El proyecto de Gendulain se remonta a la anterior legislatura, cuando José Andrés Burguete (CDN) era consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. La situación económica en 2005 no tenía nada que ver con la de ahora, y la actividad constructora estaba en pleno auge. Fue entonces cuando un total de 42 empresas vinculadas a la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) crearon la sociedad Desarrollo Sostenible SL para comprar a los sucesores del Conde de Gendulain -familia Londaiz Mencos- más de tres millones de metros cuadrados de terreno rústico en las afueras de Iruñea, concretamente entre Zizur Nagusia y el puerto de Erreniega. Esta sociedad mercantil adquirió préstamos en Caja Navarra para poder pagar a los propietarios del terreno 112,5 millones de euros. Confiaban en que iban a construir allí unas 19.000 viviendas -75% de protección oficial y 25% libre-, lo que les reportaría unos beneficios multimillonarios. De hecho, se trataba de construir una urbanización para unas 50.000 personas, lo que la convertiría en el segundo núcleo más poblado de Nafarroa, duplicando en habitantes incluso a Tutera.

Una vez adquirido el terreno, Desarrollo Sostenible SL lo ofertó al Gobierno de Nafarroa, que lo valoró en 90 millones de euros. No obstante, en lugar de pagarlo en metálico, el Ejecutivo se comprometió a utilizar otra fórmula, consistente en ceder a las empresas constructoras los derechos de edificabilidad de Gendulain. En noviembre de 2008 la Cámara de Comptos advirtió que Gendulain representaba la mayor operación urbanística realizada jamás en Nafaroa, y la cifró en 4.000 millones de euros. Además, estimó que dejaría unos beneficios de 252 millones de euros, lo que venía a confirmar que en realidad se trataba de un «pelotazo urbanístico» de gran envergadura.

Naturalmente, la operación incluía la declaración como PSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) y la recalificación de los terrenos en un periodo de tres años, para pasarlos de rústicos a urbanos. De hecho, si el proceso se hubiera desarrollado conforme a lo previsto, en estos momentos ya se estaría construyendo la gran urbanización de Gendulain.

Un negocio privado que acaba en ruina

Sin embargo, la crisis económica ha paralizado por completo la construcción de esas 19.000 viviendas, ya que ninguna empresa quiere arriesgarse a construir en una época en la que la demanda ha caído en picado, provocando un descalabro inversor de grandes proporciones.

El problema ha surgido cuando las 42 empresas agrupadas en Desarrollo Sostenible SL han tenido que hacer frente al préstamo que les concedió Caja Navarra para poder comprar los terrenos a la familia Londaiz Mencos. Además, Gendulain es ahora propiedad del Gobierno, y las empresas se han quedado con unos derechos de edificabilidad que no tienen ningún valor si finalmente no se construye la urbanización.

En definitiva, lo que la Asociación de Constructores y Promotores veía hace tres años como una gran oportunidad para conseguir cuantiosos beneficios, hoy en día es una operación ruinosa. Es en esta situación cuando ha surgido la propuesta del PSN para que el Gobierno de Nafarroa adquiera a este grupo de empresas los derechos de edificabilidad, de forma que con ese dinero puedan devolver los préstamos solicitados hace tres años a Caja Navarra.

Esta propuesta ha sorprendido a todos los grupos del Parlamento salvo a UPN, que no ha visto con malos ojos la «solución» que plantea su socio político. De hecho, Miguel Sanz ha declarado que el Gobierno está dispuesto a pagar por esos derechos edificatorios unos 90 millones de euros, y que si esa cantidad no se cifra como deuda pública, podría abonarse desde cualquiera de las sociedades públicas de Nafarroa.

Curiosamente, cuando hace tres años el Gobierno de Nafarroa (UPN-CDN) apoyó esta operación urbanística, se encontró con el rechazo de todos los demás grupos. Y fue el PSN uno de los que se opuso a esta operación de forma más rotunda, lo que le costó un fuerte reproche por parte de UPN. «El rechazo del PSN al proyecto de construcción de vivienda en Gendulain supone un boicot a la iniciativa del Gobierno para seguir construyendo vivienda protegida y poder garantizar así el acceso de todos los navarros a una vivienda digna y a precio asequible», afirmaba la dirección de UPN en enero de 2007.

La pregunta que surge ahora es por qué en estos momentos es precisamente el PSN el partido que propone «salvar» a los empresarios de un «pelotazo» que ha resultado fallido. Y curiosamente la respuesta ha llegado de Juan Cruz Alli, portavoz del grupo que más apoyó aquella operación: «Hay interés en rescatar alguna empresa ahogada».

Alli no precisó más, pero quienes conocen los entresijos del mundo de la construcción en Nafarroa han entendido que se refiere a una empresa promotora vinculada a UGT, concretamente Plazaola. «Esta es una de las claves por las que el PSN tiene tanto empeño en que el Gobierno rescate a las empresas que se implicaron en el proyecto de Gendulain», explica Enrike Miranda, arquitecto y portavoz del grupo municipal Erreniega en el Ayuntamiento de la Cendea de Zizur.

A su juicio, la propuesta del PSN ha sido «la guinda del pastel, la gota que colma el vaso de la sinrazón del proyecto de Gendulain». El propio Enrike Miranda compareció a finales del año 2007 en una comisión del Parlamento navarro para exponer las «irregularidades» cometidas en la operación Gendulain y los riesgos que entrañaba un proyecto de esta envergadura.

«Los beneficios no los repartían»

El portavoz de Erreniega asistió a aquella comisión en compañía del abogado urbanista Pablo Ibáñez. «Aquel día ya advertimos de lo que podía pasar con esta operación, y luego la Cámara de Comptos elaboró un informe en el que nos dio la razón a todo lo que veníamos diciendo», recuerda este abogado.

Ibáñez constata que la operación Gendulain va a suponer la «ruina total» para algunas empresas, pero se muestra abiertamente contrario a que se les rescate con dinero público. «Es un negocio que les ha salido mal, pero también hay otras muchas empresas que se han arruinado en otros negocios. Lo que no se puede hacer es recurrir al Gobierno para que lo pague con dinero de todos. Eso supondría que, a partir de entonces, cualquier empresa que tuviera pérdidas en sus negocios pudiera recurrir al Gobierno para que se las pague. Además -agrega-, cuando esas mismas empresas han estado ganando dinero a espuertas, entonces no repartían sus beneficios».

En esta misma idea incide Miranda al advertir de que si el Gobierno de Nafarroa aporta fondos públicos para Gendulain, «igual tendría que hacerlo también en media comarca de Iruñea, donde hay más de 20 millones de metros cuadrados con opciones de compra o con compra real por parte de diversas empresas constructoras».

La alternativa que plantea el grupo municipal Erreniega es que, como el Gobierno no ha recalificado aún esos tres millones de metros cuadrados de Gendulain, los terrenos sean devueltos a sus anteriores dueños y éstos devuelvan el dinero cobrado por la venta. «Se trata -explica Miranda- de volver a la situación inicial, de la que nunca se debió salir. Es decir, que ese terreno siga siendo rústico, sin especuladores de por medio. Y si dentro de unos años es necesario ocupar parte de Gendulain para hacer desarrollo urbanístico en la comarca, que se haga en condiciones, y no como lo han hecho en esta operación».