Una nueva campaña electoral va tocando a su fin. Campaña anodina y triste donde las haya habido. Llena de promesas, pero sin abordar los problemas de fondo. Sin alternativas a la actual crisis institucional y con remiendos ante la grave recesión económica. Los partidos se echan mutuamente los trastos, pero apenas se diferencian entre sí, sólo apuntan matices dentro de la aceptación general de la «democracia a la española» que se nos impone a los vascos y vascas.

Todos dan por válido -a excepción de EA, que en esta campaña utiliza un lenguaje que apunta hacia un cambio jurídico-político- el marco impuesto por la Constitución, estatus jurídico por el que a Euskal Herria se le condena a su progresiva asimilación en la España Una y Grande del neofranquismo. Y esa unanimidad en la campaña ha sido especialmente cuidada para apoyar fervientemente la decisión, hace tiempo adoptada por las estructuras de Estado español, de perseguir con saña cualquier actividad política encaminada a poner en tela de juicio el statu quo actual.

La actitud adoptada por la gran mayoría de los políticos ante la escandalosa ilegalización de dos listas electorales, con argumentos peregrinos e impresentables ante cualquier mente que razona, resulta preocupante e inadmisible. Preocupante, porque tanta sumisión y silencio ante las «razones de estado» que llevan a cometer semejantes irregularidades dice mucho de la falta de cultura democrática de la denominada clase política. E inadmisible porque los mismos que constantemente nos criminalizan por no condenar a ETA justifican sin ruborizarse la violación sistemática de los derechos civiles y políticos de miles de ciudadanos. ¿Cómo pueden afirmar que ellos defienden los derechos humanos de todos y todas cuando solamente critican las expresiones de violencia de una de las partes en litigio y justifican las muy numerosas expresiones de la violencia del Estado? Por ejemplo,0 los frecuentes casos de torturas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, una escandalosa política de castigo y venganza para con los presos y presas, más de 600 candidaturas ilegalizadas, etcétera.

Durante la campaña electoral, una vez logrado el objetivo de ilegalizar la única opción rebelde y combativa, los partidos han acordado olvidarse, no hacer ninguna mención del carácter antidemocrático de estas elecciones. Pero en los días previos a la misma, justo cuando estaba en juego al menos formalmente la presencia o no de D3M y Askatasuna, los distintos estamentos han actuado como si tuvieran encomendada una función complementaria perfectamente calculada. Los policías, los jueces, la prensa y la clase política se apoyan mutuamente para hacer desaparecer a la izquierda abertzale. Así, en la noche del 23 de enero, la Policía detiene a 10 militantes y registra de madrugada y de manera violenta numerosos domicilios de personas públicas con el objetivo de criminalizar de antemano ante la opinión pública; a los pocos días los jueces ilegalizan sin aportar ningún argumento mínimamente serio, utilizando simplemente los informes policiales; al unísono, los grandes medios de comunicación lo justifican porque «todo es ETA». Y ¿cuál es la función que reservan a los políticos? Desvirtuar y quitarle importancia en unos casos y culpabilizar de todo ello a las propias víctimas por parte de otros.

El PSOE, que por boca de Rubalcaba ya había anunciado 6 meses antes que «ninguna opción electoral de la izquierda abertzale va a participar en las próximas elecciones autonómicas», nos vienen ahora con la justificación de que es una decisión de los jueces y que en ningún caso se trata de ilegalizar ideas y proyectos políticos. Han apostado por la ilegalización, pero no tienen la osadía de defenderla ante la sociedad. El PNV ha minimizado la gravedad de la ilegalización intentando utilizarla en su beneficio: «El PSOE ha ilegalizado simplemente por cálculo electoral». O con frases aún más vergonzosas, como la del Sr. Erkoreka: «el PSOE negocia con la izquierda abertzale la ilegalización». Y como colofón de los despropósitos, está la postura de Patxi Zabaleta en Radio Euskadi: «a Batasuna le apoya Garzón, el Estado y la Policía». ¿A qué obedece tanto despropósito y falsedad? ¿A quién quiere contentar el Sr. Zabaleta con tanta agresividad hacia sus ex compañeros, perseguidos y encarcelados por intentar realizar una actividad política?

