La Eurocámara aprobó con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones el informe de la danesa Margrete Auken, de Los Verdes, que además de denunciar los excesos en la construcción, pide castigar al Estado español con la congelación de algunos de los fondos comunitarios que recibe.

El texto recuerda que el Parlamento de Estrasburgo, como autoridad presupuestaria, «puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa». PSOE y PP, que se abstuvieron y votaron en contra, respectivamente, indicaron que la concesión de los fondos no peligra, pero criticaron ese párrafo por considerarlo un «chantaje».

El informe de Auken es muy crítico con el urbanismo en el Estado español y considera que en este miembro de la Unión Europea (UE) se «ha generado una forma endémica de corrupción». Responsabiliza de la cuestión a todos los niveles de la Administración, por impulsar un modelo de «desarrollo insostenible», al tiempo que asegura que las autoridades judiciales han demostrado que «no están debidamente preparadas» para responder a los abusos.

Por eso, la Eurocámara exige medidas como la derogación de «todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» y la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado los criterios del derecho comunitario.

Los eurodiputados quieren también que se suspendan y revisen «todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto a la propiedad legítima de los bienes legalmente adquiridos».

Atendiendo a las cientos de quejas presentadas por ciudadanos europeos que compraron propiedades en el Estado español, Estrasburgo llama a las autoridades a velar por que ningún acto administrativo que obligue a ceder una propiedad se base en leyes adoptadas tras la construcción del inmueble.

Aurken resaltó el «desastroso impacto ambiental de muchos desarrollos urbanísticos masivos, en especial en costas e islas» y criticó las «acciones abusivas de muchos ayuntamientos y autoridades regionales sin escrúpulos».

Tras analizar al detalle el desarrollo urbanístico en el Estado español, otros dos informes similares ya fueron presentados ante el pleno en 2005 y 2007.