El hecho de que la Unión Europea está en crisis no es un secreto para nadie minimamente interesado en política internacional. Incluso aquellos que más que «euroescépticos» son «euroajenos», es decir, la mayoría de la población de los estados miembros de la Unión, saben que la construcción europea sufre en estos momentos una crisis política de gran calado. Crisis que tiene diferentes vertientes, que van desde la insuperable burocratización de las estructuras europeas hasta los problemas para poner en marcha el Tratado de Lisboa tras el no irlandés. Otra de las vertientes de esa crisis es el proceso de ampliación de la UE, que lleva años en stand by.

Es evidente que, al igual que toda la construcción de la estructura supraestatal europea, ese proceso de ampliación ha respondido siempre a los intereses de las grandes potencias europeas. Intereses geopolíticos y económicos que nada tienen que ver con los grandes principios culturales que recogen las pomposas declaraciones europeístas. Ahora, esas potencias, con Alemania y el Estado francés a la cabeza, piden que el proceso de ampliación se paralice indefinidamente y aducen que el «contexto macroeconómico de crisis» hace imposible garantizar que los candidatos cumplan las condiciones. El problema no es sólo económico, sino sobre todo político. Que no intenten engañar a nadie.