Ocho días después, Mikel Etxebarria, Patxi Agirre y Miguel Angel Lekue, responsables del sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria, Hiru, dieron por concluida la huelga de hambre al entender que han cumplido el objetivo de dar a conocer la denuncia y activar las adhesiones de la sociedad, de las centrales sindicales como ELA, LAB, STEE-EILAS y de los grupos políticos desde la izquierda abertzale, a EA y Aralar.

El motivo de la huelga de hambre fue presionar al Gobierno de Gasteiz para que el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia archive el expediente sancionador abierto contra esta central por «haber recomendado» a los transportistas un incremento de las tarifas para poder hacer frente al aumento del coste del combustible.

Etxebarria, Agirre y Lekue explicaron en la gasolinera de Lopidana donde han pasado los ocho días en huelga de hambre, que «hemos logrado llevar a la sociedad la grave situación por la que pasa el sindicato» ante la multa entre 500.000 y 10 millones de euros, lo que supondría la desaparición del sindicato. A partir de este momento, el sindicato de transportistas seguirá recogiendo adhesiones de la sociedad para obligar al Gobierno de Lakua a que evite esa sanción para que Hiru pueda seguir defendiendo a los transportistas autónomos contra la elevada precariedad laboral, la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo y por trabajar por un transporte en condiciones en Euskal Herria.

Lucha sindical

Los tres responsables de Hiru reconocieron ayer en Lopidana que «la lucha sindical» entre las diferentes centrales es la que puede garantizar que Hiru no desaparezca. En este sentido, agradecieron las muestras de solidaridad y llamaron a todos los ciudadanos a firmar el documento de protesta que exige de forma directa al Gobierno de Lakua que «archive inmediatamente el expediente sancionador abierto» y en adelante «trabaje para garantizar los derechos de los trabajadores vascos y de los sindicatos que los representan». El documento precisa que la decisión del Tribunal «sienta un precedente peligroso para restringir la libertad sindical».