estado, que no es otro que el de quebrar la actuación estrictamente política del independentismo, en concreto en los campos de la contienda electoral, el trabajo institucional y la actuación en la calle.

El Estado pretende desalojar del terreno político al independentismo porque no pudo integrarlo en el sistema cuando era tiempo de asentar la transición española, y porque ahora lo quiere dejar fuera de juego al haberse abierto, en estos diez años, la posibilidad del cambio político. En aquel primer periodo, la izquierda abertzale realizó una intervención político-institucional desigual (desde la participación permanente en ayuntamientos hasta la ausencia total en Madrid, pasando por la intervención puntual en Gasteiz e Iruñea) para desgastar el entramado emanado de la Constitución española, y ahora quiere estar presente para alentar el tan mencionado cambio político y, sobre todo, condicionar su orientación hasta evitar fraudes y garantizar los contenidos para una resolución justa del conflicto. Y eso el Estado lo sabe.

La quiebra democrática que con actuaciones como las de Garzón se está produciendo en estas elecciones no parece alterar a los candidatos y fuerzas «legales». Las estrategias están ya fijadas, y se resisten a cualquier variación. Así, ha tomado total centralidad un tema que realmente la requiere, como es el de la crisis económica, pero, seguramente, desde otro punto de vista, y no para atender a las necesidades políticas del candidato de turno.

La utilización de la cuestión económica merece un análisis más concreto en el caso del aspirante del PNV, Juan José Ibarretxe, pues su discurso tiene diferentes destinatarios y objetivos. Uno de ellos, no se sabe si el primero y el más importantes, es buscar un campo de enfrentamiento cómodo con el PSE y Patxi López. Sabe que al PSOE no le dan las cuentas económicas en Madrid y que ello sería motivo de serio desgaste para Zapatero si no fuera por que el PP está hecho unos zorros con sus disputas internas.

Por estos pagos, el lehendakari quiere sacar permanentemente a colación la mala situación económica española para erosionar la credibilidad de quienes pretenden gobernar la CAV cuando presentan tan malos resultados en el Estado español. Para ello, utiliza la nada nueva táctica de confundir partido y país, con lo que se apodera del trabajo de toda la ciudadanía de los tres territorios para lanzar los datos menos malos de la CAV -respecto al Estado- a la cara de López. De su responsabilidad sobre las dificultades crecientes en los tres territorios no dice nada. La verdad es que el PNV ha tenido siempre mucho arte para estar en el gobierno y abordar la carga de responsabilidad sobre los problemas como si fuese la oposición.

El segundo gran destinatario del discurso económico de Ibarretxe se encuentra en los sectores de su partido que durante los últimos años han estado molestos por las veleidades en las que, a su juicio, caía Ibarretxe. Son aquellos que estaban hartos de tanto plan y tanta consulta, y añoran tiempos como los de Ardanza. Son aquellos que ganaron en el relevo a Arzalluz frente al EBB, pero, sin embargo, no han podido controlar como hubiesen querido a Ibarretxe, por lo menos hasta ahora. El discurso económico, acompañado de ese límite de no hablar nada más allá del Estatuto vigente, confirma el último capítulo del final de todo lo que huela a los temas estrella de las dos últimas legislaturas.

Esos sectores difunden la idea de que la reclamación de más soberanía -aun siendo sólo retórica- y el desarrollo económico son cuestiones a diferenciar, porque según ellos lo primero va en detrimento de lo segundo. No se sabe muy bien por qué, pero esas ideas tienen cierto éxito, pese a que nada mejor para la fortaleza económica como la soberanía política.

Los terceros destinatarios del mensaje de Ibarretxe son aquellos que desde sus propias filas le han apoyado más abiertamente en las iniciativas de nuevo Estatuto y de consulta. Centrar la atención en un tema tan importante como la crisis les permite asumir sin demasiadas contradicciones, y sin sentirse traicionados, el final de viraje del PNV. Les prometieron una consulta popular el 25 de octubre, sí o sí, y se encontraron con unas simples concentraciones. Ibarretxe, en las circunstancias actuales, no podía plantear la campaña electoral sobre los mismos ejes que las anteriores, por lo que la cuestión de la crisis les sirve, sin duda, para consolarse y lavar conciencias, aunque sea ciertamente una cues- tión de gran importancia.

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