La condena a penas entre 20 y 25 años de prisión a ocho ex militares y policías responsables de 28 muertes cometidas en 1976 marca un hito en la revisión de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya.

La sentencia del juez penal Luis Charles es la primera condena en primera instancia dictada en Uruguay en un caso de violación de derechos humanos derivado de la represión dictatorial.

Los hechos se refieren a la desaparición y muerte de disidentes políticos uruguayos que se habían refugiado en Buenos Aires y que fueron eliminados allí o trasladados por la fuerza a Montevideo por efectivos militares y policiales que participaban en el Plan Cóndor, orquestada por las dictaduras sudamericanas.