Ha hecho falta que se desborden los acontecimientos, que ardan las barricadas y unas decenas de comercios, para que la lupa se haya situado sobre la insostenible situación social que soportan las plazas coloniales de las Antillas.

La periferia de la Unión Europea atesora tasas de desempleo «oficiales» de entre el 22% y el 25%, unos precios exorbitados en los productos básicos, una usurpación constante de territorio en favor de operadores turísticos y una gobernanza a cargo de una élite dispuesta a servirse a beneficio propio del asistencialismo que propone la Metrópoli como único modelo de desarrollo económico.

El desempleo en las Antillas dobla con creces la tasa en el Hexágono, y los ingresos de los trabajadores de Guadalupe, Martinica, Reunión o Guyana se sitúan habitualmente en los aledaños del ingreso básico hexagonal.

Los agravios no acaban ahí. Los precios en las islas galopan sin aparente control, hasta alcanzar situaciones tan hirientes como que los produc- tos agrícolas locales les cuesten menos a un habitante de París que al consumidor que los adquiera, pongamos en Pointe-à-Pitre. Por descontado, los «blancos criollos» controlan con sus empresas las vías de exportación y distribución de productos básicos.

Los 60 años de departamentalización arrojan un balance ciertamente pobre en Guadalupe, donde los puestos de gestión, tanto en el sector público como en el privado, son ocupados mayoritariamente por ciudadanos originarios del Hexágono. Y ello pese a que la tasa de titulaciones superiores en la población insular no ha dejado de aumentar, particularmente en la última década.

La lógica colonial depauperó a los padres de los jóvenes que plantan cara a los blindados policiales -quizás me flaquea la memoria, pero ¿alguien recuerda una interven- ción policial con ese armamento de guerra en las calles francesas?- y hoy trata de imponer el mismo horizonte de dependencia a una generación a la que se ha educado, teóricamente, para asumir responsabilidades.

En palabras de Christiane Taubira, diputado guayanés adscrito al grupo Diversos de Izquierda, la situación en Guadelupe «roza el apartheid social». Y lo que es más grave, pocos confían en que el proyecto de ley «para el desarrollo de Ultramar» que debatirá el Senado francés en marzo vaya a servir para cambiar las cosas.

El texto que vio la luz en julio de 2008, y que pivota básicamente sobre las exoneraciones fiscales y las subvenciones a la «movilidad laboral» de los trabajadores, se ha visto desbordado por los acontecimientos de las últimas semanas.

La lógica de ayuda, de asistencia, de subvención. En definitiva, la política de la tutela choca frontalmente con la tabla de reivindicaciones de los trabajadores antillanos que mantienen desde hace un mes en jaque a las autoridades y a las empresas implantadas en las islas. Piden la intervención de precios, la subida de salarios... pero, por encima de todo, los instrumentos que les permitan dirigir sus destinos.

El 72 % de los guadalupeños que demandan un empleo tienen ingresos sensiblemente inferiores al salario mínimo o Smic (fijado desde julio de 2008 en los 8,71 euros por hora trabajada, sobre la base de la semana laboral de 35 horas); el 8% de la población depende del RMI o salario de pobreza para subsistir (447,91 euros al mes para una persona que no cuente con una ayuda suplementaria para pagar la vivienda). De los 450.000 habitantes locales, más de 60.000 viven en viviendas tipificadas como insalubres.

La gota ha colmado el vaso. Y en las calles antillanas no se demandan subvenciones ni rebajas fiscales. Se pelea por la dignidad. Una reivindicación que encaja difícilmente en los esquemas políticos de Nicolas Sarkozy, y que probablemente tampoco pueden defender con total solvencia los representantes de la República en las Antillas, a los que recibe el presidente galo en precipitada cumbre.