Un modelo que no cubre necesidades básicas pero ayuda a los que mas tienen a tener aún más
Ya en el siglo IV. A. C. Platón defendía que para que el sector público sea legítimo tiene que cumplir éticamente una serie de funciones que le ha encomendado la sociedad. Así, la no distribución de la riqueza y la no cobertura de las necesidades sociales que padecemos hoy en día no legitimarían a un sector público que se aleja cada día más del pueblo.
Amaia ZURUTUZA
La gran concentración de riqueza en muy pocas manos, y la precariedad social colectiva, muestra la falta de democracia económica que padecemos en Euskal Herria. Un Gobierno que fuera realmente social podría redistribuir bien la riqueza de su pueblo en pro de un bienestar colectivo. Pero no es la opción elegida de nuestros gobernantes, que mediante los presupuestos no hacen más que ahondar en las diferencias sociales. Estas y muchas otras ideas expuso Nekane Jurado, economista y miembro de Elkartzen, plataforma contra la precariedad y la exclusión social, en una charla organizada la semana pasada en Donostia.
Democracia sería algo así como forma de organización de grupos de personas donde la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Y la democracia participativa sería algo así como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos para ello, como serian los referéndumes.
Y economía sería el estudio de las relaciones sociales relacionados con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendiendo estos procesos como medios para satisfacer las necesidades humanas de ese grupo.
Por la división territorial que imponen a nuestro pueblo, en el caso de Hego Euskal Herria, son el Gobierno de Lakua y el de Nafarroa y el propio Gobierno del Estado español los órganos públicos que deberían de llevar a cabo la organización democrática de la economía, es decir de los procesos para satisfacer las necesidades humanas. Para ello existe un documento de base, que es el documento presupuestario. «El documento más importante de la política económica», como dijo Jurado. Ya que «la actividad del sector público debe de materializarse en un programa económico, y ese programa es sustentado por los presupuestos».
«Los Estados tienen unas determinadas funciones que cumplir, al nivel de desglose que se quiera, y para llevar a cabo esas funciones utiliza los presupuestos», apuntó. Así el sector público actúa en la actividad económica, que debería de estar orientada a la satisfacción de las necesidades, y en general a la organización social. El debate en torno al sector público se centra en el modo de organización, en cómo se organiza una sociedad, a la que siempre debe servir.
Recordaba al comienzo de su exposición Nekane Jurado que ya Platón, en su obra «La República», desarrolló una teoría política para la organización social ideal de una comunidad, en la que resaltaba que toda decisión que se tome debe centrarse en valores colectivos y de interés común, y todo ello con unos gobernantes buenos y justos.
CEGUERA CIUDADANA
Pero la práctica democrática o el objetivo del bienestar colectivo quedan más bien lejos de la realidad que nos envuelve. Aunque los que tienen el poder, el control del sector público, no se harten de hablar de democracia o de bienestar, como dijo Jurado «hay una ceguera ciudadana, incapaz de detectar este gran fraude». El sector público necesita recursos para realizar las funciones que se le han asignado. Para ello, debe de recaudar para luego gastar-invertir. Como dijo Jurado en ese deber «los presupuestos constituyen el reflejo más claro y preciso de las prioridades gubernamentales, más allá de declaraciones». «Los gobiernos no son neutrales al desarrollar un documento presupuestario u otro. Un gobierno sólo puede proclamarse legítimo cuando utiliza el sector público, en este caso los presupuestos, para reequilibrar las desigualdades sociales», añadió.
Profundizando en la esencia democrática, los presupuestos se deberían de conformar mediante la participación ciudadana, lo que llamaríamos, unos presupuestos participativos. Presupuestos participativos se podría definir como una herramienta para la participación y la gestión de un espacio, con la que la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos de esa ciudad. El principal objetivo de esta forma de elaboración de los presupuestos sería la participación directa de la ciudadanía en este proceso. ¿Para que? Para establecer las principales demandas y preocupaciones de los vecinos.
Por su parte este modelo aporta cuestiones como el asentamiento de la idea de una ciudad activa, haciendo partícipe al vecino y vecina de la marcha de la ciudad. «Entender en definitiva, la gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras vidas, y que podemos, no sólo participar, sino también decidir sobre estos asuntos públicos», como dijo Jurado. Las ventajas de este sistema serían varias, como una mejora de la comunicación entre administración, o sector público, y ciudadanos, generando espacios de interlocución entre políticos, vecinos, colectivos y técnicos; la superación de la lógica de la participación representativa que la limita a votar cada cuatro años; el fomento de la reflexión activa y la solidaridad, ya que tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto. Asimismo abre espacios de participación, de participar para decidir. En definitiva es la apropiación de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía. Lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia.
