El pasado año 2008, las rentas de los trabajadores incrementaron un 7% su tributación a las arcas de las haciendas públicas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Sin embargo, y en el mismo periodo, las empresas aportaron un 9,7% menos que en el ejercicio anterior. Este último y notable descenso se explica, en gran medida, por la reducción aplicada por las haciendas en el Impuesto de Sociedades (del 32,5% al 28%), lo que supuso para la patronal un jugoso ahorro de 342 millones de euros. Además del ahorro legal, está el ilegal: en 2008, el erario público recaudó 914 millones menos en concepto de IVA (un descenso del 11,8%), a pesar de que el consumo se incrementó un 1,1%. Sólo el evidente fraude pueder explicar tal desfase. Estas y otras cifras reveladoras fueron hechas públicas ayer por el sindicato ELA como soporte de una exigencia: la marcha atrás en las desmesuradas reducciones fiscales a las empresas.

En la delicada situación actual, la administración pública difícilmente puede permitir que las clases trabajadoras, las mismas que sufren el creciente y violento acoso de la crisis en forma de pérdida de poder adquisitivo y elevadas cotas de desempleo, sean las que sostengan el mayor peso tributario, mientras las empresas -al menos las que siguen ganando mucho dinero- y los grandes patrimonios se benefician de recortes en sus obligaciones tributarias. Es inmoral.