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Chrysler y GM redoblan esfuerzos para convencer a la opinión pública de que merecen ayudas

A medida que se acerca la fecha del 31 de este mes, cuando el Departamento del Tesoro de EEUU decidirá si mantiene su apoyo a General Motors y Chrysler, los dos fabricantes se afanan en convencer al público que la bancarrota no es la solución.

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Tras conceder a General Motors y Chrysler 17.400 millones de dólares para evitar el cierre de sus factorías en Estados Unidos, Washington tiene que decidir si los planes de reestructuración que los dos fabricantes presentaron el pasado 17 de febrero garantizarán su supervivencia.

Si el Gobierno estadounidense decide que destinar más dinero a los dos fabricantes es una pérdida de tiempo y, sobre todo, de fondos públicos, hay muchas posibilidades de que GM y Chrysler se declaren en bancarrota, suspendan los pagos a sus acreedores e intenten que sus activos no sean liquidados. En Estados Unidos, son muchas las voces favorables a que el erario público deje de mantener a las dos empresas y prefieren que las leyes del mercado actúen con todas sus consecuencias.

En Canadá, donde GM y Chrysler también ha pedido miles de millones de dólares para mantener sus operaciones en el país, la mayoría de los ciudadanos se decanta por esa opción.

El futuro de las plantas de las filiales de GM en Europa depende también del recorrido que tenga el plan de reestructuración presentado. Opel tiene un peso específico en Alemania.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente estadounidense, Barak Obama, tratarán sobre el futuro de General Motors y su filial europea Opel durante un encuentro a principios de abril, según anunció un portavoz gubernamental germano.

El gobierno alemán ha reiterado en las últimas fechas que no decidirá sobre posibles ayudas económicas a Opel hasta que no se conozcan los detalles del plan de saneamiento que debe presentar General Motors.

El asesor empresarial Roland Berger ha recibido el encargo de General Motors Europa y Opel de coordinar la comunicación entre las distintas factorías del grupo en el viejo continente. Deberá también desarrollar un concepto para el rescate de la filial europea de General Motors y conseguir para el mismo el visto bueno del Gobierno alemán, además de buscar posibles inversores.

Realidades y miedos

La Fuerza Presidencial del Automóvil está supervisando en Estado Unidos Estados los planes de reestructuración del sector. Según reveló el presidente de Chrysler, Bob Nardelli, los representantes presidenciales no han excluido la posibilidad de dejar que la empresa se declare en bancarrota, pero su intención es preservar «los 40.000 o 50.000 puestos de trabajo que directos» que en Estados Unidos dependen de la tercera automotriz del país.

Igualmente, el presidente de GM, Rick Wagoner, aunque concedió por primera vez que la empresa se «podría» reestructurar incluso si se declara en bancarrota, a continuación dejó claro que hay muchas posibilidades de que esa opción termine por liquidar su compañía.

Wagoner también se refirió a la situación de las empresas de componentes a los fabricantes de automóviles en Norteamérica. Aseguró que su situación es «cada vez más precaria» ante la caída de la demanda de las automotrices.

El temor de Washington y, en menor medida, Ottawa, es que centenares de miles de personas se queden sin trabajo repentinamente si General Motors o Chrysler se ven obligados a cerrar sus plantas.

Una muestra minúscula de ese futuro es lo que está sucediendo en estos momentos en la localidad canadiense de Windsor, justo al otro lado de la frontera estadounidense frente a Detroit.

Dos fabricantes de componentes, Aradco y Aramco, que destinaban el 100% de su producción a Chrysler y propiedad de la estadounidense Catalina Precision Plants, anunció el cierre de sus instalaciones el pasado lunes. Cerca de un centenar de trabajadores fueron despedidos y sin indemnizaciones. En la actualidad, los empleados están encerrados en las instalaciones de Aradco y Aramco para evitar que Chrysler retire el equipo que había cedido para el estampado de metales.

Los trabajadores señalan que les adeudan 1,5 millones de dólares en indemnizaciones y pagas.

J.César RIVAS

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