Primero Iñigo Urkullu insistió en la maniobra de la izquierda abertzale, capaz de aliarse con el PSOE e incluso con el PP, capaz de quedar fuera del Parlamento e ingresar en prisión, para perjudicar al PNV. El absurdo no había terminado. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, alardeó del «perfeccionamiento» de la forma de prohibir la representatividad parlamentaria de decenas de miles de vascos; sin embargo, negó la existencia de Guantánamo electoral alguno, y como prueba de ello mencionó el crecimiento de Aralar gracias a los votos de «un sector de la izquierda abertzale». Un análisis mínimamente riguroso de los resultados electorales del domingo demuestra que los votos de la izquierda abertzale que no se sumaron a D3M fueron a parar en su gran mayoría a la abstención. Pero el fiscal general español se suma a una tesis fruto del deseo más que del análisis. Al margen de premisas falsas, resulta significativo que el hombre que reconoció «haberse pasado» con ANV -pero se mostró orgulloso porque «coló»- intente legitimar de ese modo la ilegalización de opciones electorales por el supuesto cambio de voto de los votantes de esas opciones. Según el argumento de Conde-Pumpido, si los presos de Guantánamo abrazan la democracia estadounidense, ese centro de detención y tortura está justificado.