Una sentencia obliga a readmitir a 258 trabajadores de Babcock Borsig
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a Babcock Borsig a readmitir a 258 trabajadores, 247 de Galindo en Trapagaran y 11 de las oficinas de Madrid. La sentencia concluye que la resolución favorable al expediente de regulación de la Dirección General de Trabajo dependiente del ministerio español de 30 de julio de 2004 «no es ajustada a Derecho» y, en consecuencia, deniega la extinción de las relaciones laborales de 258 trabajadores.
GARA |
Las irregularidades en torno a decisiones de la empresa Babcock continuan después de dos privatizaciones que no terminan de sacar adelante a la empresa. GARA ha tenido acceso a la sentencia del 26 de marzo de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera en la que declara «no ajustada a Derecho» y «anula» la resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 30 de julio de 2004, que autorizaba el expediente de regulación de empleo para 258 trabajadores.
En consecuencia, la resolución atiende el recurso de un grupo de trabajadores, encabezado por Joaquín Luis Morrás Echevarría, del pasado 15 de febrero de 2005, y obliga a Babcock Borsig a readmitir a los 247 trabajadores de la planta de Galindo y a los 11 trabajadores del centro de trabajo de Madrid.
De forma textual, la sentencia indica que «no procede autorizar a la empresa Babcock Borsig España SA a extinguir las relaciones laborales de los 258 trabajadores». La sentencia, contra la que cabe un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, confirma la competencia y reconoce como válida la Propuesta de Resolución de fecha de 7 de julio de 2004, formulada por la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno de Gasteiz.
Sin plan de viabilidad
En la misma, se denegaba el expediente de regulación solicitado por los nuevos propietarios de Babcock Borsig, los austriacos de ATB, porque sólo recogía la extinción de los puestos de trabajo, pero no se concretaba el plan de viabilidad de la empresa, ni se ponía sobre la mesa los argumentos económicos para establecer que más de un tercio de la plantilla tendría que ir a la calle por dificultades económicas de la empresa de bienes de equipo. Estas irregularidades, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce al informe de Lakua, se intentaron corregir en los despachos en encuentros entre la dirección austriaca con responsables de la Sociedad Estatal de Participa- ciones Industriales (SEPI).
El alto tribunal confirma que el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales acepta la procedencia del expediente de regulación de empleo, «de una concreción y mejora del Plan de Competitividad que requiere de oficio a la empresa indebidamente en fase de resolución». Por lo que indica que, «eliminado por contrario a Derecho dicho requerimiento, el único Plan de Competitividad que puede tenerse en cuenta es el que la empresa presentó ante la Autoridad Laboral de la CAV, y ese plan era notoriamente insuficiente para garantizar la viabilidad de la empresa a juicio de aquella Autoridad Laboral».
Por esa razón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid «confirma la denegación del expediente», como propuso el Gobierno de Gasteiz, «porque era conforme a Derecho» y, en cambio, anula la resolución de Madrid, por lo que «no procede autorizar a la empresa Babcock Borsig España a extinguir las relaciones laborales de los 247 trabajadores de Galindo y los 11 del centro de trabajo de Madrid».
A comienzos de los 80, Babcock Wilcox tuvo una plantilla superior a los 5.000 trabajadores y en este momento no pasan de 400. A mediados de los años 90, incluso fue uno de los buques insignias de los bienes de equipo, junto a Mecánica de la Peña. Incluso se pensó en la fusión de ambas para crear un grupo vasco fuerte, pero Babcock pertenecía al sector público español y a las dificultades de convergencia a nivel productivo se unieron otras de carácter político. Sin embargo, un cambio de rumbo y una mala gestión empresarial sumieron a ambas en una crisis importante. Mecánica de la Peña desapareció y Babcock Borsig se encuentra sumida en privatización tras privatización, sin lograr recuperar el rumbo. La primera privatización se inició en 1997 y en 2000 se llegó a un acuerdo con la alemana Babcock Borsig Power, que se materializó en octubre de 2001, una vez que el Gobierno de Madrid y la Comisión Europea dieron el visto bueno. En junio de 2002, la alemana entró en un proceso de insolvencia en junio, lo que desató enormes críticas sobre la privatización. La segunda se inició el 22 de enero de 2004 con la firma de un contrato privado de compraventa de acciones por el precio de 100.000 euros por parte de ATB. El patrimonio de Babcock se calcula que supera los 70 millones de euros. Este contrato es más opaco y llevó a una nueva pérdida de empleo, que ahora se cuestiona por el Tribunal Superior de Madrid.
Para aprobar los expedientes, SEPI pactó con sindicalistas de CCOO, UGT y ELA condiciones diferentes al resto de la plantilla, es decir aceptaron el «soborno», según denunciaron otros miembros del comité.