En este sentido, Jurado reivindicó la necesidad de desarrollar un modelo de presupuestos participativos. «En estos momentos donde se nos cierran tantas vías de participación, los presupuestos pueden ser un instrumento clave para el desarrollo de una política social», dijo. «Si queremos participar en el campo público, y tenemos todo el derecho como ciudadanos, tendremos que empezar a responsabilizarnos en participar en esos documentos que son los presupuestos», explicó.
Pero la realidad que nos rodea es bien diferente y lejana a una política social real y de ella habló Jurado con ejemplos y con datos. En el contexto de crisis que vivimos, Jurado explicó que en los presupuestos de Hego Euskal Herria de 2009 «se ha reajustado el gasto público, quitando del gasto social, conteniendo los salarios y aprobando amplios ERE. ¿Para qué? para que los bancos sigan teniendo beneficios». Una banca, con los que se llevan tan bien los responsables del sector público, cuyo objetivo no es otro que maximizar sus beneficios económicos.
Como dice Elkartzen en su reflexión sobre estos últimos presupuestos, «se oculta la crisis del capitalismo como sistema hablando de desaceleración y malos años. Se exige al sector público que permita con nuevas legislaciones mayores cuotas de explotación de recursos humanos y naturales; que trasvase más dinero público a sus negocios privados, y que se le libere de impuestos y cargas sociales». Y añade, «el capitalismo está produciendo un proceso de empobrecimiento de amplios sectores, con el objetivo de aumentar beneficios. Y llegados al punto donde hemos llegado, la única opción hoy para seguir aumentando los beneficios es abaratar la mano de obra pagando menos, explotando cada día más la naturaleza».
PRECARIZACIÓN SOCIAL
Un modelo que trae una precariedad no sólo en el ámbito laboral, «sino a todos los niveles, pudiendo hablar así de una precarización social. Una precariedad que no es corregida ni de lejos por el sector público a través de los presupuestos, sino que lo agudiza», apunta Elkartzen en su reflexión. E incide en que «este sistema capitalista en crisis se sigue reproduciendo año tras año utilizando multiples instrumentos, como son los presupuestos públicos. Por lo que se puede decir que los presupuestos públicos son a día de hoy un instrumento de política económica a favor del capitalismo».
La plataforma explica que el capitalismo ejerce su poder a través de todas las instituciones públicas, «utiliza todos los instrumentos de política económica del sector público, como son la política fiscal, la política presupuestaria orientando el gasto social, y la regulación de mercados como serían el mercado laboral o el de la vivienda».
«Los presupuestos son el instrumento clave de política social y marcan los ejes de la actuación pública», señaló Jurado y respecto a los últimos presupuestos aprobados por Lakua afirmó que «ahondan en el desequilibrio social y responden a las necesidades del capital, no de la sociedad. Usan el pactismo político a espaldas de la verdadera democracia participativa».
La manipulación les es indispensable y necesaria para poder ejecutar sus operaciones. «Manipulan para aparentar no más», dijo Jurado. «Manipulan el gasto real de los gastos totales, el concepto de gasto social y la distancia real con los paises de la zona euro, de la que estamos cada día más alejados». Desde los grupos sociales llevan años analizando los presupuestos en clave social. Jurado señaló que cada vez que Idoia Zenarrutzabeitia ha indicado que los presupuestos son altamente sociales, este año con más del 72%, oculta más de un dato. Lakua ha organizado los presupuestos en base a 22.000 millones de euros en 2009. Pero, ¿qué hace Lakua con esos 22.000 millones, y de donde vienen? Jurado quiso exponer como ella dijo «unas pinceladas» para ver que «los presupuestos no son neutrales, marcan direcciones y premian unas acciones frente a otras».
Explicó que en el debate presupuestario sólo se debaten los gastos, y no los ingresos. Y justamente son los ingresos los que determinan el gasto posible a realizar. Para gastar hay que tener, y en este caso hay que recaudar mediante los ingresos. Y este debate no entra dentro de los presupuestos.
La obtención de ingresos, o la política fiscal, se lleva a cabo mediante diferentes impuestos. Y como dijo Jurado, «la actual política fiscal es de carácter regresivo» y no progresivo, «y profundiza en las desigualdades». Es decir que la norma general no es que el que más tiene paga más, están desligados de la renta. El 51,6% de la recaudación se obtienen mediante los impuesto indirectos, el IRPF, base de este impuesto, y el IVA.