El voto que más vale el 1 de marzo es precisamente aquél que los aparatos del Estado y sus acompañantes han ilegalizado. Y por muchas razones podemos defender el valor extraordinariamente útil del mismo, pero hay tres argumentos de peso -entre otros muchos claro está- que merece la pena reseñar.

En primer lugar, es una apuesta de gran valía para poder retomar nuevamente la iniciativa política desde una postura de fortaleza. A pesar de tener a más de cien dirigentes políticos encarcelados o policial y judicialmente neutralizados para poder ejercer una actividad política en mínimas condiciones de normalidad, la izquierda abertzale tiene capacidad e imaginación para volver a desbloquear la actual situación de impasse y sufrimiento. El Estado español se encuentra más o menos cómodo en estas coordenadas en las que el debate político es substituido por la represión policial, y en esas condiciones no le importa alargar el conflicto. La izquierda abertzale es la que puede volver a generar en este pueblo ilusión y confianza con nuevas iniciativas de hondo calado. Un apoyo sólido en las urnas ayuda para actuar con confianza y determinación. La afirmación de «a más represión, más iniciativa política» no es un simple eslogan, sino la dirección política que nos debe orientar en esta importante encrucijada.

En segundo lugar, es una apuesta para poder impulsar un nuevo proceso de diálogo y negociación. No nos cansaremos de repetir que el Estado español, al igual que el francés, tiene un problema con Euskal Herria y no con la izquierda abertzale ni con ETA. Es un largo contencioso que exige soluciones políticas de estado. Y los problemas políticos, en todas las partes del mundo, se solucionan solamente por medio del diálogo y la negociación, porque las respuestas policiales no hacen más que enquistar y enconar la actitud de las partes. Y en este camino del diálogo es evidente que no partimos de cero, que hay mucho camino andado. Por una parte, el método propuesto en Anoeta sigue teniendo total vigencia y, por otra parte, las bases acordadas en Loiola suponen un punto de partida interesante.

Curiosamente en esta campaña es un tema que no se ha debatido en profundidad. Aunque sea uno de los problemas que preocupe a la sociedad, los partidos parecen mirar a otro lado, como si tuvieran miedo a abordarlo. Aun así, las pocas referencias que se realizan sobre el particular siempre mencionan como elemento fundamental el diálogo entre partidos. Así, Ibarretxe desde Irlanda llama al entendimiento entre los distintos partidos políticos, y una de las promesas más repetidas de Patxi López es la de escuchar a todos ellos. ¿Tendrán la valentía que otras veces les ha faltado para abordar de una vez por todas el tema de la superación del conflicto en toda su dimensión política?

Para que un nuevo proceso de diálogo y negociación sea posible hay dos condiciones elementales. La primera, y fundamental, es que haya voluntad de respetar los derechos democráticos de nuestro pueblo. Por otra parte, algo tan básico como que participen todas las fuerzas políticas, sin exclusiones. Un proceso que conlleva superar la actual situación de ilegalización permanente de uno de los actores más determinantes y con más voluntad para lograr un escenario en el que todas las opciones puedan competir en igualdad de condiciones, incluido el movimiento independentista.

Por último, ese voto servirá para liderar un reagrupamiento de los soberanistas e independentistas. Ni Madrid ni París nos van a regalar nada a los vascos y a las vascas. En consecuencia, un proceso de diálogo tiene futuro en la medida en que se aborde desde una situación de unidad y con acuerdos políticos básicos entre las fuerzas sociales, sindicales y políticas de Euskal Herria.

Estamos lejos de lograr ese objetivo, pero va llegando el momento de ponernos manos a la obra con el objeto de aglutinar a todos los sectores que desde una posición progresista y de izquierdas apuesten resueltamente por la soberanía cultural, económica y política para la sociedad vasca. La propuesta de LAB a ELA vuelve a abrir la ventana a la esperanza. Tarea tan difícil como necesaria. Camino que exige esfuerzo y compromiso, pero imprescindible para nuestro futuro como pueblo.

En esta larga carrera en la lucha por la soberanía, el día 1 de marzo corremos una etapa importante pero en absoluto definitiva. Los miles de votos independentistas serán los que ayuden a despertar nuevamente la ilusión y la fuerza para nuevos compromisos.