Iñaki VIGOR

El día 10 de julio de 2001, el secretario general del entonces arzobispo Fernando Sebastián se presentó en el Registro de la Propiedad de Tafalla e inscribió a nombre de la Diócesis de Iruñea la iglesia de San Saturnino, que forma parte del llamado Cerco de Artaxoa. La cantidad que pagó por inmatricular este monumento histórico de 774 metros cuadrados, considerado uno de los ejemplos más destacados del influjo del arte gótico del Midi francés en Nafarroa, rondó los 30 euros.

Como en otros muchos casos similares, la única prueba que tuvo que aportar la Diócesis fue su palabra, es decir, asegurar ante el registrador que aquel templo era suyo, sin más.

Aquel mismo día, en plenos sanfermines, la Diócesis registró en la misma operación los siguientes bienes: la ermita de Katalain, la ermita de Santa Cecilia, en Garinoain, tres ermitas en Barasoain, una en Puiu y la basílica de la Virgen de Jerusalén, en Artaxoa. Sólo dos años después de aquella apropiación, el Gobierno de Nafarroa decidió iniciar la restauración del conjunto monumental de Artaxoa.

Los trabajos se han prolongado durante varios años y el Gobierno de Sanz ha aportado 3,8 millones de euros para las obras del que está considerado como uno de los conjuntos fortificados más importantes del Medievo en Nafarroa.

Monumento histórico

La iglesia de San Saturnino, que forma parte destacada de este conjunto defensivo, fue declarada monumento histórico artístico en el siglo XVIII. Eso significa que la Diócesis no se apropió sólo de un lugar de culto cristiano, sino de un bien al que las instituciones públicas le han reconocido sus valores. Esto no es ninguna excepción, ya que algo similar ocurrió con la Catedral de Tutera, que fue inscrita por la Diócesis a su nombre pese a que se trataba de un Monumento Nacional, tal como fue declarada en 1884, y de que el Gobierno de UPN-CDN había aportado 9,1 millones de las arcas públicas para su restauración.

La inauguración del conjunto monumental de Artaxoa tuvo lugar el domingo, con asistencia del propio Miguel Sanz y su consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas, entre otras autoridades civiles. En nombre de la Iglesia acudió el arzobispo de Iruñea, Francisco Pérez González, reconociendo y agradeciendo con su presencia la gran aportación de dinero público para un monumento que aquel 10 de julio de 2001 pasó a manos privadas.

«Un agravio comparativo»

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro entiende que, mediante este sistema, la Diócesis «se reserva el derecho de propiedad, el dominio, la explotación turística y otros beneficios que puedan resultar», y resume esta interacción Iglesia-Gobierno con una frase ilustrativa: «Yo me lo quedo y tú me lo pagas».

A juicio de la Plataforma, este método de adueñarse del patrimonio navarro y gestionarlo es «un disparate y un agravio comparativo».

«En primer lugar, antes de inmatricular, la Diócesis debería demostrar que esos bienes son suyos, como hace todo el mundo que pretende inscribir un bien en el Registro de la Propiedad. En segundo lugar -añade- si fuesen suyos, debería mantenerlos, como hacen todos los vecinos con sus propiedades. Y si no los mantuviera, se podría declarar expediente de ruina y obrar en consecuencia».

En el caso de que sea el Gobierno de Nafarroa quien asuma el costo de las obras de restauración de estos bienes mo- numentales, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro considera que «se deberían negociar medidas compensatorias para los navarros», de modo que «garanticen el uso público, la gratuidad, el condominio o el trasvase del bien a las instituciones navarras».