Jurado denunció que la última reforma del IRPF ha beneficiado a las rentas altas. Además, las rentas del capital están quedando prácticamente exentas. Por ejemplo, el Impuesto de Sociedades ha bajado del 32,6% al 28%. Y aún mas, la definición de las pyme, pequeñas y medianas empresas, ha variado hasta los 200 trabajadores, con lo que muchas empresas se han sumado a dicha calificación y sus impuestos han bajado al 24%. Se podría decir pues, que la imposición directa es más dura en las rentas medias y bajas, y no en las altas. Y se podría decir también que hay una gran sumisión al empresariado vasco por parte del sector público. El beneficio de las empresas representa mas del 50% de la riqueza de Hego Euskal Herria. No obstante de cada 100 euros que se recaudarán en 2009 serán 13,1 los que provendrán de las empresas. Hablamos de privilegios a las rentas del capital y de las empresas.
El gasto fiscal es otro de los elementos ausentes del presupuesto que analizó Jurado, es decir, «ingresos que Hacienda puede conseguir pero se perdonan, las deducciones o las desgravaciones como las vacaciones fiscales». Y hablamos concretamente de 8.293 millones en la CAV un 33% del presupuesto total. La legislación obliga a que los gastos fiscales se reconozcan como gasto de presupuesto. En el caso de Lakua -no en el de Nafarroa- no costa. Por ejemplo se destinan 475 millones de euros a subvencionar los fondos de pensiones y de inversión en la CAV, planes a través de los cuáles las rentas medias y altas dejan de pagar en el IRPF. Se podría decir pues que estas operaciones favorecen a ciertos sectores de actividad, y muestra la paradoja de que «a la gente que le sobra dinero y puede ir al banco a contratar un fondo de pensiones recibe mucho más vía presupuestos que los que no tienen ni para comer». Y otros 447 millones se destinan a la desgravación de la vivienda. En este caso Jurado explicó cómo se apuesta por incentivar la propiedad, ya que a la desgravación del alquiler se destinan 39 millones.
El Cupo fue otra de las cuestiones debatidas, y otro aspecto no recogido en los presupuestos. El año pasado fueron 6.732 millones de euros, un 25% del total. Jurado dijo que este «tema clave» trae «un grave riesgo de bancarrota presupuestaria». El Cupo es la cantidad económica que paga la CAV al Estado español por las competencias no transferidas. Y concretamente la CAV tiene pactado el pago del 7,84% de todo el gasto en esas materias no transferidas que el Estado español realiza. En este sentido, «el Estado se está endeudando y está haciendo un gasto muy fuerte, y la CAV paga el 7,84%», dijo Jurado. Por ejemplo el caso del Tren de Alta Velocidad, el Estado español tiene entre construidas y proyectadas 10.000 kilómetros, de los cuáles el 7,84% del gasto lo pagaría la CAV.
OBJETIVOS DEMOCRÁTICOS
Con estos datos Jurado afirmó que el gasto social de Lakua se reduce al 31% de los presupuestos, no el 72%. Además Lakua incluye como gastos sociales cuestiones que no lo son, como la Ertzaintza. Y nos encontramos con cifras que comparadas con las antes mencionadas quedan realmente ridículas. Y es que Lakua destina 216 millones a Renta Básica; 34 millones (de 22.000, no lo olvidemos) a Ayudas de Emergencia Social; 204 millones a vivienda; 68 a la protección familiar, (cubre también los sueldos de los consejeros) y 18 a salud laboral.
Jurado quiso enumerar los objetivos que ha marcado la plataforma a favor de unos presupuestos participativos de Gasteiz, que reúne a 72 agentes, para democratizar la economía. El primero, sería erradicar la pobreza, cuestión a la que Lakua destina el 2,39% de su presupuesto. El segundo, el garantizar el derecho a una vivienda digna, al que destina el 1,94% del presupuesto. «Realmente la política en vivienda al margen de la propagandística es muy escasa», señaló. Y el tercero, el garantizar una protección suficiente a la familia, cuestión a la que se le destinan 68 millones de los 22.000.
«Nos es urgente desarrollar un conjunto de valores y principios alternativos», dijo. «Tenemos un objetivo claro para democratizar el proceso presupuestario reestructurando los ingresos y gastos, para promover la igualdad».
Antes de acabar, Nekane Jurado afirmó que «el primer paso es el conocimiento, el conocimiento nos hará libres».
Es el porcentaje del gasto total de las competencias no transferidas que realiza el Estado español que paga Hego Euskal Herria.